En el periodo neoliberal, de 2013 a 2018, el precio de las compras consolidadas de medicamentos en el sector público tuvieron un decrecimiento de 3.95%.
En contraste, entre 2019-2020, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador el precio de las compras consolidadas registró un salto de 5.93%.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto el volumen de medicinas que se compraron aumentó 23.2% y en lo que va en la administración de la 4T las compras han caído 33.37%.
Por lo anterior, la industria farmacéutica establecida en México calcula que hoy el desabasto en los hospitales públicos es de 30%. Como nunca en ningún gobierno conservador y enmedio de una pandemia.
La carta del 26 de febrero que le reseñé aquí hace un par de días, donde se pide a las dependencias hacerse cargo de la compra de medicinas, es el reconocimiento del fracaso del modelo Insabi-UNOPS.
Alguien debe explicarle al Presidente que las claves de medicinas que la UNOPS logró fincar entrado el primer semestre de 2021, son compras que llegarán hasta el segundo semestre.
La inexperiencia de Juan Antonio Ferrer y de la UNOPS, a cargo de Guiseppe Mancinelli, provocaron que tuvieran que mandar a las dependencias federales a salir a comprar lo que puedan al precio que sea.
El sector salud va a hacer extensivo el contrato del año pasado a las compras de este año porque no hay licitación. Dicho de otro modo, van a tener que asignar de manera directa 268 claves de medicina de patente o fuente única y 192 claves de abasto crítico.
En la industria farmacéutica hay varias dudas con las extensiones de contratos de 2020 y 2019: ¿qué institución del gobierno federal va a pagar? ¿La Secretaría de Hacienda, el Insabi o la UNOPS?
Para comprar grandes volúmenes de medicamentos, la industria requiere un tiempo de hasta cuatro meses para planear y ejecutar la adquisición de insumos en China, India o en otros países.
Una vez compradas disponer de la logística de distribución que hasta el sexenio pasado dominaban Dimesa de Alfonso Álvarez Bermejillo, FESA de José Antonio Pérez Fayad y Maypo de Carlos Arenas.
El gobierno de la 4T tampoco ha entendido que las líneas de producción no se reactivan de un día para otro y que la Cofepris no está a la altura de las exigencias de salud del país.
“que se abran los contratos”, dice el ex director de la CFE, Enrique Ochoa. Señala que los acuerdos con Vitol deben ser públicos, transparentes y competitivos. No hay razón para que estén reservados. Esos fueron los criterios con los cuales se firmaron el sexenio pasado, porque solo así los consumidores podían obtener beneficios en términos de costos de la energía. Aunque el ahora diputado dejó la CFE 20 días antes de que se firmaran, defiende el modelo como si él mismo los hubiera rubricado. Tocó hacerlo a su relevo, Jaime Hernández. En el caso del de la compra del combustóleo, se trató de una licitación abierta en la que también participaron Glencore, BP, Mercuria y Trafigura. PMI (filial de Pemex) ganó nueve contratos y Vitol tres. Se los llevó quién puso el precio más competitivo y todos los contratos se referenciaron en dólares. Con respecto a si el combustóleo era ecológico o no, refiere que nunca hubo queja sobre la calidad de lo que se adquirió. En el acuerdo había una cláusula en donde se penaliza al proveedor por esa razón. Ochoa también celebra el swap que Pemex acordó con la CFE para que la primera proveyera combustóleo a las plantas de la segunda, porque dice que si no hubieran existido los gasoductos que se negociaron y construyeron durante su administración la empresa que ahora dirige Manuel Bartlett no hubiera podido importar el gas natural de Texas y transmitirselo a la petrolera que comanda Octavio Romero.
Sígale la pista a las reestructuras financieras de Cinemex, de Germán Larrea, y Cinépolis, de Alejandro Ramírez. La primera adeuda alrededor de 250 millones de dólares y la segunda mil 350 millones de dólares. Hay toda la disposición de los bancos, léase principalmente BBVA de Eduardo Osuna, Santander de Héctor Grisi, Banorte de Carlos Hank González, Citibanamex de Manuel Romo, Scotiabank de Adrián Otero, Bank of America de Emilio Romano y el Bancomext que hasta ayer dirigió Carlos Noriega, de negociar una salida pactada. Pero donde el hilo se puede romper, porque se están tensando las negociaciones de las dos cadenas, es con los arrendadores inmobiliarios.
Los gobiernos del Estado de México que comanda Alfredo del Mazo y de la CDMX que encabeza Claudia Sheinbaum, alistan la licitación de la denominada Interconexión Oriente. Se trata de una vía de una longitud de 6.8 kilómetros a cuatro carriles, que conectará la Calzada Zaragoza con la autopista Peñón Texcoco. La obra se estima que requerirá una inversión de unos ocho mil millones de pesos. Apenas hace un mes, el 9 de febrero, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que capitanea Jorge Arganis firmó un convenios con las dos entidades para implementar ese proyecto carretero. El 15 de febrero se publicó la convocatoria y el próximo 5 de abril se entregan las ofertas. Lo relevante es que GAMI, de Manuel Muñozcano, presentó una oferta no solicitada desde el 7 de enero.
Ayer sorpresivamente el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció el relevo de Carlos Noriega de la dirección general de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior. Su lugar fue ocupado por Juan Pablo de Botton, quien viene de la dirección general de Planeación del SAT. Se trata de un movimiento que promovió directamente Andrés Manuel López Obrador, no Raquel Buenrostro. Por lo que hace a Noriega, se asegura que irá como candidato a diputado plurinominal por Morena. Su objetivo de llevarlo al Congreso es para elevar la discusión técnica de las iniciativas de corte económico del partido de la 4T.