En una decisión que marca un hito en la disputa entre el presidente Joe Biden y el gobernador de Texas, Greg Abbott, la Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado a los agentes de la Patrulla Fronteriza retirar el alambre de púas instalado en la frontera con México. La medida forma parte de la iniciativa de seguridad implementada por el gobernador Abbott, pero ha sido objeto de controversia y desafíos legales.
La votación de 5-4 a favor de permitir la retirada del alambre representa una significativa victoria para la administración de Biden en medio de las crecientes tensiones sobre la política fronteriza. La decisión fue tomada mientras se desarrolla la apelación legal presentada por el estado de Texas contra la orden de retirada.
La disputa entre la administración de Biden y el gobernador Abbott se intensificó después de que tres migrantes se ahogaran en una sección del río Grande a la cual los agentes federales no tenían acceso debido al bloqueo impuesto por funcionarios estatales. Esto llevó al Gobierno de Biden a presionar por la intervención de la Corte Suprema.
En respuesta a la decisión, el gobernador Abbott expresó su determinación de seguir luchando para defender la propiedad del estado y su autoridad constitucional para asegurar la frontera. Argumentó que la ausencia de alambre de púas y otras estrategias de disuasión hace que los cruces sean más peligrosos y dificulta el trabajo de los soldados de la Guardia Nacional de Texas y del DPS.
La orden de la Corte Suprema revierte una decisión anterior de una corte federal de apelaciones que había ordenado a los agentes de la Patrulla Fronteriza que no retiraran el alambre de púas a lo largo de un tramo del río Grande durante los procedimientos judiciales en curso. El Departamento de Justicia había solicitado la intervención de la Corte Suprema para eliminar ese fallo, lo cual se ha materializado con esta decisión.
El analista de la Corte Suprema y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, Steve Vladeck, señaló que, aunque la orden representa una victoria para la administración de Biden, la demora en emitirla plantea preguntas sobre el futuro de la política de inmigración y el federalismo constitucional.
Los abogados que representan al gobierno federal argumentaron que la posición de Texas invierte la Cláusula de Supremacía de la Constitución al permitir a los estados obstruir la autoridad del gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración. La procuradora general Elizabeth Prelogar destacó que la orden judicial obstaculizaría las responsabilidades de la Patrulla Fronteriza y pondría en riesgo la seguridad.
El caso sigue en desarrollo, y el Quinto Circuito está evaluando las cuestiones legales sobre la autoridad del gobierno federal para intervenir en la instalación de alambre de púas en la frontera. Se espera que los argumentos orales se escuchen el 7 de febrero, lo que arrojará luz sobre el curso futuro de esta disputa fronteriza.