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sábado, septiembre 25, 2021
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    OpiniónTras pilotos van sobrecargos por 'claim' de Aeroméxico: Darío Celis

    Tras pilotos van sobrecargos por ‘claim’ de Aeroméxico: Darío Celis

    Opinión

    La Cuarta Transformación

    Los sobrecargos de Aeroméxico también recurrirán a la venta de su nota de acreedor (claim) que obtuvieron en la negociación de su contrato como parte de la reestructura financiera de la compañía.

    El secretario general de la Asociación de Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), Ricardo del Valle, ya lo anunció hace unos días. El objetivo es monetizar cerca de 126.7 millones de dólares.

    Estamos hablando del derecho de acreedor sobre Aerómexico, porque otros 7.3 milones de dólares corresponden a los sobrecargos de Connect, cuyo contrato tiene el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica (STIA), que lidera Ramón Gámez.

    ASSA, como la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (Aspa), que encabeza Rafael Díaz Covarrubias, recurrirá a la venta de su “claim” dentro del proceso de reestrucrtura en el Capítulo XI de la Ley de Quiebras.

    Recordará que los pilotos tenían un derecho que se valoró a finales de 2020 en 316 millones de dólares, del que tomaron los 268 millones de Aeroméxico y dejaron intocados los 48.4 millones de Aerolitoral.

    Barclays, que lleva Raúl Martínez-Ostos, lo adquirió y después lo revendió a un tercero domiciliado en Luxemburgo. La venta del “claim” fue posible gracias al Convenio de Protección dentro de la Ley de Bancarrota.

    Ese convenio lo consiguió Aspa como parte del comité adhoc de acreedores de la compañía que dirige Andrés Conesa y que tiene como principales accionistas a Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo.

    A ese mismo acuerdo se están subiendo ahora los sobrecargos y también los trabajadores de tierra del Sindicato Independencia, que capitanea Tomás del Toro, con un “claim” de 67 millones de dólares.

    Aunque ni ASSA ni Independencia firmaron los convenios por no ser acreedores reconocidos, se cree que la Corte de Nueva York sí podría extender sus beneficios a ambos sindicatos.

    Los pilotos cobraron alrededor de 68 millones de dólares, algo así como 25 centavos de dólar. La pregunta es ¿cuánto recibirán sobrecargos y trabajadores de tierra?

    Las condiciones en que se venda dependerán del apetito del mercado, que en estas semanas se ha deteriorado por la presencia de la variante Delta del virus Covid-19.

    Si bien no se esperan cierres de países, las aerolíneas se preparan para disminuir frecuencias, lo que deteriora las posibilidades de que las acciones, obligaciones y “claims” se negocien favorablemente.

    Tómelo con reservas, pero un expediente que estaría creciendo como bola de nieve para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sería con el grupo de bondholders internacionales con los que acordó liquidarles los bonos que compraron del frustrado aeropuerto de Texcoco. La negociación que hizo el saliente secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue que se pagarían los 4 mil 200 millones de dólares restantes en los próximos 20 años, a razón de 200 millones de aquí al 2024. El gobierno de la 4T no ha querido informar y transparentar ese contrato y existen dudas de que esté al corriente. Algunos fondos afectados son BlackRock, Schroders, Vanguard, Manulife, Prudential, UBS, Goldman Sachs, Provida y Moneda, principalmente, asesorados por el bufete inglés Hogan Lovells, que comanda aquí Juan Francisco Torres Landa.

    La venta de Kio Networks, que dirige Sergio Rosengaus, entró a la etapa más álgida: la del jaloneo para fijar precio final. En esta fase ya la negociación es solo con un tirador. Le informé en su momento que el finalista es el fondo iSquared Capital, que representan aquí Víctor Sosa y Felipe de la Guardia. El proceso de venta lo lidera Goldman Sachs, que comanda Manuel Camacho Velasco. La socia mayoritaria, María Asunción Aramburuzabala, pretendía mil millones de dólares, pero la cifra ha venido bajando porque muchos contratos del gobierno ya no se los renovó Andrés Manuel López Obrador. El cierre, si es que se da, andaría por los 600 millones. La empresaria trata de alcanzar 700 millones.

    También le decía que la venta del 51% de Prosa andaría en 600 millones de dólares. Bank of America, que maneja Emilio Romano, es el agente de los bancos accionistas, léase Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Invex y Banjército. La transacción va todavía para largo. Se calcula que pudiera llevar mucho más de seis meses. Hasta ahora el más interesado es Visa, que dirige Luz Adriana Ramírez, que incursionaría en nuevas líneas que MasterCard ya tiene porque desarrolló localmente. También la data y cartera de unos 16 millones de clientes de Carnet se ve como un activo interesante, porque es un actor dominante en un nicho en el que Visa no juega mucho: el de los monederos electrónicos y vales.

    La presentación del tercer paquete de infraestructura que nos vienen anunciando desde hace medio año… tendrá que esperar todavía más. En la última semana Andrés Manuel López Obrador y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, dijeron que ya viene, junto con inversiones por unos 70 mil millones de pesos. Pero la realidad es que se quedó atorado en la tubería burocrática de la 4T porque Rogelio Ramírez de la O lo detuvo. El flamante secretario de Hacienda frenó de tajo al subsecretario de Infraestructura, Jorge Nuño, quien ya lo tenía prácticamente listo. Ramírez de la O lo está revisando con lupa.

    Esta semana los beneficiarios del fideicomiso del penal de Oaxaca que tiene en administración GIA+A, sabrán cuándo es su asamblea. Representados por Monex, de Héctor Lagos Dondé, requieren dar su consentimiento para modificar el contrato de prestación de servicios que Hipólito Gerard acordó con el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, para ajustar a la baja 15% la contraprestación anual que cobran al gobierno federal. En esa misma tesitura están los inversionistas que tomaron el papel emitido por BlackRock, que capitanea Sergio Méndez, para el caso del reclusorio federal de Coahuila.

    Como se esperaba, las escuelas particulares rechazaron el proyecto de NOM-237-SE-2020 que publicó la semana pasada la Secretaría de Economía. De entrada cuestionan que sea la dependencia de Tatiana Clouthier la que meta la mano, pues desde 1992 los servicios educativos son regulados por la SEP, a cargo ahora de Delfina Gómez. Otro punto que censuran es que se aborde con un enfoque comercial y mercantil, no educativo. Las federaciones de escuelas particulares de la CDMX, Morelos, Colima, León, Hidalgo, Sonora, Tamaulipas, Querétaro y Toluca, amén de personas morales, son de los que ya cortaron lanzas.

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