PEDRO ZENTENO, EL director del ISSSTE, sigue sin controlar a su directora de Administración, Almendra Lorena Ortiz Genis, que hace lo que quiere al interior de esa influyente institución.
La ex integrante del equipo de Ayudantía del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene puesto el reflector de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción, por su proceder en las últimas contrataciones a su cargo.
El caso más reciente, ahora, es el relacionado con la contratación del “Servicio Administrado de Fotocopiado, Impresión y Digitalización de Documentos”, identificado bajo el número IA-51-GYN-051GYN005-N-83-2023.
El contrato con duración de 24 meses fue adjudicado a la empresa representante del fabricante de equipos Sharp, esto es Comercializadora Dopaj, por la friolera de mil 240 millones de pesos, en un proceso plagado de irregularidades que terminó favoreciendo a esa razón social.
La licitación se hizo bajo el esquema “Contrato Marco”, establecido por la Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia de la República, que obliga al contratante a fijar rangos de precios, que en este caso van de acuerdo al promedio de fotocopias que realiza el ISSSTE al mes.
También prohíbe cualquier cambio o modificación de los alcances y especificaciones requeridas, para evitar cualquier intento de favoritismo.
Sin embargo, en esta licitación los operadores de Almendra Ortiz, Juan Carlos Suárez Guzmán y Alfredo de la Vega López, ambos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, ignoraron por completo los lineamientos que establece el “Contrato Marco”.
Echaron mano de todas las trampas a su alcance para descalificar a los diferentes concursantes y otorgarle el fallo a Comercializadora Dopaj, representada por Héctor Cruz Martínez, a pesar de existir una diferencia de más de 400 millones de pesos con respecto de los siguientes concursantes.
Ya sea por desconocimiento o intencionalmente, la convocante pidió a los participantes cotizar diferentes rangos de precios, con lo que provocó desconcierto y con ello se crearon lagunas que evitaron una evaluación equitativa de las propuestas.
No dejaron claro los precios de referencia y realizaron cambios de último momento en la junta de aclaraciones. De poco sirvió la participación de María Teresa Ticó Moreno, testigo social de la licitación, quien dejó pasar todas estas irregularidades.
Ante el actuar opaco de los funcionarios involucrados en el proceso, en donde ni siquiera se supo cuál era el rango en el que debían licitar los concursantes, y con un fallo que esconde los precios unitarios del ganador, las empresas Black Ecco e Industrias Sandoval ya presentaron una inconformidad ante el Órgano Interno de Control, en espera de que actúe con imparcialidad.
Mientras tanto, los más de 12.5 millones de derechohabientes tienen que padecer el pésimo servicio y el cada vez más notorio deterioro de la institución. ¿Quién protege a Almendra Ortiz?
PUES CON LA novedad de que la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acaba de admitir la demanda presentada por la empresa china Nuctech Company, que encabeza Zhiqiang Cheng, y las mexicanas Cruant y LPT Global Software, en contra del fallo de la licitación bajo tratados internacionales LA-007000999-E1040-2022 emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, que comanda Luis Cresencio Sandoval, dependencia que lo asignó a la estadounidense Rapiscan Systems, con todo y que la oferta de la firma presidida por George Edward Walther-Meade estuvo 2 mil millones de pesos más cara. Adicionalmente concedió en primera instancia la suspensión provisional para que los efectos de la cuestionada licitación cesen y no se pueda llevar a cabo la adquisición e instalación de sus equipos. Estamos hablando de la contratación de sistema de rayos X para la inspección no intrusiva (SINI) de vehículos de carga y ligeros del proyecto integral para el reforzamiento de infraestructura y equipamiento de las 21 aduanas, 19 pasos en el norte y dos en el sur del país. Actualmente se encuentra en debate la concesión de la suspensión definitiva (inicialmente negada), pues de continuarse con la ejecución del ilegal fallo se podría causar un daño al erario público por cientos de millones de dólares. Será esa sala la que en las próximas semanas determine si se concede la suspensión definitiva y posteriormente, si anula el fallo y/o la totalidad del procedimiento licitatorio que involucra un contrato por otra friolera de 11 mil 630 millones de pesos.
ADEMÁS DE LAS marcas comerciales y el paquete de inmuebles y el simulador de la extinta Mexicana de Aviación, otro activo que los trabajadores y jubilados tienen hasta abril de 2024 para vender y recuperar una ganancia, es el taller de mantenimiento. El llamado MRO desde siempre estuvo fuera de la masa concursal. Su última valuación arrojó un valor de unos 100 millones de dólares. Los principales acreedores, esto es Bancomext que dirige Luis Antonio Ramírez, Banorte que dirige Marcos Ramírez y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) que recién asumió Javier Villazón Salem, cedieron sus acciones a favor de los empleados en un fideicomiso que controla Invex, de Juan Guichard. Justo acaba de dejar la dirección del MRO el español Emilio Otero, quien llegó a esa posición en 2019. Ya se maneja el nombre de Oscar Argüello, el ex director precisamente de ASA, como su relevo.
BANOBRAS ACABA DE adjudicar a la aseguradora Bx+ el “Programa integral de seguros del Tren Interurbano México-Toluca tramo Zinacantepec-Lerma para el periodo 2023-2024” tras de que su oferta fuera la seleccionada. Las huestes de Antonio del Valle Ruiz se llevaron el contrato ofertando 79 millones 978 mil pesos. Dejó en el camino a HDI, que dirige Juan Ignacio González, cuya propuesta fue de 123 millones 853 mil pesos, y a Seguros Afirme, de Julio Villarreal, que puso en la mesa 96 millones 820 mil pesos. Pero también se impuso a Seguros Inbursa y a Seguros Banorte. Lo que nadie entiende fue porqué los pupilos de Jorge Mendoza optaron por tirar a la basura más de 80 millones de pesos. Y es que la empresa de Carlos Slim cotizó una prima de 7 millones 978 mil pesos y la de Carlos Hank González 5 millones 927 mil pesos.
RECIÉN EL EMBAJADOR de Japón en México, Noriteru Fukushima, entregó al Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grados rayos de oro con collar de listón. Se le reconoce su contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales al ser el estado de Guanajuato hoy en día la entidad mexicana donde más presencia tienen las empresas niponas. Fukushima destacó el reforzamiento de vínculos cuando Sheffield era diputado federal y alcalde de León y ahora como Procurador del Consumidor. Como alcalde fue clave en la atracción de muchos negocios. Hoy día Guanajuato posee 293 empresas japonesas, frente a las 250 de la CdMx, 130 de Aguascalientes y 120 de Querétaro.