Tras la aprobación en lo ‘oscurito’ de los permisos de construcción de la obra ubicada a un costado de Playa Delfines, por la empresa Grand Solaris, por parte de Remberto Estrada Barba en los últimos tres días de su administración municipal, esta semana se comenzó a ver actividad dentro del predio delimitado, sin embargo ambientalistas declaran que aún hay recursos sin resolver en este polémico caso desde el 2017.
Armando Lara de Nigris, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Benito Juárez, aseguró que la licencia de construcción 72296 con vigencia del 27 de septiembre de 2018 (Remberto entregó la administración el 30 de septiembre) al 27 de septiembre del 2020, fue otorgada por el anterior gobierno municipal.
“Esta semana fueron los interesados a llevarme la resolución de un juez, que estaba ingresado en Chetumal desde al año 2016, un juicio contra el proyecto, y hace unas semanas el juez sentenció que las cosas se devolvieran a su estatus original, quiere decir que se devolviera la licencia, que otorgó la administración anterior, que su licencia tiene vigencia y validez y pueden ejercer su derecho de construcción”, explicó.
Administración actual no ha dado permiso
Aclaró que la administración actual no ha dado ningún permiso de construcción al respecto, sino que solamente revisaron que los empresarios hoteleros contaran con todos los recursos legales en orden para retomar su trabajo.
“Ya revisamos el expediente, tienen todo, en la administración anterior sacaron una segunda licencia, como el juicio fue contra una licencia, pues obtuvieron otra, como para finales de la administración. Tienen todo en orden, ya lo revisamos”, afirmó.
Respecto a las reacciones que pudieran surgir por parte de grupos ambientalistas que en su momento señalaron el impacto ambiental que se estaría generando por estas obras, mencionó que todo ciudadano tiene el derecho de manifestar su inconformidad conforme a la ley, y si cuentan con algún recurso, pues lo pueden hacer en los juzgados.
Por su parte, Katherine Ender Córdoba, apoderada legal del Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo, aseguró que se está actuando en total ilegalidad, ya que existen activos tres recursos legales en contra de dicho proyecto hotelero.
Buscan frenar proyecto
Recordó que en noviembre del 2017 se ingresó un recurso de amparo en conjunto de otros recursos ingresados por otras personas, en fin de frenar el proyecto, además de la nulidad que se promovido por los regidores Antonio Meckler Aguilera y Roger Sánchez Nanguse, quienes formaban parte del Cabildo.
“Estamos viendo que se retoman los trabajos con permisos del 2018 hasta el 2020, tenemos todavía un recurso de amparo que se acumuló con otro recurso de amparo desde el 2018 y ellos como terceros perjudicados están agotando un recurso de queja, todavía no se ha resuelto ese recurso, pero estamos viendo que no hay permisos de la Semarnat, vamos a agotar un recurso de amparo directo, porque se está agotando esos recursos legales que aún no se han resuelto”, aseveró.
Finalmente, dijo que como organización estarían promoviendo un juicio de nulidad, un amparo para solicitar la suspensión de la obra e investigar que la empresa cuente con los permisos y ver quien los otorgó con los antecedentes legales que se tienen.
Jesús Faudoa