Desde el 1 de diciembre del año pasado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador colocó en el centro de su comunicación la celebración de efemérides y de acontecimientos históricos que resultan explotables políticamente desde la narrativa de la autodenominada 4T.
En cuanto llegó a Palacio Nacional creó la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México dentro del organigrama de la Presidencia de la República y decidió que desde su círculo inmediato se diseñarían las acciones a seguir en estos temas, no desde la Secretaría de Cultura.
En 2021 es el 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán a manos de los españoles. En esa coyuntura y a menos de 100 días de llegar al poder, López Obrador envío dos cartas. Una al Rey Felipe VI de España y otra al Papa Francisco. Les solicitó que pidan perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la Conquista. En un video grabado con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, difundido en sus redes sociales el 25 de marzo, hizo público el envío de las cartas.
Después de eso, el presidente habló de las cartas en varias de las conferencias matutinas. Incluso, el canciller Marcelo Ebrard las defendió como una propuesta de reconciliación histórica. Luego el gobierno de España aceptó que había recibido la suya el 1 de marzo.
Todos avalaron que las cartas habían salido de Palacio Nacional, pero oficialmente dicen que no saben quién las escribió y que no se resguarda una copia de ellas.
En respuesta a una solicitud de transparencia que pidió todas las cartas, documentos y oficios enviados por López Obrador a jefes de Estado, primeros ministros y presidentes de otras naciones entre el 1 de diciembre de 2018 y el 29 de marzo de 2019, la Presidencia declaró su inexistencia y se atrevió a sugerir que la Secretaría de Relaciones Exteriores podría tenerlas. La SRE lo negó y señaló que la Presidencia era la responsable de resguardar esa información.
Ante las evidencias públicas sobre la existencia de las misivas, el instituto de transparencia, el INAI, obligó a la Presidencia a realizar una nueva búsqueda. Fue entonces que sus oficinas respondieron con un abanico de pretextos para negar que tuvieran las cartas.
La Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República argumentó que no está obligada a entregar documentos que no tiene, por lo que se apega a la máxima de que “a nadie se le puede obligar a lo imposible”. Y para rematar, en su respuesta aludió al mensaje del 29 de marzo en el que López Obrador dijo que no se daría a conocer la carta dirigida al Rey de España.
La Coordinación de Asesores del primer mandatario respondió que no existe información ‘ad hoc’ y remitió a dos comunicados en los que la Presidencia acepta que existe una carta dirigida al Rey de España y otra al Papa Francisco.
El INAI también recibió respuesta de la Secretaría Particular del presidente, de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, de la Subjefatura de la Oficina de la Presidencia, de la Coordinación de Opinión Pública, de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y de la Coordinación de Marca País y Medios Internacionales. Todas negaron resguardar las misivas.
El gobierno de López Obrador se ha empeñado en buscar perdón y reconciliación histórica a partir de fechas como la del próximo sábado, 12 de octubre. Pero lo ha hecho sin transparencia ni apertura. ¿El pueblo de México no tiene derecho a saber el contenido íntegro de las misivas? Este es un ejemplo del doble discurso.