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jueves, septiembre 23, 2021
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    OpiniónAhora Unops vs Insabi: Darío Celis

    Ahora Unops vs Insabi: Darío Celis

    Opinión

    La Cuarta Transformación

    La fallida compra de medicamentos no solo derivó en un desabasto, sino que en una de ésas y el gobierno de la 4T termina hasta en una controversia con otra instancia internacional.

    Y es que es tal el desconocimiento, inexperiencia y hasta apatía del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (Unops) les puede endosar la culpa.

    El 13 de febrero de 2019 las secretarías de Salud y Hacienda, encabezadas por Carlos Urzúa, entonces, y Jorge Alcocer, suscribieron el acuerdo marco con el cual la Unops ofrecía su asistencia.

    Un par de esas “asistencias” serían la compra de pipas para mitigar el desabasto de gasolinas y la compra consolidada de medicamentos. Ambas fueron un rotundo fracaso y están en la total opacidad.

    El 17 de octubre de 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio de esa compra consolidada, pero ya no coordinada por el IMSS, encargado de ellas desde 2007.

    “Como parte de su política de ahorro, austeridad y de combate a la corrupción, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, en coordinación con el sector salud, implementan un sistema de contrataciones consolidadas basado en las mejores prácticas internacionales”, decían, orgullosos, la Unops, la Secretaría de Salud y el Insabi.

    En el Artículo I de dicho contrato se establece que la Unops brindará al Insabi, que dirige Juan Antonio Ferrer, un antropólogo de profesión, paisano del presidente y de nula experiencia en el sector público y en el rubro de la salud, la asistencia en la compra.

    En el Artículo II del contrato queda claro que la Unops ejecutará, “con la debida diligencia y eficiencia”, el proyecto de implementación, así como “las acciones que garanticen la transparencia, eficiencia, eficacia y mejor valor del dinero en las adquisiciones antes mencionadas”.

    El Artículo III es importante, porque se refiere a los costos de recuperación, que es el esquema con el que trabaja la Unops, en función de que no persigue ningún lucro en el desarrollo de sus actividades.

    El costo de recuperación de este proyecto, que estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Insabi, incluye los costos directos e indirectos de recuperación a favor de la Unops por las actividades que realizará en su ejecución.

    “En caso de que por cualquier causa o razón independiente de la voluntad de la Unops el proyecto de implementación en su conjunto o uno de sus componentes tenga que interrumpir sus actividades operativas o suspenderse y/o cancelarse, la Unops recuperará con cargo al presupuesto mencionado los eventuales costos incurridos para cumplir con los compromisos ya adquiridos con terceros, para realizar las operaciones de cierre ordenado y cubrir demás contingencias”.

    El acuerdo firmado entre el Insabi y la Unops fue para el periodo 2021-2024 y el compromiso acordado es de aproximadamente mil 500 millones de dólares por año, de manera que el total de compras sería de unos seis mil millones de dólares para los próximos cuatro años.

    Por ese concepto la Unops, que dirige aquí Fernando Cotrim, cobraría un total cercano a los 109 millones de dólares, de los que casi 450 mil dólares habrían cobrado el año pasado.

    Si nos apegamos a la proyección original, el gobierno federal tendría que pagarles poco más de 27 millones de dólares anuales. A ese monto agregue 36 millones de dólares adicionales por el “desarrollo de capacidades”, un rubro que se contempla en el contrato.

    Pero este año la Unops apenas logró colocar 40% del total de las claves que establecía el contrato. El Insabi fue incapaz de dotarlos de las herramientas y acompañarlo en el proceso, lo cual puede ser argumento de defensa.

    Peor aún: el Insabi ya le quitó a la Unops el liderazgo del proyecto y se lo regresó al IMSS, que dirige Zoé Robledo. A menos que haya sido por mutuo acuerdo, porque si no el gobierno de la 4T habría violado el convenio.

    Por donde se vea, parece que el Insabi está en el peor de los mundos: con la población que no tiene medicinas y con la Unops que de consultor puede pasar a acreedor.

    Otro ejemplo del desorden que caracteriza al gobierno, es el desplazamiento de que fue objeto Talos Energy en el proyecto de Zama. Nuevamente la 4T pasa por encima de los derechos de un privado, en su afán de beneficiar a la empresa del Estado: Pemex. Sin embargo esa decisión de arrebatarle a una empresa la operación del megayacimiento que está frente a las costas de Tabasco, no fue cosa ni de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, ni del director de la petrolera, Octavio Romero. La orden vino directamente de Andrés Manuel López Obrador, que con éste suma otro desprecio a la inversión estadounidense, en momentos que, dice, convencerá a congresistas como el republicano Brian Badin, principal opositor a la compra de la refinería Deer Park.

    ¿Quiere otra?, EL madruguete al sector privado con los cambios a las reglas de comercio exterior. El gobierno ya no va renovar los permisos para importar petrolíferos, hidrocarburos y petroquímicos, entre otros bienes, que se venían haciendo bajo la figura de LDAs (Lugar Distinto al Autorizado). El año pasado se otorgaron 99 permisos de comercialización y al 31 de diciembre de 2020 estaban vigentes 690. En mayo pasado se cancelaron 168. Dos vigentes hasta ahora muy importantes son los de Hidrosur, de William y Paul Karam en Progreso, Yucatán, y el de IEnova, que preside Carlos Ruiz Sacristán, en Veracruz. Para los nuevos permisos el gobierno estableció otra figura que es la autorización para importar por “ductos y otros medios”. Lo que este esquema no permite es usar la autorización como una forma para diferir impuestos.

    Quien se ganó una estrellita es el director del Aeropuerto Internacional de la CDMX, Jesús Rosano. Y es que finalmente resolvió todas las controversias y diferencias que tenía con la empresa Dufry, y de la cual recibieron una cantidad superior a los 500 millones de pesos por adeudos de rentas vencidas que la compañía de venta de artículos libres de impuestos tenía con esa terminal aérea. Se firmaron convenios benéficos para ambas partes y ampliaron la vigencia de los contratos de arrendamiento de los espacios comerciales por cuatro años más. Sin duda una buena noticia tanto para Dufry como para el aeropuerto, ya que contará por varios años más con tiendas de una de las empresas líderes del sector con presencia en los aeropuertos más importantes del mundo.

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