LA LEY DEL Péndulo está cerca de completarse en el caso Cruz Azul: los verdugos de Guillermo Álvarez Cuevas ahora son señalados por los mismos delitos y podrían pasar al banquillo de los acusados.
Este es uno de los casos que venía trabajando Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que seguramente retomará Pablo Gómez, por las diferentes aristas políticas y de grupos que tiene.
Y es que a los actuales administradores de la cementera les están imputando delitos prácticamente similares a los de “Billy” Álvarez, con daños para las finanzas de la cooperativa.
Las pesquisas del defenestrado funcionario habían indentificado que tan solo de agosto a septiembre de 2020, los quebrantos para los socios cooperativistas ascendían a los 300 millones de pesos.
Nieto estaba tras los pasos ya de José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, la disidencia de la administración de “Billy” que asumió las riendas de la Cruz Azul a mediados del año pasado.
Los sabuesos de la UIF siguen la ruta del dinero que se sustrajo de la cementera mediante más de 40 diferentes facturas. Estos documentos fueron emitidos por 26 razones sociales diferentes.
Hablamos desde despachos de abogados, hasta empresas de seguridad privada y constructoras, pasando por compañías inmobiliarias y empresas de comunicación y producción de contenidos.
Destaca el caso por ejemplo de los 168 millones 140 mil 260 pesos entregados en menos de un mes al despacho García González y Barradas Abogados.
El pago fue por concepto de Servicios Profesionales de Asesoría Legal, a través de la razón social GGYB Abogados SC con Registro Federal de Contribuyentes GAB200303188.
La millonaria cantidad se justificó mediante cuatro facturas emitidas como gastos en general a nombre de Cooperativa La Cruz Azul SCL, con RFC CCA950819.
El 18 de agosto de 2020 por 76.7 millones de pesos, el 21 de agosto por 51.4 millones, el 25 de agosto por 9.1 millones y el 11 de septiembre por 30.1 millones de pesos.
Las cifras de esta onerosa asesoría jurídica contrastan con las que esa administración de la cementera manejó en los mismos periodos con otros dos despachos de abogados, como Anzures Téllez y Asociados SC, a la que se liquidaron 28.7 millones de pesos, y José Antonio García Alcocer y Asociados SC, que recibió 14.4 millones.
GGYB Abogados SC también está involucrado en el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla, donde defiende los intereses del gobierno de Luis Miguel Barbosa.
Asimismo en el caso de la firma Álvarez Puga y Asociados, donde es defensor de Víctor Manuel Álvarez Puga, y en en el que ha sido señalado por cobrar una cantidad muy parecida a la de Cruz Azul.
En el pasado a Billy Álvarez se le había denunciado por utilizar recursos de la cooperativa, por montos de hasta 130 millones de pesos mensuales, para contratar asesorías legales.
Pues la nueva administración salió corregida y aumentada, asunto que tienen muy claro ya en Palacio Nacional, de ahí que éste sea otro expediente que ni mandado hacer para Pablo Gómez.
Los pilotos agrupados en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores están empinando a Aeromar, con la que tienen contrato colectivo. Y es que mientras negocian con el goberno federal condiciones especiales que les permitan invertir en la aerolínea para hacerla viable, la emplazan a huelga y lo anuncian, con lo cual la venta de boletos se viene abajo, apretando aún más la de por si presionada economía de la empresa. Es cosa de preguntarles a los tripulantes qué es lo que quieren, porque aunque parece que hay voluntad política en la 4T para allanarles el camino, tampoco va a estar fácil que salga adelante con los adeudos que mantiene con el SAT y proveedores, en medio de una negociación tortuosa y con la amenaza de la huelga enfrente. Zvi Katz aún no dice que sí, fundamental porque aunque tiene problemas, su anuencia es indispensable para convertirla en la Aerolínea del Bienestar.
Pedro haces y su Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) quisieron tomar control de los sindicatos que operan la contrataciones de la refinería de Dos Bocas. El operador sindical de Ricardo Monreal quiso meterse en el sureste, no solo llevando mano en el Tren Maya, sino también en la obra emblemática de la 4T. La alianza de Rocío Nahle y Adán Augusto López tuvo que poner el pie fuerte y sacar al senador sustituto de Morena de patitas de Tabasco. El conflicto sindical se resolvió en unos días pero quedó claro que la lucha por los espacios al 2024 ya empezó. Lo que extraña en el círculo cercano al Palacio de Cobián es quién y por qué quiere mover las aguas en Tabasco. Se ve extraño que el FAT (Frente Auténtico del Trabajo), una organización sindical cercana a Arturo Alcalde y la diputada de morenista Susana Prieto, estén moviendo las aguas sindicales en el sureste.
Ayer fue vinculado a proceso por el delito de ataques a las vías de comunicación Paulo Diez Gargari, en agravio de la Aléatica y su empresa filial Viaducto Bicentenario. El abogado anunció públicamente que el 30 de septiembre de 2020 invadiría esa obra. Provocó al público a cometer un delito por el que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó audiencia de imputación en su contra, la cual quedó suatentada en datos de prueba pertinentes y obtenidos legalmente. Se mantienen las medidas cautelares fijadas anteriormente a Diez, quien deberá asistir a firmar mensualmente al juzgado.
Hace unos días el presidente ejecutivo del Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Aldir, adquirió una participación en el banco Texas State Bankshares, el cual cuenta con presencia en las ciudades de Houston, Dallas y Brownsville. El ingreso al sistema bancario de Estados Unidos y el conocimiento adquirido del mercado mexicano, seguramente llevará a Vázquez Aldir a ser parte del Consejo de Administración. Hay que recordar que Banco Multiva y sus ramificaciones son parte de Grupo Empresarial Ángeles.
Desde el primer día que regresó a México, Emilio Lozoya Austin buscó volver a hacer negocios. Al ex director de Pemex le urgía hacer uno grande para, llegado el momento como ayer, tener suficiente dinero para hacerle a la 4T un ofrecimiento de reparación de daño. Un negocio que vislumbró y trató de obtener echando mano de sus viejos amigos, estaba vinculado a la planta de etano que abastecerá a Etileno XXI. Lozoya a través de terceros pretendió lanzar una oferta no solicitada a Pemex. Sin embargo el negocio no logró cuajar.