Exijamos que no se tiñan de sangre nuestras elecciones, pues es dolorosa la lucha primitiva que ya está dejando cicatrices imborrables y un gran retroceso en nuestros procesos democráticos.
Parecería ficción, pero no lo es. Desde que inició el proceso electoral hacia las elecciones del 6 de junio próximo; 32 candidatos a distintos puestos de elección popular han sido asesinados. De estos, 6 eran mujeres y del total, 28 contendían por puestos municipales y los otros 4 por diputaciones federales. El 76% del total eran opositores a los gobiernos de las localidades en que iban a competir.
Los datos provienen del Indicador sobre Violencia Política en México dado a conocer recientemente por la consultora “Etellek”. Pero la cosa se pone aún peor, pues el informe arroja que, de septiembre del 2020 al 13 de mayo de 2021, dieron muerte a 83 políticos en total, -incluidos los 32 candidatos mencionados-. Aun así, aclaran que la cifra es menor, a la de las elecciones federales de 2018, en que le quitaron la vida a 152 políticos, de los cuales 48 eran aspirantes y candidatos. Esas son consideradas las elecciones más violentas, después de las del año 2000; a diferencia de las elecciones intermedias del 2015, en que “solamente” -escrito entre comillas- obviamente, hubo 61 políticos ultimados.
Sin embargo, la violencia se presenta en otras modalidades, como son amenazas, robos o secuestros a políticos y sus familiares; ya van 563 agresiones durante las campañas y, por lo que veo en la tendencia, seguirán aumentando, lo que anuncia que se superarán las sucedidas en las elecciones presidenciales del 2018, lo cual es verdaderamente lamentable. Surgen todo tipo de especulaciones en base a la pregunta de; ¿quién se beneficia con esta violencia? es evidente, que no sólo los grupos delictivos que luchan por el dominio local, sino a veces también¸ los opositores políticos que guardan silencio al ver allanado su camino al triunfo electoral. Por su parte el Gobierno Federal sostiene que solo hay 13 delitos graves, 144 relevantes y 158 preventivos -así los clasifica-, pero la eficiencia de su labor de protección a los candidatos está a la vista.
Amén de todas estas cifras, lo que queda al descubierto es la escandalosa presencia de la inseguridad, violencia y muerte que amenazan, no solo a los candidatos y políticos, sino a la población civil, que no pocas veces termina aportando víctimas inocentes.
Exijamos que no se tiñan de sangre nuestras elecciones, pues es dolorosa la lucha primitiva que ya está dejando cicatrices imborrables y un gran retroceso en nuestros procesos democráticos que a nadie conviene. El respeto a la vida es lo que debe prevalecer, así como la no intervención de los gobiernos en el proceso electoral.