Uno de los tantos negocios que se hicieron en Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya Austin, fue el saqueo de los recursos de la Gerencia de Desarrollo Social.
Esta área manejaba un presupuesto cercano a los 4 mil millones de pesos anuales, de los que mil millones eran en efectivo y el resto en especie: 2 mil millones en asfalto y mil millones en combustibles.
Se estima que estando al frente Lozoya, por ahí se drenaron a través de donaciones a gobiernos y municipios unos 12 mil millones: 3 mil en efectivo, 6 mil en asfalto y 3 mil en combustibles. Fue una bolsa que manejó a discresión Froylán Gracia García.
Hablamos del Coordinador Ejecutivo de la Dirección General, uno de los principales operadores de Lozoya, que encontró en esa gerencia una ventana para lucrar económica y políticamente.
Con Felipe Calderón esa área dependía de la Dirección Corporativa de Administración. Pero Lozoya promovió una reforma a la Ley de Pemex para arrogársela. Pidió a su abogado, Javier Romo Michaus, ex legal de FEMSA, hacerla en 2013.
Así, la estratégica gerencia de los 4 mil millones de pesos anuales en donaciones, pasó en pocos meses de la Dirección Corporativa de Administración, a depender directamente del famosisímo ‘Froy’.
Aquél se la arrebató a Víctor Díaz, secretario particular por años de Emilio Lozoya Thalmann en la extinta Secretaría de Minas e Industria Paraestatal y el ISSSTE, con el pretenxto de dársela al Lozoya junior.
De inicio Gracia García olfateó la veta de negocios que tenía en las manos y no dudó en hacer lo que mejor hizo en Pemex: operar. Designó a uno de confianza para dirigirla: Bernardo Bosch, que la 4T recién inhabilitó.
El 90% de los 12 mil millones de pesos sobre los que tuvo el control en tres años, se dispersó en donaciones a 10 estados, los denominados “prioritarios petroleros, siendo Veracruz el que al año ‘jalaba’ cerca de 500 millones.
‘Froy’ trabó una fructífera y lucrativa relación con Javie Duarte a partir de esas donaciones, mismas que hoy son investigadas por el gobierno morenista de Cuitláhuac García, que por el momento no puede recibir dinero de Pemex.
El manejo de las donaciones se hacía a través de cuatro subgerencias que estaban localizadas en las regiones de esas 10 entidades; se bajaban a gobernadores y munícipes a discresión, a través de un comité en el que Froylán era juez y parte.
En ese Grupo de Responsabilidad intervino otra funcionaria clave en todo este tinglado: Rosario Brindis, una diputada del Partido Verde Ecologista, muy cercana al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Brindis, nombrada Enlace Legislativo por Lozoya, se saltó los protocolos y lineamientos de ese comité que encabezaba Gracia García y de la que ella misma era el número dos; trataba directamente a los políticos, ordenaba a los subgerentes y acordaba, en la mayoría de las ocasiones, verbalmente para que no hubiera registro.
La ex legisladora tiene una investigación abierta por haber incidido en la adjudicación de contratos de Pemex Exploración y Producción a empresas vinculados a su esposo, y además es señalada de haber participado en los sobornos para que se aprobara la Reforma Energética.
Ahí la historia de la Gerencia de Desarrollo Social.
Además de la denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó el año pasado contra Gerardo Sosa Castelán, por no haber podido comprobar el origen de 151 millones de dólares depositados en seis cuentas que la instancia de Santiago Nieto congeló, sobre el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo pesa otra querella por un desvío de 700 millones de pesos más a 14 cuentas que no estaban registradas ante la Auditoría Superior de la Federación. Fue este organismo comandado por David Colmenares el que dio vista a la Procuraduría Fiscal, que capitanea Carlos Romero. De las pesquisas se comprobó que los recursos se canalizaron a una empresa facturera a la que el grupo del mismo Sosa cobraba 35% de comisión por sus servicios. El golpe de la 4T en este expediente ha sido desde distintos frentes y han participado diversos funcionarios de alto nivel, como el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el gobernador de la entidad, Omar Fayad.
A propósito de corrupción, sigue en el aire la suspensión definitiva del polémico proyecto del hotel Riu en Punta Nizuc, Quintana Roo. En febrero el Fonatur, que dirige Rogelio Jiménez Pons, pidió la cancelación de esa obra salpicada de irregularidades del gobierno de Roberto Borge, que, violando todas las regulaciones ambientales, otorgó el permiso a la cadena española de Luis y Carmen Riu Güell para explotar en casi dos hectáreas un complejo de 530 habitaciones, distribiudas en dos torres, una de siete pisos y otra de 16. El Juzgado Quinto de Distrito está por pronunciarse, luego de que en enero la alcadesa de Cancún, Mara Lezama, tuviera el mal tino de dar su aval para que se reanudara la construcción en una zona reservada. Lo anterior curiosamente tras su asistencia a Fitur, en Madrid, donde se entrevistó con los Riu. Todavía en diciembre las obras estaban clausuradas. Mara aspira a ser gobernadora en el 2022. Esto no le ayuda.
Raquel Buenrostro cometió un error garrafal que al interior de Palacio Nacional ya se empieza criticar: contrató como asesor externo del SAT a Max Diener, quien fuera Procurador Fiscal en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Junto con su socio, Guillermo Zepeda, tendrán la encomienda de acompañar todo el proceso de reorganización institucional del SAT, empezando por la elaboración del nuevo Reglamento Interior de esa dependencia. Hay resquemor en el ala radical por el fichaje del bufete DLG porque son vistos como abogados de José Antonio Meade, a quien se señala por haber actuado de forma ‘omisa’ contra los factureros. Es como poner la iglesia en manos de Lutero, dicen en los corrillos políticos.
Los nuevos accionistas de Interjet, Carlos Cabal y Alejandro del Valle, están operando a todo vapor para sanear las finanzas y administración de la aerolínea, aislando los pasivos que contrajo en el pasado la administración de Miguel Alemán Magnani. Como en el caso de Mexicana, donde Posadas y Gastón Azcárraga crearon el Nuevo Grupo Aeronáutico, en Interjet se están pasando los activos a una nueva razón social denominada Zenith Aero, que es la que está haciendo la recontratación del personal. Esta compañía es la que está sustituyendo a Aerolíneas ABC. La duda es qué pasará con la concesión, porque la titular es ésta última y Zenith Aero posee una para carga aérea.
El consejo nacional de Fomento Educativo (Conafe) está haciendo una labor en verdad encomiable. Llevar la educación a los niños a las zonas más apartadas del país, donde nadie simplemente puede llegar, solo puede verse como un reto de enormes proporciones para el equipo de Esteban Moctezuma en la SEP, pero sobre todo para los 32 mil educadores que, con gran vocación, sentido de solidaridad y dedicación llegan a más de 301 mil niños de escasos recursos en los lugares más alejados de los centros urbanos de México.