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    OpiniónDejan solo a López-Gatell: Darío Celis

    Dejan solo a López-Gatell: Darío Celis

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    TODO INDICA QUE el cuestionado subsecretario de Salud Hugo López- Gatell empieza a quedarse solo en un frente más: su cruzada contra el cigarro electrónico.

    Si bien la semana pasada el funcionario aprovechó un foro organizado en el Senado para insistir en que estos productos no son una opción para dejar de fumar, la realidad es que la ciencia indica lo contrario.

    Tan es así que el martes pasado la Food and Drug Administration autorizó la comercialización de tres sistemas electrónicos de administración de Nicotina de R.J. Reynolds Vapor Company, que preside Guy Meldrum.

    El director del regulador, Mitch Zeller, afirmó que la autorización “es un paso importante para asegurar que todos los productos de tabaco nuevos se sometan a una sólida evaluación científica previa a su comercialización.

    Los datos del fabricante demuestran que sus productos con sabor a tabaco podrían beneficiar a los fumadores adultos adictos que se cambian a estos productos, ya sea por completo o con una reducción significativa en el consumo de cigarros, al reducir su exposición a sustancias químicas nocivas.

    En México, un creciente número de legisladores ya se dio cuenta que la prohibición impulsada por López-Gatell ha fracasado rotundamente en la protección de grupos vulnerables, como los menores de edad o los fumadores que buscan una alternativa menos dañina al tabaco.

    Entre ellos está el senador Ricardo Monreal, quien presentó una iniciativa para regular los cigarros electrónicos y que en la exposición de motivos afirma que el actual “modelo prohibicionista”, lejos de contribuir a contrarrestar el consumo de tabaco, ha incentivado el crecimiento de un mercado negro que impide dar seguimiento a los controles sanitarios y de calidad, dando pie a la manipulación de los dispositivos y a la inclusión de sustancias no reguladas altamente dañinas para la salud de las personas.

    Actualmente existen 25 propuestas de ley que buscan regular los cigarros electrónicos en México, 15 en la Cámara de Diputados y 10 en la Cámara de Senadores.

    Todos los partidos, salvo el PRD, han presentado al menos una iniciativa y de éstas sólo tres proponen mantener la actual prohibición. Las otras 22 coinciden en la necesidad de legalizar los cigarros electrónicos, con cuatro objetivos principales en mente.

    Uno es castigar a quienes faciliten estos productos a menores de edad; otro, proteger a adultos fumadores que buscan una alternativa menos dañina al cigarro de combustión, pero que hoy están orillados a obtener estos productos en el mercado negro con todos los riesgos sanitarios que eso implica.

    Una tercera es garantizar el derecho a la libre determinación de la personalidad, tal como se argumentó en el caso de la legalización de la mariguana; y finalmente cobrar IEPS a un producto que se comercializa abiertamente, pero cuyas ganancias van al mercado negro en vez de a las arcas del Estado.

    Mientras López-Gatell insiste en justificar su postura con medias verdades, como decir que el vapeo mató a 68 personas en Estados Unidos cuando ya se comprobó que esas muertes se debieron al consumo de productos adulterados, los legisladores mexicanos a favor de la legalización proponen seguir el ejemplo de las autoridades sanitarias de países que basan sus políticas de salud pública en ciencia.

    Estas autoridades han concluido que si bien el vapeo no es inocuo, sí es una tecnología que puede reducir significativamente las consecuencias del tabaquismo, tanto en muertes como en costo al erario público.

    Los hermanos oriundos de Reynosa, Tamaulipas, Javier y Rolando Cantú Barragán, dueños de la firma Transportes Internacionales Tamaulipecos (TITSA), siguen ganando contratos en Pemex. Al parecer el pacto de impunidad entre el expresidente Enrique Peña Nieto y empresarios de su gobierno, hoy está más vigente que nunca con Pemex Logística, que dirige Javier Emiliano González del Villar, y Pemex Transformación Industrial, que maneja Jorge Luis Basaldúa, vía la Gerencia de Transporte Terrestre, con la renta de pipas o camiones para transportar por carretera combustible u otros materiales. Los Cantú son primos de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo HIGA, del que apenas la semana pasada Andrés Manuel López Obrador se refirió como beneficiario “de los negocios que se hacían”, a propósito de la construcción y arrendamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.

    El viernes asumió el Ayuntamiento de Puebla el panista Eduardo Rivera. Es el cuarto municipio más poblado del país, con 1.7 millones de habitantes, y ubicado entre los 10 con mayor PIB. El ahora alcalde es considerado como la carta más fuerte del PAN para recuperar una gubernatura en los próximos tres años. Mantiene incluso buena relación con el gobernador morenista, Luis Miguel Barbosa, escenario diametralmente opuesto al que vivió en su primera experiencia como edil de esa ciudad, caracterizada por una confrontación con el gobierno estatal de quien fuera su correligionario, Rafael Moreno Valle.

    El sábado fue detenido Luis Alejandro Beristáin, apoderado legal de Interjet, contra quien el Juez Penal Federal en el Reclusorio Sur libró orden de aprehensión por el delito de defraudación fiscal equiparada, en la causa penal 416/2021. Interjet, de Alejandro del Valle y Miguel Alemán Magnani, omitió enterar el ISR retenido de salarios de julio de 2020 por 11 millones 952 mil 415 pesos. Ayer fue la audiencia de formulación de imputación ante dicho juez. El asunto se rige bajo las reglas de la reforma penal fiscal vigente a partir de 2020, por lo que el imputado llevará su proceso en prisión preventiva oficiosa, hasta su resolución.

    Por cierto que el mes pasado la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó querella en contra de Alberto Canseco García, ex director de Agroasemex, misma que ahora funciona como Aseguradora Agropecuaria y de Bienes Patrimoniales del gobierno federal. Canseco ocupó esa posición cuando el secretario de Hacienda era José Antonio Meade. La acción de los pupilos de Carlos Romero Aranda se presentó ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate de la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos.

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