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sábado, septiembre 19, 2020
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Gobierno de incompetentes… y la IP miope: Darío Celis

A dos años de gobierno la 4T ha sido incompetente para implementar la larga lista de proyectos de infraestructura que el país, ahora más que nunca por la pandemia, necesita detonar.

Pero la iniciativa privada, aglutinada en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que preside Carlos Salazar, ha sido igualmente miope por insistir en echar a andar proyectos que no puede financiar la 4T.

Javier Jiménez Espriú en la SCT, Rocío Nahle en Energía, Víctor Toledo en Medio Ambiente, Manuel Bartlett en CFE, Octavio Romero en Pemex, Miguel Torruco en Turismo, Blanca Jiménez en Conagua, son unos ineptos.

En 24 meses no han podido o querido iniciar proyectos en energía, carreteras, ferroviario, aeroportuario, transporte de pasajeros, comunicaciones, turismo, medio ambiente, agua potable y saneamiento.

Es una vergüenza que a dos años de que Andrés Manuel López Obrador haya entrado a vivir a Palacio Nacional, de 168 proyectos identificados ninguno registre un avance medianamente aceptable.

En oooootro intento más, Arturo Herrera, Alfonso Romo y Carlos Salazar, le pondrán al tabasqueño enfrente el mismo listado de proyectos que en dos años no se han querido impulsar. A ver si los palomea.

En un documento interno de trabajo de la Secretaría de Hacienda titulado ‘Proyectos de infraestructura financiados por capital privado’, se reconoce que en estos primeros dos años de gobierno de 168 proyectos 20 siguen en preparación, 22 en análisis y 10 en proceso de autorización.

Solo 7 proyectos están ya en ejecución, con todo y que los 168 representan inversiones de capital por un billón 41 mil millones 74 mil pesos, o alrededor de 50 mil millones de dólares. La razón de que sigan en la tubería es porque no hay voluntad para sacarlos.

Pero también quienes dirigen los destinos del CCE y del Consejo Mexicano de Negocios, éste que preside Antonio del Valle Perochena, siguen fantaseando con que el gobierno tiene dinero para financiar otros.

Y es que en el largo listado de la presentación que circula desde la semana pasada, hay muchos proyectos que siguen estando estructurados contractualmente de tal forma que implican endeudamiento para el Estado.

La iniciativa privada tendría que hacer una revisión de cuáles son los que pueden volar sin recursos del gobierno y cuáles tienen que ser reestructurados para que contablemente no sean registrados como deuda.

El documento que le comento lo están moviendo tanto Herrera como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quienes al interior del gabinete son los más preocupados por la situación económica.

Los empresarios están percibiendo un cambio de actitud: de suplicar que los escuchen y ser ignorados, ahora están siendo llamados para revisar proyecto por proyecto y sugerir cómo implementarlos.

Y no es para menos, a Herrera y a Ebrard ya les asustó que el 2020 cierre con una caída del PIB que puede llegar a 12% y una pérdida superior a los 12 millones de empleos, entre formarles e informales.

Esos números ponen a millones de mexicanos en la insolvencia total y a Morena y al gobierno de Lopez Obrador contra la pared, de cara a las elecciones de 2021.

Por eso la premura que se percibe ya desde Palacio Nacional para retomar los dichosos proyectos que ya todo mundo conoce y que el año pasado fueron desdeñados.

En abril le informé que dos jueces, uno federal y otro de la CDMX, prohibieron a Javier Reyes de la Campa celebrar su asamblea de accionistas del Banco Accendo del 30 de abril, con la que concretaba la capitalización de Toka. Pues resulta que su abogado, José Manuel Guillemot, aconsejó que se dejaran pasar estas dos resoluciones, pero por el arco del triunfo y celebraron su asamblea, violando los mandatos judiciales. Para evitar que les pudieran hacer más notificaciones, Accendo colocó un anuncio en la planta baja del edificio corporativo de Paseo de la Reforma alegando el Covid-19 e informando de un supuesto cierre temporal. Pero eso no detuvo al abogado de Moisés Cosío, Fernando Elías Calles, ni al actuario del tribunal, quienes este viernes fueron a verificar y cuál sería la sorpresa: ahí estaban todos los empleados escondidos atrás de sus escritorios. Se les notificó una nueva orden del juez Primero Civil de la CDMX que congela a Accendo Banco, le prohíbe realizar cualquier acto corporativo y notifica a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para su cumplimiento. El que se dice el ‘banco fintech de México’ resultó muy primitivo. Vaya historia que ahora ya no pueden ignorar los pupilos de Juan Pablo Graf.

Tras 17 meses finalmente el viernes salieron de concurso mercantil el consorcio M&G Polímeros y M&G Holding, presididas por Luis Aperti. El grupo productor de PET reestructuró alrededor de 900 millones de dólares, de los cuales 160 millones están contraídos con Alpek, que dirige José de Jesús Valdez, y 290 millones con el Bancomext, dirigido por Carlos Noriega, que son los garantizados. Hay otro grupo de acreedores comunes que tienen la opción de convertir su deuda en 95% de las acciones. Apunte principalmente a Banorte de Carlos Hank, HSBC de Jorge Arce, Multiva de Olegario Vázquez Aldir y Santander de Héctor Grisi. Estos fueron representados por Deloitte que lleva Francisco Pérez Cisneros, White & Case de Ismael Reyes Retana, Martínez Algaba de Roberto Martínez y Del Castillo-Castro de Fernando del Castillo. M&G Polímeros estuvo asesorado por Rothschild, que encabeza Victor Leclercq, y por Alejandro Sainz del bufete Cervantes Sainz.

Carlos Slim y David Martínez tienen un problema grande en Argentina. Resulta que con el pretexto del Covid-19 el presidente de ese país, Alberto Fernández, publicó a finales de agosto el llamado ‘Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20’, el cual determina que los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones serán considerados servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. El amague del control de precios abarca a la telefonía fija y móvil, el internet y la televisión de paga y significa una amenaza a la calidad de los servicios que actualmente ofrecen en ese país Slim, vía América Móvil, y Martínez, a través de Cablevisión y Telecom, de las que es el principal accionista.

Cinépolis, la otra gran cadena de cines, también ya inició un proceso de reestructuración financiera. La compañía que preside Alejandro Ramírez, al igual que su similar Cinemex, la de German Larrea, está queriendo solicitar un stand-still a sus acreedores. Citibanamex, que comanda Manuel Romo, y el HSBC, que capitanea Jorge Arce, están liderando el comité que busca sentar las bases de la ruta a seguir en lo que sería un procedimiento ordenado para reestructurar deudas del grupo. A finales de febrero Cinépolis despidió a 300 personas, 200 de su corporativo de Morelia, Michoacán, y 100 de la CDMX.

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