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Durante el último año fiscal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México ha sido objeto de críticas debido a un significativo desbordamiento en sus gastos, superando considerablemente su asignación presupuestaria inicial. Este aumento desproporcionado ha generado interrogantes sobre la gestión financiera del ejército mexicano, especialmente en lo que respecta a la transparencia y la rendición de cuentas ante las autoridades legislativas.
Según datos del presupuesto público, se autorizó a la Sedena un gasto de 112 mil millones de pesos para el año 2023. Sin embargo, se constató que el gasto final ascendió a 144 mil millones de pesos, representando un incremento del 29% sobre la asignación inicial. Este fenómeno también se observó en la Marina, una entidad independiente, que superó su presupuesto inicial en un 37%.
¿Cuál fue la causa de este exceso en el gasto de la Sedena?
Gran parte de los fondos adicionales se destinaron a proyectos respaldados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tales como el Tren Maya y la aerolínea estatal Mexicana. Estos proyectos, considerados como parte del legado del presidente, han sido financiados en gran medida mediante un aumento del presupuesto militar del país, que ha experimentado un incremento del 150% desde 2018.
Uno de los ejemplos más destacados de este fenómeno es el caso del Tren Maya, cuyo financiamiento fue transferido a la Sedena en 2023, a pesar de no contar con la aprobación del Congreso. Esto implicó un gasto significativo de 10 mil 100 millones de pesos, una cifra considerable si se tiene en cuenta que el proyecto inicialmente no tenía asignación presupuestaria.
Además, la Sedena también canalizó recursos hacia la aerolínea Mexicana, a pesar de no haber recibido financiamiento del Congreso para este fin. Este tipo de maniobras financieras, que evaden el escrutinio legislativo, plantean serias dudas sobre la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
¿Cómo logró la Sedena gastar más allá de su presupuesto asignado?
Se ha señalado que la Sedena utilizó una herramienta conocida como «enmienda», que le permite modificar su presupuesto sin la aprobación del Congreso. Esta práctica, aunque legal, suele llevarse a cabo sin la debida transparencia, ya que el Congreso solo es informado en casos excepcionales donde los cambios exceden el 5% del presupuesto de una entidad gubernamental.
Entre los proyectos financiados mediante estas enmiendas se encuentra la inversión en infraestructura militar, que experimentó un aumento sustancial de cero pesos a 11.4 mil millones de pesos. Ejemplos específicos incluyen la inversión en un rancho para la cría de caballos y la construcción de un centro de gestación porcina en Querétaro.
Además, se destacan adquisiciones significativas, como la compra de dos aviones Lockheed Martin C-130J Super Hercules por un monto de 6 mil 800 millones de pesos, sin la aprobación previa del Congreso.
La falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión del gasto público por parte de la Sedena no solo plantea preocupaciones sobre la credibilidad presupuestaria del país, sino que también puede tener repercusiones económicas negativas, encareciendo el financiamiento y debilitando la institucionalidad económica de México. Es fundamental que las autoridades gubernamentales promuevan la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, garantizando así la confianza de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado.