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    OpiniónLa ruptura: Darío Celis

    La ruptura: Darío Celis

    Opinión

    AUNQUE ANDRÉS MANUEL López Obrador asegura con no tiene nada personal contra el empresario Germán Larrea, los hechos demuestran el camino de no retorno que le hemos descrito en su relación.

    Ayer el Presidente develó lo que en la víspera nosotros manejamos aquí como una posibilidad: la decisión de ocupar tres tramos de Ferrosur fue por el enojo que causó que el dueño de Grupo México haya planteado en la reunión del jueves una indemnización de 9 mil 500 millones de pesos.

    A partir del viernes López Obrador y Grupo México han confirmado toda la historia de desencuentros que le hemos venido narrando aquí en el último medio año y que ponen en relieve la profunda animadversión que se profesan mutuamente.

    El inquilino de Palacio Nacional pidió a Grupo México en el primer semestre del 2022 el ramal Medias Aguas-Coatzacoalcos para asegurarse la continuidad sin tener que depender de un tercero del Ferrocarril del Itsmo y la línea Chiapas Mayab para conectar el Tren Maya.

    El negociador desde el inicio fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que se convirtió en el único interlocutor de Larrea con López Obrador. El ex gobernador de Tabasco alcanzó el acuerdo para que Grupo México le construyera una vía alterna propia Medias Aguas-Coatzacoalcos.

    Larrea procedió a construirla, pero desde adentro de la 4T empezaron a boicotear los acuerdos de Adán y Larrea. El primer golpe que le asestaron al industrial minero fue que terminara anticipadamente el contrato del Tramo 5 del Tren Maya por presiones en entregas de la obra.

    López Obrador se molestó que Larrea demandara una indemnización de mil millones de pesos, pero ese fue el camino legal que el propio Adán Augusto sugirió para resolver el diferendo.

    Una vez perdido el Tramo 5 se fueron cayendo los otros acuerdos para que, a cambio de la vía paralela Aguas Medias-Coatzacoalcos, Larrea construyera tramos y pasos a desnivel del ferrocarril del Itsmo de Tehuántepec, contratos que se quedó José Miguel Bejos con Mota-Engil.

    En otro intento por quedarse con los tramos que al final ocupó con la Marina el viernes, por la vía de un acuerdo con Larrea, López Obrador le ofreció una planta de contenedores en Manzanillo. De hecho esa fue la última oferta y que el empresario rechazó.

    Larrea y López Obrador desconfían el uno del otro. La toma temporal del viernes se va convertir en permanente y definitivo y Grupo México ya dejó entrever que litigará el caso porque se ve cuesta arriba que el gobierno acceda a indemnizarlo con 500 millones de dólares.

    Pero si Larrea quiere pelea, el de Macuspana ya le tiene preparada una buena batería de asuntos de los que difícilmente va salir bien librado.

    EL 17 DE mayo el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió por el voto mayoritario de siete de sus magistrados, que tanto Iusacell, Movistar y Telcel, como la estadounidense Apple Inc., cometieron infracciones a las leyes en materia de propiedad industrial en perjuicio de la empresa mexicana Ifone, confirmando que esta última acreditó ser la titular y usuaria legítima de la marca “IFONE” para amparar la prestación de servicios de telecomunicaciones. Esta resolución representa un paso determinante de la mexicana Ifone en su lucha por obtener el resarcimiento de los daños millonarios que las operadoras de Carlos Slim, Camilo Aya y ahora AT&T, de Mónica Aspe, junto con Apple, que comanda Tim Cook, le han causado al utilizar la denominación “IPHONE” similar en grado de confusión a “IFONE”, para comercializar la venta de planes de telefonía celular. Es importante recordar que la controversia en cuestión fue iniciada por Apple en el 2008 cuando, como estrategia para registrar la marca “IPHONE” para amparar la prestación de servicios de telecomunicaciones, la estadounidense solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que declarara la caducidad de la marca registrada “IFONE”, que crearon Antonio Treviño, Edgar Kuri, Ricardo Legorreta y Francisco Pérez, estrategia que ha resultado totalmente inoperante. Se espera obviamente que Apple y las telefónicas recurran esta resolución por la vía del amparo, si bien no se ven señales razonables de que dicha vía pueda representar una fórmula efectiva para revertir la situación prevaleciente.

    LA UNIÓN NACIONAL de Padres de Familia (UNPF), que preside Luis Arturo Solis, reconoció ayer al poder judicial por haber concedido la suspensión provisional para frenar la impresión y distribución de libros de texto gratuitos para primaria que el gobierno ha prometido tener listos para el ciclo escolar que empieza en agosto. Se trata de un reclamo de la sociedad civil por un proceso desaseado, en el que se pasaron por alto las disposiciones legales para consultar a maestros y docentes y no se siguieron los planes y programas vigentes establecidos por la propia autoridad educativa. Hay quienes dicen que el propio Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP y encargado del proyecto de los nuevos libros de texto, ha regresado los ejemplares de la imprenta por encontrar plagios evidentes. La UNPF está haciendo un llamamiento a otras organizaciones a sumarse a esta suspensión en la que la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la CdMx está haciendo un favor involuntario a la 4T, que ya va tarde con el proceso de impresión y distribución de los libros. La broma es que al final el propio gobierno de la 4T se sume a la ola de amparos que vienen para justificar el retraso y los millones de pesos del erario que se desperdiciarán en el proceso.

    AYER EL ABOGADO de White & Case que representa a Crédito Real en Estados Unidos, John Cunningham, estuvo en la audiencia del tribunal de bancarrotas de Wilmington, Delaware. Confirmó al juez Thomas Horan lo que le habíamos informado aquí el 15 de mayo pasado, en el sentido de que los tenedores de bonos que tienen en custodia más de mil 500 millones de dólares de deuda firmaron un preacuerdo. La intención es obtener las mayorías en los próximos 60 días para cerrar el acuerdo definitivo y de ahí aterrizarlo en México para reestructurar los cerca de 37 mil millones de pesos de deuda que incluye a los acreedores garantizados bajo la figura de un concurso mercantil.

    TAMBIÉN LOS QUE van avanzando en su reestructura, estos sí bajo un concurso mercantil, son los de Unifin. El viernes el Grupo Value, que encabeza el regiomontano Carlos Bremer, pagó a la empresa bursátil de Rodrigo Lebois alrededor de 55 millones de dólares por la venta de la plataforma semi sumergible Frida. Oxígeno puro con lo cual la financiera que dirige Sergio Camacho tratará de reactivar las líneas de crédito. Aquí el monto de la deuda ronda los 80 mil millones de pesos.

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