Escandaloso por decir lo menos, ha resultado el proceso en el cual el Congreso local aprobó las reformas que contradicen las normas constitucionales y es una afrenta mayor para los ciudadanos de Baja California, quienes votaron por un gobernador con un periodo de dos años y el propio Congreso lo extendió a 5 años. Se dice que compraron a los legisladores, no lo puedo afirmar, pero las protestas sobre este espurio hecho se escuchan desde la frontera norte a la frontera sur del país.
La decisión del Congreso Bajacaliforniano contraviene la Reforma Político-Electoral del 2014, específicamente la del artículo 116 Constitucional que determina que al menos una elección local de cada Estado coincidirá en fecha con elecciones federales, lo que deriva en que sólo se celebren jornadas electorales cada 3 años en el país. Para lograr esto, muchos estados tuvieron que aprobar periodos de transición en sus gobiernos locales, por ejemplo, en Puebla el gobierno de Antonio Gali Fayad, que sólo duró 1 año 10 meses; y la misma Baja California que ya había aprobado un periodo de 2 años para coincidir con las elecciones federales del 2021. Recuerden que aquí en Quintana Roo el gobernador solo estuvo 5 años y medio.
Tal es el rechazo a esta situación qué fundadores del Frente Democrático Nacional de 1988; que se transformó en el PRD y posteriormente en Morena; se pronunciaron en contra.
Cuauhtémoc Cárdenas ha sido contundente en acusar que esa reforma atropella la voluntad ciudadana y viola la ley en su espíritu y letra. Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo propone la desaparición de poderes en Baja California. Incluso se han sumado la senadora Ifigenia Martínez y Tatiana Clouthier. Principalmente se promueve que los 21 diputados que aprobaron la reforma sean sancionados por sus respectivos partidos; que se interpongan acciones de inconstitucionalidad y que el Senado intervenga para restablecer el orden republicano.
El presidente López Obrador declaró que ‘él no se mete’ y que le corresponderá al Tribunal Federal Electoral y a la Suprema Corte de Justicia resolverlo. Hay un gran descontento porque el gobernador electo afirma que la reforma es legal –ha de ser porque es su segundo intento de alargar su mandato ya que el TRIFE echó abajo el primero-.
9 diputados del PAN, 5 del PRI, 3 de Morena, uno del PRD, otro del PT, uno de Movimiento Ciudadano y uno más de Transformemos -el partido local-; se prestaron a votar esta reforma. Aunque es de esperarse que la Suprema Corte de Justicia lo resuelva, la desconfianza de los ciudadanos en los partidos políticos de cualquier sigla se acrecienta. Lamentamos que la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero no se pronuncie porque esto es gravísimo para nuestra democracia.
Por Cristina Alcayaga