La Fiscalía General de la República detuvo en la zona de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, a Simón Pedro de León Mojarro, quien anteriormente se desempeñó como coordinador de delegaciones en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la administración de Rosario Robles. La detención está relacionada con el caso conocido como la Estafa Maestra.
De León Mojarro, originario de Zacatecas, tenía en su contra cuatro órdenes de arresto, aunque en este momento la Fiscalía General de la República ha ejecutado una de ellas, la cual está relacionada con el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Este delito se relaciona con un contrato otorgado a la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) que presuntamente involucra el desvío de más de 124 millones de pesos.
Los agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía detuvieron a De León mientras caminaba por la Avenida Paseo de las Palmas 525, cerca de la Calle Sierra Gamón, alrededor de las 11:57 horas. En ese momento, vestía pantalones azul marino, zapatos negros y una camiseta tipo polo de color blanco con rayas azules y rojas, según el informe oficial.
Posteriormente, Simón Pedro de León Mojarro compareció en una audiencia inicial ante el juez de control Juan José Hernández Leyva, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, a la 00:30 horas de este martes. El juez determinó la prisión preventiva justificada debido al riesgo de fuga, y De León quedó recluido en ese centro penitenciario. Se programó una audiencia adicional para el próximo sábado, antes de la medianoche, en la cual el juez decidirá si procede su enjuiciamiento.
Además de la orden de detención ejecutada, existen al menos tres órdenes de arresto pendientes en contra de De León Mojarro relacionadas con el caso de la Estafa Maestra. Una de ellas conlleva el delito de prisión preventiva de oficio por delincuencia organizada y lavado de 77.8 millones de pesos, dinero que supuestamente se simuló con un contrato entre la Sedesol y la Universidad Autónoma de Morelos para realizar encuestas de beneficiarios de programas sociales que no fueron entregadas en su mayoría. Esta orden fue emitida por un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
Asimismo, existe otra orden de detención en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, relacionada con el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, vinculada al mismo contrato de encuestas. También hay una orden adicional emitida por ese mismo delito en el mismo recinto judicial, esta vez por un convenio de 52.2 millones de pesos con la Universidad Autónoma de Zacatecas, para desarrollar una «metodología» aplicable al padrón de beneficiarios de los programas de la Sedesol, en la cual la Fiscalía General de la República alega que se desviaron 26.6 millones de pesos.
Cabe destacar que Simón Pedro de León Mojarro es un político zacatecano que ha ocupado cargos en los partidos PRI y PRD y que tiene vínculos familiares con el ex Gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso. Durante la gubernatura de Ricardo Monreal en Zacatecas, De León se desempeñó como secretario de Planeación y Desarrollo Regional.
El caso que llevó a la detención de Simón Pedro de León Mojarro está relacionado con un contrato suscrito el 5 de marzo de 2015, en el cual la Sedesol pagó 124 millones 100 mil pesos a la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) para llevar a cabo los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS). La UIEM se comprometió a realizar estos cuestionarios en áreas rurales y semiurbanas con el fin de ayudar a la Sedesol a identificar y ubicar a las personas más necesitadas en las 32 entidades federativas.
No obstante, la FGR alega que se cometieron irregularidades, como la subcontratación de más del 49 por ciento del valor del contrato original, lo cual excedía el límite establecido por la normativa de adquisiciones del sector público. La universidad subcontrató a siete empresas y dos personas físicas por un monto de 122 millones 650 mil 300 pesos entre marzo y diciembre de 2015. La Auditoría Superior de la Federación denunció ante la FGR que la UIEM no proporcionó información sobre estas subcontrataciones por 13 millones 943 mil 700 pesos, y presentó documentos por 47 millones 483 mil 800 pesos que no acreditaron la prestación de los servicios. Además, se descubrió que la empresa AM Sistemas Informáticos entregó cuadernillos cuyo contenido coincidía con documentos previamente publicados en línea, lo que sugiere la falsificación de comprobantes de servicios prestados.
Por lo tanto, la Fiscalía concluyó que la Sedesol llevó a cabo una contratación indebida al no realizar un estudio de mercado y al no asegurar las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento, lo que resultó en un perjuicio económico.