México conocerá en dos semanas el texto final de la negociación sobre el T-MEC entre la Casa Blanca y los demócratas que encabeza Nancy Pelosi.
Muchos textos ya están en el escritorio del equipo de negociadores de la 4T que encabeza Jesús Seade, mismo que opina que son “entre aceptables y muy buenos”.
Al principio entre la gente de Robert Lighthizer y una decena de legisladores demócratas, había varios cientos de demandas de cambio al texto original, pero eso prácticamente está resuelto.
Sólo hay un pequeño grupo que insiste en supervisar el cumplimiento de la democracia sindical y transparencia económica en las empresas exportadoras mexicanas.
Pero ese fantasma de las empresas certificadoras o el vehículo supervisor supranacional ‘casi está desterrado’, porque desde el principio fue inaceptable para nuestro país.
México se comprometió a una reforma laboral que garantizara los derechos de los trabajadores, pero nunca apareció la obligación de cambiar las reglas para el outsourcing, de permitirlo o prohibirlo.
En la 4T están consciente que vivimos una economía de especialidades y tenemos que concertar entre los actores políticos del país una Ley Laboral donde seamos más fuertes y competitivos.
Por eso la tercerización o outsourcing debe comprenderse como un componente vital para la buena operación de las empresas, sobre todo de las grandes empresas globalizadas.
Una empresa automotriz terceriza hacer los vidrios, el asiento y el resto de las autopartes. Nadie es bueno en todo. La economía mundial es de integración de partes y procesos.
Servicios de administración, fiscal, contaduría, estudios económicos, financieros, desarrollo de tecnología, call center, seguridad, limpieza se tercerizan en el mundo.
México no puede sustraerse y el outsourcing debe defenderse por sus méritos propios. La ley debe ser un marco de respeto de derechos y de la actividad económica.
En las dos semanas que restan de jaloneos en el Congreso estadounidense el equipo mexicano está muy atento de indicarle a la administración Trump cuáles son los temas que están en la línea roja.
Y Lighthizer se convertirá en el principal soporte para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Qué cosas.
ALFONSO ROMO SUMÓ otro revés más en el gobierno de la Cuarta Transformación. Ahora fue ante el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien le quitó ya la bandera del programa de infraestructura que tal vez se presente este mes. Fue el jefe de la Oficina de la Presidencia quien creó un grupo de trabajo que evaluó en las últimas semanas alrededor de mil 600 proyectos, mismo en el que estuvieron activamente participando el dueño de Carso, Carlos Slim; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín; y el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena. Pero en las tres últimas semanas Herrera tomó la posición de liderazgo en la comisión intersecretarial en la que participan los titulares de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; Energía, Rocío Nahle; y Economía, Graciela Márquez. El plan de infraestructura está entrando en un terreno farragoso y corre el riesgo de ralentizarse con la intervención de Hacienda. Las fórmulas de financiamiento y la manera en que intervendrá el capital privado es lo que todavía no se termina de aterrizar. El capital político de Romo fue insuficiente para destrabar rápido este nudo burocrático.
EN LA FISCALÍA General de la República les urge que Santiago Nieto se vaya muy lejos. Impulsan al interior del primer círculo de Andrés Manuel López Obrador la narrativa de que el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera ha causado más perjuicios que beneficios a la 4T. Que los expedientes son más mediáticos y políticos que jurídicamente solventes. Los malquerientes identificados con el fiscal Alejandro Gertz Manero les gustó Londres para mandar de embajador al polémico sabueso del presidente. Dicen que es una cartera ni mandada hacer: está acéfala desde el 15 de diciembre del 2018 tras la salida de Julián Ventura para irse de subsecretario de Marcelo Ebrard. Aníbal Gómez es quien se quedó despachando en calidad de encargado de Negocios y Jefe de Cancillería del Reino Unido, pero el 6 de agosto fue designado por el Senado embajador de Arabia Saudita. Así qué mejor que Nieto para ocuparla. ¿Qué ingenuos no?
EL ABOGADO DE Emilio Lozoya Austin, el penalista Javier Coello Trejo, va pian pianito armando su estrategia de contención para su cliente. Tras varias semanas de gestiones con las autoridades de Alemania y México consiguió traer de regreso a la mamá del exdirector de Pemex sin que se le aplicara prisión preventiva. La señora Gilda Austin de Lozoya podrá defenderse desde su casa. Este logro puede interpretarse como un primer paso de cara a una ofensiva legal y mediática del ex funcionario. ¿Se acuerda que Coello prometió meses atrás que exhibiría un video del propio Lozoya en el que éste narraría su versión de los hechos que se le imputan? No lo eche en saco roto porque podría reactivarse. El prófugo de la justicia tiene elementos para incriminar de buena parte de lo que se le culpa al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al mismo presidente Enrique Peña Nieto. Incluso no descarta presentarse ante la justicia mexicana para testificar. El fiscal Alejandro Gertz Manero está consciente de ello.
ADEMÁS DE SIETE bancos internacionales, esto es Citibanamex, Santander, BBVA, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays y Deutsche Bank, la Comisión Federal de Competencia Económica también emplazó a once personas físicas. Se trata de los brokers de las mesas de dinero que fueron señalados por coludirse en la compra venta de valores gubernamentales. Tres de ellos son o estuvieron en Citibanamex, que aún dirige Ernesto Torres Cantú; dos en Santander, que preside Marcos Martínez; dos del Deutsche Bank, en proceso de cierre en México; y uno en los casos de BBVA que dirige Eduardo Osuna, JP Morgan que lleva Felipe García Moreno, BofA que maneja Emilio Romano y Barclays a cargo de Raúl Martínez-Ostos.