El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tendrá la capacidad de llevar a cabo sesiones con un mínimo de cuatro miembros, tras la aprobación de su recurso de reclamación por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta autorización se concede debido a que el Senado no ha logrado designar a los comisionados pendientes del Instituto. A través del caso 229/2023-CA, el INAI presentó una queja argumentando que la ministra Loretta Ortiz Ahlf había denegado la suspensión correspondiente. En la sesión del 23 de agosto, los jueces revocaron esta decisión, lo que allana el camino para que la institución continúe con sus funciones.
¿Cuál era la razón detrás de la inactividad del INAI?
Desde el pasado mes de abril, el instituto no pudo llevar a cabo sesiones regulares después de que tres de sus comisionados concluyeran sus términos. Esto ocasionó que no se cumpliera con el número mínimo de miembros requeridos, según lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que exige la participación de al menos cinco comisionados para llevar a cabo las sesiones. Desde entonces, el INAI solo ha podido convocar a sesiones extraordinarias para abordar decisiones judiciales que exigían la revisión de resoluciones impugnadas en los tribunales.
El 2 de agosto pasado, la organización internacional Artículo 19 urgió a la Corte Suprema a conceder esta suspensión, alegando que «el INAI no puede resolver los 7 mil 570 recursos de revisión».
En el ámbito político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido uno de los críticos más fervientes del INAI, expresó en diciembre su apoyo a la abolición del instituto. Mencionó que la responsabilidad de la transparencia debería recaer en la Cámara de Diputados y en la Auditoría Superior de la Federación, argumentando que esto generaría ahorros significativos al eliminar lo que él considera como altos salarios de funcionarios.
El Pleno del INAI expresó su preocupación ante las críticas constantes por parte del jefe del Ejecutivo, quien ha tildado al instituto como insignificante. Afirmaron que estas declaraciones gubernamentales ponen en riesgo la existencia de la institución y, más importante aún, vulneran los derechos fundamentales garantizados por la Constitución mexicana, lo que podría limitar la capacidad de las personas para exigir y ejercer sus derechos humanos.