Diputados pertenecientes a los partidos que forman parte de la coalición Va por México anunciaron su intención de interponer una acción de inconstitucionalidad con el propósito de detener la entrega de los libros de texto gratuitos. Asimismo, se comprometieron a brindar asesoría legal a los padres y madres de familia para que presenten solicitudes de amparo con el mismo fin.
En una conferencia conjunta en la Cámara de Diputados, señalaron que también organizarán foros en el recinto legislativo donde expertos, padres, madres y docentes evaluarán los contenidos de los libros.
Luis Espinosa Cházaro, líder del PRD, afirmó que el contenido de los libros de texto contraviene el Artículo 3 de la Constitución, el cual establece que la educación pública debe basarse en avances científicos, combatir la ignorancia y sus efectos, así como superar las limitaciones, los fanatismos y los prejuicios.
«Los libros de texto claramente transgreden este principio constitucional, por lo tanto, en esta misma semana, presentaremos una acción de inconstitucionalidad con las firmas de nuestro bloque legislativo para poner freno a la distribución inadecuada de los libros de texto gratuitos», expresó el diputado.
Agregó que estas acciones se llevarán a cabo en coordinación con las dirigencias nacionales del PRD, PAN y PRI.
Jorge Romero, coordinador del PAN, destacó que la discusión no versa sobre si el contenido de los libros es agradable o no, sino sobre el hecho de que el gobierno de AMLO está desobedeciendo una orden emitida por un tribunal federal.
Romero celebró que algunos gobiernos estatales, como Chihuahua y Guanajuato, hayan bloqueado la distribución de los libros y exhortó a los demás gobernadores a seguir su ejemplo. Señaló errores ortográficos, pleonasmos y la disminución en la enseñanza de matemáticas en los textos.
Exigió transparencia en los procesos utilizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para determinar el contenido de los libros.
Carolina Viggiano, del PRI, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener una obsesión por la adulación y de tratar de narrar la historia a su manera, alterando hechos históricos en detrimento de la educación de millones de niños y niñas.
Viggiano enfatizó que la SEP mantuvo en secreto durante cinco años la información sobre las asambleas para la creación de nuevos planes de estudio y libros, lo cual, según ella, infringe la ley.
Reiteró su compromiso de utilizar todos los recursos legales disponibles para detener la distribución de los libros y asegurar una educación de calidad y sin inclinaciones ideológicas para los niños y niñas del país.