 a Aguakán por engañar a un juez de amparo para retener la concesión){kind=link}
INVESTIGA LA FISCALÍA General de la República (FGR) a Aguakán por engañar a un juez de amparo para retener la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en cuatro municipios de Quintana Roo.
El gobierno de Mara Lezama presentó la denuncia ante la instancia a cargo de Alejandro Gertz Manero contra Desarrollos Hidráulicos de Cancún, mejor conocida como Aguakán.
Se argumenta haber engañado al Juez Octavo de Distrito del Estado de Quintana Roo, Julio César Ortiz Mendoza, recién nombrado magistrado, al presentarse una demanda de amparo en contra del Decreto número 195.
Se trata del decretazo que el 22 de diciembre pasado promovió el diputado de Morena, Luis Humberto Aldana, por el cual la Legislatura local abrogó la concesión que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2053.
Dicho decreto fue aprobado por unanimidad por la XVII Legislatura del Estado, producto del reclamo social que derivó en el resultado de una consulta ciudadana vinculante.
En ella, la ciudadanía de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, manifestaron no estar de acuerdo en que Aguakán continuara prestando el servicio.
Se acusa que la concesionaria, subsidiaria del Grupo Mexicano de Desarrollo, de Jorge Ballesteros, obtuvo la prórroga de 30 años a cambio de más de mil millones de pesos que fueron desviados.
El director de Aguakán, Paul Andrew Rangel Merkley, ocultó al Juez de Amparo que conoce del juicio que presentó la concesionaria contra el decreto, diversos hechos que son fundamentales para el caso.
Apunte entre otros los más de 20 oficios de incumplimientos, tanto en los planes quinquenales, que en los últimos años arrojó diferencias de más de 4 mil millones de pesos de rezago en inversión.
También le ocultó incumplimientos de obligaciones de infraestructura, de falta de dictámenes de impacto ambiental, calificaciones reprobatorias respecto al cumplimiento de la concesión, y de la deficiente cobertura de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.
Asimismo, Aguakán le ocultó al juez múltiples procedimientos administrativos por violaciones por daño al ambiente, que le han iniciado, tanto los municipios, como la Procuraduría Ambiental Estatal.
En los próximos días la FGR estaría judicializando este asunto y sería el comienzo de la escalada de una serie de investigaciones avanzadas por hechos muy graves de actos de corrupción.
SOBRE ESTE MISMO caso, le informo que el viernes tuvo lugar una audiencia incidental en el Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Cancún, relacionado con el juicio de amparo 1323/2023-VIII promovido por la misma empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, dueña de la concesionaria del servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, la multicitada Aguakán. El mismo juez Julio César Ortiz Mendoza, asistido por su secretario de juzgado, Salvador Robles, le concedió la suspensión definitiva del Decreto 195, con el que la Legislatura de Quintana Roo pretendió revocarle el título de concesión. Se espera desde luego que el gobierno que encabeza Mara Lezama no quite el dedo del renglón e impugne esta decisión a través del recurso de revisión respectivo. Pero por lo pronto Aguakán, que comanda Paul Andrew Rangel Merkley, puede respirar tranquilo en que el Poder Judicial Federal está siendo imparcial y no se ha dejado presionar e intimidar.
LE INFORMABA AYER del estudio forense que mandó hacer la estadounidense I Squared Capital (ISQ) en las operaciones de KIO Networks. No fueron 700 millones de pesos los que se pagaron por esa empresa fundada por María Asunción Aramburuzabala y su socio, Sergio Rosengaus. El fondo que preside Sadek Wahba liquidó cerca de 700 millones, pero de dólares. FTI Consulting terminó ese análisis a una veintena de empleados y ejecutivos, el cual duró cerca de 90 días, tiempo en que todos siguieron percibiendo su sueldo. Hasta ahora no se han encontrado irregularidades, pero el hostigamiento lastimó la honorabilidad de más de uno que ahora se apresta a demandar a la nueva administración de KIO, que dirige Santiago Suinaga. El problema fue generado por la propia ISQ. Y es que la negociación de compra la encabezó un equipo que se retiró al cierre de la transacción, y para la toma de la administración llegó otro equipo que empezó a dudar de todo y de todos.
A TRES MESES de que Otis golpeó Acapulco, Evelyn Salgado se ha coordinado con el gobierno federal para atender a la población, lo que se refleja en algo tan importante como es mantener la gobernabilidad de Guerrero. Los afectados recibieron en tiempo récord, directo y sin intermediarios, 265 mil 56 apoyos para limpieza y 313 mil 753 para reconstrucción de vivienda o local. En una segunda exhibición, se entregaron 312 mil 797 apoyos para reconstrucción. Para la integración de padrones, atención y entrega de los apoyos, se cuenta con 29 Módulos de Bienestar que permanecen abiertos para dar servicio a la población. Así avanza la reconstrucción de la zona urbana de Acapulco y municipios afectados, atendiendo de manera directa los habitantes de la región.
EL QUE ANDA muy activo queriendo reparar la situación de sus ex colaboradores Ernesto Nemer, Luis Gilberto Limón, Alberto Angulo y Jorge González, es el ex gobernador del Estado de México. Y es que Alfredo del Mazo Maza está buscando por todos los medios que la Fiscalía General de la República no los aprehenda por la viejísima denuncia de Infraiber y su abogado, Paulo Diez Gargari, por el tema del Viaducto Bicentenario. El problema para el político mexiquense es que uno de los expedientes que no ha soltado Alejandro Gertz Manero es ése. Ya había adelantado que iría por los ex funcionarios de Del Mazo.