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    OpiniónE-Global no se vende: Darío Celis

    E-Global no se vende: Darío Celis

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    Están por verse las definiciones en el caso que dictaminó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), sobre el mercado de pagos a través de tarjetas.

    En teoría se trata de un tema de competencia, de ahí la intervención del organismo antimonopolios que preside Brenda Gisela Hernández, pero en realidad, hay un mar de intereses detrás.

    Hay que recordar la resolución del regulador, que establece como una necesidad la desincorporación del 51% de las acciones de Prosa, que dirige Salvador Espinosa, y la venta del 100% de E-Global, que maneja Francisco Zago, las dos cámaras de compensación que operan en México.

    Los accionistas de Prosa son Santander de Héctor Grisi, Invex de Juan Guichard, Scotiabank de Adrián Otero, HSBC de Jorge Arce, Banorte de Carlos Hank González y Banjército al mando de Ricardo Flores.

    Por lo que hace a los accionistas de E-Global, apunte a Citibanamex, de Manuel Romo y al BBVA de Eduardo Osuna, los dos bancos de mayor tradición y arraigo en el sistema mexicano.

    Ante la eventual venta de acciones de ambas empresas hay dos jugadores que se frotan las manos y que ya se están moviendo para comprar alguna de ellas y entrarle al jugoso mercado de cámaras.

    Por supuesto que hablamos de Visa, que encabeza Luz Adriana Ramírez, y Mastercard México, al mando de Laura Cruz, firmas que en corto han manifestado su interés por cualesquiera de los procesadores.

    La adquisición de Prosa o E-Global hace todo el sentido en su estrategia de negocios, ya que en lugar de desarrollar su propia base de clientes, se harían de ella mediante un crecimiento inorgánico.

    De golpe podrían incorporar a sus plataformas el volumen de operaciones que ya maneja Prosa, cerca de unas cuatro mil 400 millones de transacciones anuales en su switch.

    Y en el caso de E-Global, arriba de 70 millones de tarjetahabientes que realizan cada año más de dos mil 600 millones de operaciones, que suman un monto global de 50 mil millones de dólares anualmente.

    Un movimiento de este calibre en el mercado de cámaras de pagos con tarjetas, en aras de incentivar mayor competencia, podría afectar al ecosistema financiero actual.

    Esos impactos irían desde mayores costos a los clientes, léase tarjetahabientes y comercios, hasta en la estrategia de prevención de fraudes y fallas técnicas que afecten a los usuarios.

    Tal parece que la realidad es la presión que están ejerciendo Visa y Mástercard al regulador, en este caso la Cofece, para apresurar y obligar la venta de Prosa y E-Gobal.

    Lo curioso es que parecería que ninguno de los bancos accionistas, al menos en el caso de E-Global, están dispuestos a desprenderse de un nicho de negocios muy lucrativo.

    Máxime pasando de un mercado donde concurren ocho de las instituciones bancarias aprobadas y reguladas en el país, a un duopolio extranjero con dos empresas que no operan como bancos.

    Gatopardismo regulatorio.

    Finalmente el gobierno de Quintana Roo, al mando de Carlos Joaquín González, lanzará el próximo 25 de octubre la licitación del Puente Nichupté, una vía de 8.5 kilómetros con la que se pretende desahogar el tráfico en la zona hotelera de Cancún. Le hemos platicado en este espacio que Controladora de Operaciones de Infraestructura, subsidiaria de ICA, Que dirige Guadalupe Phillips, presentó una propuesta no solicitada para desarrollar el proyecto, que se elevará sobre la laguna del mismo nombre y por el que se espera que también se inscriban para participar en el concurso otras firmas, como Operadora CICSA, de Carlos Slim; Grupo INDI, que capitanea Manuel Muñozcano, y Mota-Engil, que preside José Miguel Bejos. Para esta obra, calculada en unos cuatro mil 500 millones de pesos, todos los tiradores arrancan con las mismas posibilidades, aunque de resultar ganadora cualquiera de las últimas, deberá liquidar a ICA los costos de planeación.

    No solo turisteros mexicanos sino empresarios de Honduras y Guatemala se extrañaron de las alianzas que Miguel Torruco está tejiendo y, sobre todo, con quiénes, para revivir el viejo proyecto del circuito del Mundo Maya. Y es que el secretario de Turismo está promoviendo la unión de dos aerolíneas insolventes para que sean el eje de la movilidad aérea de esa ruta. Una es Aeromar, la de Zvi Katz, y la otra es G Airways, una compañía que solo existe en el papel. Torruco se dejó sorprender por un “empresario” local de nombre Ricardo Sagastume y apodado “El Chino”. Es el dueño de G Airways y sobre él pesan denuncias de fraude en Honduras. Sagastume y Torruco son los más entusiasmados en la gira que le comenté ayer del 24 al 27 de este mes por esos dos países a fin de reactivar la conectividad de ese circuito ecoturístico.

    Una aerolínea que sí existe y que, como le adelanté, ya se metió en una controversia, es Aeroméxico. Como se esperaba, la compañía que tiene como principales accionistas mexicanos a Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo fue denunciada no directamente por Apollo Global Managment, pero sí por una de sus filiales denominada Alpage Debt Holdings. Esta empresa que participó en el fondeo inicial de mil millones de dólares, acusa a Aeroméxico de incumplir el acuerdo de financiamiento. Cuando la línea ya tenía prácticamente amarrado a otros inversionistas, Apollo no se quiso dar por notificado de la valuación que le envió la compañía. Ahora su estrategia es litigar, ya sea para que le regresen su inversión con una mayor ganancia, o subirse como inversor también en este grupo conservando una posición estratégica.

    Absurdo que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, hable de “sentar las bases” para que las próximas administraciones consideren construir plantas nucleoeléctricas a fin de que produzcan electricidad más limpia, constante y segura. Y es que en lugar de estar pensando en más plantas nucleares, el gobierno de la 4T debería atender la situación de Laguna Verde. La CFE, que dirige Manuel Bartlett, va para casi un año completo que no recarga los reactores de esa nucleoeléctrica. Vamos, ni siquiera ha asignado el contrato que suele dar a un tercero.

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