En una reciente reunión entre la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, la secretaria de la Contraloría, Reyna Arceo, y el director del programa World Justice Project (WJP), Alejandro González Arreola, se delinearon las metas y objetivos para situar a Quintana Roo en los primeros puestos de los indicadores relacionados con el Índice de Estado de Derecho.
La gobernadora destacó la inconcebible herencia de rezagos y reafirmó su compromiso para mejorar la calidad en materia de transparencia y rendición de cuentas. Además, señaló el arduo trabajo de su gobierno, operando a un ritmo constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para eliminar los obstáculos que previamente habían frenado el avance en el Estado de Derecho.
Durante la reunión, Lezama recordó sus acciones previas, incluyendo su gestión como presidenta municipal de Benito Juárez, donde implementó diversas iniciativas en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, como Ciudadanos por la Transparencia, dentro del marco de la Glosa Ciudadana.
«Estoy profundamente comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas en un gobierno abierto. Lo que no se mide no sirve, y por ello estoy convencida de la importancia de medir todas nuestras acciones para llevar a Quintana Roo a los primeros puestos en materia de Estado de Derecho. Sé que este cambio no será inmediato, requiere de múltiples medidas y trabajo en equipo las 24 horas del día, los 7 días de la semana», expresó la Jefa del Ejecutivo.
Lezama destacó la importancia de que Quintana Roo, un estado que contribuye significativamente a la Federación y que cuenta con 11 municipios y 12 destinos turísticos, merece ocupar un lugar destacado en materia de Estado de Derecho. Además, resaltó los logros recientes, como la adhesión de los 11 municipios a la Declaratoria de Municipios Anticorrupción y la implementación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
World Justice Project evalúa diversos factores que incluyen la delimitación del poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la apertura gubernamental, el respeto a los derechos fundamentales, el mantenimiento del orden y la seguridad, el cumplimiento regulatorio, y la administración de justicia civil y penal.
Quintana Roo actualmente se ubica en el octavo lugar a nivel nacional en el índice de Gobierno Abierto y Transparencia, gracias al trabajo conjunto entre la sociedad civil y el gobierno desde el inicio de la administración.
Como parte de los acuerdos a corto plazo, se estableció la creación de mesas de compromiso integradas por diversas dependencias y entidades gubernamentales clave, con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho en Quintana Roo.
En el evento estuvieron presentes Cynthia Dehesa Guzmán, Directora de Ciudadanos por la Transparencia; la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; el secretario de Seguridad Ciudadana, Contraalmirante Julio César Gómez Torres; Magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; el fiscal General del Estado, Raciel López Salazar y el secretario particular, Ángel Rivero Palomo.