Entre los personajes que habrían recibido sobornos de Emilio Lozoya para aprobar la Reforma Energética, el único que al parecer tiene una puerta de salida en el cada vez más enredado escándalo político es el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa.
El voto en contra que emitió durante la aprobación de la Reforma Energética le otorga la posibilidad de sacudirse los señalamientos. Además de que, raudo y veloz, puso en marcha una estrategia de contención que incluyó mensajes directos a los celulares de millones de poblanos.
Desde el pasado miércoles, y a través de mensajería instantánea, el gobierno del estado de Puebla comenzó el envío masivo del video titulado ‘Barbosa votó en contra de la Reforma Energética: Checa el video que lo prueba. NO te dejes engañar’.
Al mismo tiempo puso a trabajar una pauta publicitaria gubernamental que alcanza los 19.8 millones de pesos; es decir, el 25% del presupuesto total de la Coordinación de Comunicación y Agenda Digital del estado. Todo destinado a ocho empresas que prestan servicios de comunicación y que se encargan ahora de administrar la crisis.
La tarea no parece sencilla, pues abundan en la memoria de las redes sociales diversas declaraciones del propio Barbosa en las que, si bien se manifestó en aquellos tiempos como un opositor a los cambios contemplados en el sector energético, planteó también al peñismo su compromiso para no bloquear las modificaciones legales.
“Su petición consistía en trasladar a su hermano, trabajador de Pemex, de una Terminal de Almacenamiento en Guerrero a las oficinas centrales en la Ciudad de México. A cambio de esto, el senador Barbosa no armaría una revuelta por parte del PRD para la aprobación de la Reforma Energética”, decía Lozoya en su primera declaración. Parece que Barbosa cumplió.
También circulan evidencias gráficas del multicitado viaje de Estado a Inglaterra, en el que el entonces senador perredista habría agradecido al exdirector de Pemex por los favores recibidos, esto en medio de una cena de gala y con presencia de la familia real.
Pero el mayor problema para Miguel Barbosa se encuentra en Palacio Nacional, donde no sólo están convencidos de su culpabilidad, sino que también tienen claridad de que su ejercicio de gobierno no le hace nada bien al Morenismo, sobre todo cuando se vivirá en el 2021 la elección más grande de la historia.
Ya no son pocas las voces que aseguran que en el estado de Puebla podría haber pronto un cambio de gobierno, probablemente en los primeros meses del siguiente año y bajo el argumento de un gran deterioro en la salud del mandatario estatal.
La posibilidad tomó incluso más fuerza durante la última semana, pues la desaparición de Barbosa en una segunda declaración de Lozoya Austin no se observa ya como una absolución, sino como una salida digna a un personaje que estaría próximo a dejar sus funciones.
En este sentido, otro par de gobernadores tendría, como dice el dicho, que poner sus barbas a remojar, ya que la 4T no ve con buenos ojos que administraciones como las de Veracruz y Morelos tengan una aceptación tan baja entre sus gobernados.
LOS TRABAJADORES DE la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, expresan su temor de que la empresa suspenda sus operaciones en México, ante la insistencia de que la compañía deba pagar 2 millones de dólares por concepto de ‘gastos de huelga’, como lo han externado los representantes del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, que mantienen un paro desde el 26 de enero. Para el 14 de agosto está fijada la primera audiencia en la disputa del contrato colectivo de trabajo en esa mina, con el fin de destrabar el conflicto laboral que la mantiene inactiva desde principios de año. Se espera que, si todo sale bien, para el 24 de agosto se realice el recuento para que los obreros voten en favor de la organización a la que desean pertenecer, entre el Sindicato Nacional Minero-Metalúrgico Frente, encabezado por el diputado Carlos Pavón Campos y el Sindicato Minero Nacional, del senador Napito, lo que avizora un choque de trenes. La mina, propiedad de la canadiense Americas Gold and Silver Corporation, con sede en Toronto, y cuyo CEO es Darren Blasutti, fue inaugurada en octubre de 2016 con una inversión de 450 millones de pesos y en seis años espera extraer un millón de onzas de plata, 50 millones de libras de zinc y 20 millones de plomo.
QUE SEA ESTATAL o esté cooptada por intereses privados la Administradora Portuaria Integral (API) de Veracruz no es el punto. El fondo es que Andrés Manuel López Obrador va desaparecer esas figuras que se crearon hace cinco sexenios. La empresa que hasta enero dirigía Juan Ignacio Fernández Carvajal, hermano del presidente de FEMSA, José Antonio Fernández Carvajal, tiene toda su estructura en regla. Atrás de la narrativa del tabasqueño está sentar un precedente para anularles al resto de las API el periodo vigencia de su concesión, como lo exige el nuevo modelo portuario que está implantando la 4T. La encomienda de la flamante Coordinadora de Puertos, Rosa Icela Rodríguez, es convertir los puertos en una entidad administrativa menor, dependiente de la Secretaría de la Marina, que comanda José Rafael Ojeda Durán, cuya prioridad será la detección y control de drogas y sustancias prohibidas, que el comercio internacional lícito. El gran riesgo que se corre es la afectación del flujo de automóviles, acero, cemento, metales, fertilizantes y alimentos como garbanzo, harina de pescado, puré de mango, etcétera.
EL REVÉS QUE la Primera Sala de la Corte dio a Germán Larrea el miércoles, no es nada menor para el acaudalado empresario. No es un asunto de 65 millones de dólares como equivocadamente escribimos. Sí son 65 millones, pero de acciones del Grupo México que están en juego en esta disputa con el fondo inglés Infund. Esa tenencia puede llegar a valer 2 mil millones de dólares. Por eso cobra relevancia el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández y que fue votado por unanimidad por el resto de los ministrios, léase Margarita Ríos-Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. La justicia no amparó ni protegió a Larrea, perdió en la Corte, pero el expediente se regresó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para que se pronuncie sobre los temas de legalidad de la demanda de amparo. Los magistrados que lo componen son Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Sofía Verónica Ávalos Díaz y Paula María García Villegas Sánchez Cordero, esta última hija de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.