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    OpiniónEl caso de la jueza Malpica: Darío Celis Estrada

    El caso de la jueza Malpica: Darío Celis Estrada

    Opinión

    EN EL LITIGIO de CV Directo que enfrenta a Luis Epelsetein en contra de Ramón Andreu, los primeros han logrado el apoyo de la Juez Magdalena Malpica Cervantes, antes Juez Segundo Civil y ahora Juez Noveno Civil de Proceso Escrito.

    Esta Juez fue la que ayudó a Marcelo Ebrard se su litigo contra el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, y quien recientemente resolvió en forma irregular otro litigio, simulado, relacionado con la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

    La Juez es ampliamente conocida porque suele resolver el fondo de los asuntos sin dar vista a las partes y sin hacer públicas sus resoluciones, actuando bajo “secreto”, de tal forma que cuando el demandado se entera del juicio éste se ya encuentra en una posición jurídica muy frágil.

    Esta herramienta ilegal es la que utiliza la familia Epelstein con apoyo de la Juez Malpica, quien dictó 21 órdenes judiciales en menos de 24 horas, tal y como sucediera en otros casos llevados ante la misma juez, como el de Cruz Azul, Telefónica o Televisa.

    En este tipo de procedimientos espurios dos partes simulan ser demandante y demandado, respectivamente, para defraudar a una tercera, a quien se aplican las medidas previas a juicio, ya sea que ese tercero sea la UNAM, como en el caso de la ministra, o los empleados y socios minoritarios de CV Directo, a quienes se imponen órdenes judiciales en juicios en los que no son parte.

    Luis Epelsetein es el demandante, pero además representa al demandado y recibe en su nombre las comunicaciones del juicio, mientras que el demandado es Suave y Fácil, que está representada por los mismos abogados de la demandante.

    Toda una muestra de corrupción empresarial a la mexicana: los abogados de los demandados han recurrido ya a instancias internacionales, presentando denuncias contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    Asimismo, se han presentado denuncias en Estados Unidos con base en el FCPA (Foreing Corruption Practices Act), que sanciona cualquier ilícito cometido en el extranjero, pero del que se obtienen beneficios en ese mismo país.

    Esto basado en que parte de los 600 millones de pesos faltantes fueron enviados para sufragar gastos personales de los Epelstein en Estados Unidos.

    Por tal motivo el litigo involucra ya a American Express, a bancos extranjeros y a la Universidad de Nueva York, que habría recibido pagos directamente de la empresa controladora de CV Directo.

    POR LO QUE hace al juicio de Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios (Trese), la parte demandada solicitó que se atraiga a la Suprema Corte de Justicia el asunto relativo a su declaración de quiebra, lo que de permitirse por los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado, implicaría prolongar por más tiempo un concurso mercantil que lleva ya siete años y que supone una enorme piedra en el zapato para el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom), que comanda Edgar Bonilla. Este asunto ha tomado ya tintes personales entre los abogados que intervienen en el caso, que son los despachos Guerra Abogados que comanda Jaime Guerra, y Rivera Gaxiola, que capitanea Alonso Rivera Gaxiola, quienes representan a los acreedores de Trese. Sucede que la empresa concursada propiedad de Ricardo Silva fichó ahora a Víctor Olea, quien denunció a esos abogados contrarios, con excusas nimias, a fin de presionarlos para obtener negociaciones favorables a sus clientes. Aprovechando su amistad con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, Olea utiliza la Fiscalía para suprimir el libre ejercicio de la abogacía, cuestión que de suyo resulta escandalosa, máxime tratándose del presidente de la Barra Mexicana de Abogados, quien lejos de cuidar a sus agremiados, los amedrenta de forma ilegal para defender a una empresa quebrada desde hace más de un lustro y que ha defraudado a sus acreedores.

    POR CIERTO QUE el viernes se publicó por fin la sentencia de concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA). Alonso Ancira ha venido litigando meses atrás evitar la entrada de un visitador designado por el Ifecom, que encabeza el mismo Edgar Bonilla. El empresario se niega a reestructurar las deudas del productor de acero basado en Monclova, las cuales son superiores a los 600 millones de dólares, bajo la nueva Ley de Concursos Mercantiles y pretende reestructurarla financieramente en un estatus de quiebra, acogido precisamente, en la vieja Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1999. Aquí le dijimos desde abril que montó una simulación en la que aparentó hacerse a un lado para que un tercero, en este caso su amigo, el financiero David Chapman, consiguiera fondos para capitalizar la compañía, cosa que desde finales de marzo no ha sucedido. La semana pasada el juez Segundo Especializado en la materia, Saúl Martínez Lira, dio entrada a la demanda de concurso mercantil que promovió Transportes Especializados Bortoni. Esta semana se nombrará conciliador de AHMSA a Víctor Manuel Aguilera, el que había sido nombrado visitador y los abogados de Ancira nunca le permitieron entrar.

    CIRCULAN EN EL mundo del pádel denuncias por el uso indebido y la falsificación de la marca IPC International Padel Courts. Representantes de Islas Abogados, que dirige Carlos Islas, nos aclaran que no se trata de un señalamiento en contra de Bernardo Soto Borja, sino que más bien es el propio promotor de deportistas el que ha demandado a su antiguo socio, Diego de la Torre, tanto por la vía mercantil como por la ruta penal. De la Torre sigue siendo responsable en México del World Padel Tour y hay distintas organizaciones que mantienen tratos con él, en el entendido de que tenía plenos derechos sobre IPC y mantenía sociedad con Soto Borja. Ahora el caso está en manos del Poder Judicial.

    AL QUE LE fue muy bien el fin de semana fue a Adán Augusto López. El ex secretario de Gobernación tuvo muy buena acogida en los diferentes puntos que visitó en gira proselitista por Oaxaca. El tabasqueño le entró al que sin duda es uno, sino el principal talón de Aquiles del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador: los servicios de salud. Ofreció acceso  a medicamentos y a servicios de salud de manera universal y gratuita. López Hernández salió al paso de los rumores en el sentido de que por estar entrando a la época electoral se van acabar los apoyos de los programas sociales de la 4T.

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