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    Bremer irrumpe con la venia de AMLO: Darío Celis

    Opinión

    Las dos primeras grandes licitaciones de arrendamiento de vehículos del gobierno de la 4T están en marcha y prometen modificar la configuración del mercado que se creó en los últimos dos sexenios.

    Hablamos de contratos por alrededor de 6 mil 500 millones de pesos para arrendar más de 7 mil unidades. Son las que consolidará la Secretaría de Hacienda y la de Seguridad Alimentaria Mexicana.

    Como habíamos anticipado, desaparece primera vez en los últimos 9 años el uso del Contrato Marco que rigió los arrendamientos en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón.

    Durante esos dos sexenios se licitaron servicios para las dependencias públicas por más de 15 mil millones de pesos y el negocio se concentro, a lo sumo, en tres grandes jugadores.

    El primer contrato que centralizó Hacienda que lleva Arturo Herrera, vía la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, pone en juego un costo máximo de contratación de 3 mil 417 millones de pesos.

    La dependencia está solicitando un total de 6 mil 500 automotores para integrar durante tres años la flota vehicular de las 45 secretarías de Estado y sus órganos desconcentrados.

    El gobierno federal en diferentes partidas requiere sedanes, pick ups, SUV´s de siete pasajeros, camionetas van de carga y de pasajeros, camionetas de 3.5 toneladas e incluso motocicletas.

    Le informé que la más grande de las tajadas, que sería hasta del 50% del contrato, se perfila para entregarse en la última semana de este mes a la desconocida firma Cebenssi, de Julio Sánchez Ocaña.

    En segundo lugar aparece Casanova Rent de los hermanos Joaquín y Carlos Echenique, con el 30% de las partidas, y en tercer figura Grupo Lumo, de Luis Montaño, con el 10%.

    Por lo que hace a la de Segalmex, se trata del arrendamiento de una flota de vehículos pesados que comprende 600 camiones rabones, 100 tortóns y 100 tractocamiones.

    El contrato de Seguridad Alimentaria Mexicana, que dirige Ignacio Ovalle, implica un costo por servicio a cuatro años que se calcula en alrededor de otros 3 mil millones de pesos.

    En este proceso se anticipa para el 22 de septiembre un resultado sorpresivo, pues durante la junta de aclaraciones irrumpió entre los arrendadores tradicionales un nuevo tirador.

    Hablamos de Carlos Bremer, el dueño de Value Grupo Financiero, que es el que más preguntas ha emitido al comité organizador de esta licitación: 26 para ser exactos.

    Bremer, muy en el ánimo ya de AMLO tras haber comprado la casa de Zhenli Ye Gon, se va medir con los pesos pesados de este negocio: Casanova de los Echenique e Integra de Ángel Mieres.

    LA CONFESIÓN DE Alonso del Val Echeverría viene a ratificar lo que aquí apuntamos días atrás: el socio del despacho de abogados neoyorquino Quinn Emanuel, Daniel Pulecio-Boek, está metido en una bronca en México y de paso compromete al flamante embajador de Estados Unidos, Christopher Landou, ex socio de esa aguerrido bufete de litigantes. Y es que Del Val, ex director jurídico de Oro Negro y sobre quien pesa una orden de aprehensión, confirmó que la demanda contra Pemex y el Estado mexicano que preparó Pulecio está plagada de mentiras de Gonzalo Gil, José Antonio Cañedo White y Carlos Williamson. Menudo brete en el que metieron a sus defensores que encabeza el penalista Alberto Zinser.

    FÍJESE QUE EN eso de retener la F1 por tres años más, el gobierno de la CDMX de Claudia Sheinbaum acordó un esquema por demás novedoso. Dos empresarios: Alejandro Soberón y Carlos Slim, con todo el apoyo de Miguel Torruco, el Secretario de Turismo, van a realizar aportaciones que sustituirán los recursos públicos que Andrés Manuel López Obrador cortó de tajo. Peeeero, a cambio los patrocinadores recibirán de regreso su dinero vía préstamos blandos o créditos fiscales para desarrollar otros negocios. Este formato parece que se podrá replicar en otro tipo de eventos y espectáculos.

    LA DECISIÓN DE Pemex de vetarle a contratistas bancos para financiarse y darles portazo, generó un mercado negro de cobradores. Los más prestos son diputados que ofrecen resolver los problemas a cambio de moches de entre 10 y 15%, y los odiados factureros que encontraron en la morosa empresa productiva del Estado que maneja Octavio Romero un nuevo filón de negocios. BBVA de Eduardo Osuna y Banorte de Carlos Hank Rohn, tradicionales fondeadores de negocios petroleros, están bien felices con el veto que les impuso el director de Finanzas, Alberto Velázquez.

    ESTE VIERNES EL broker naviero Clarkson debe estar cerrando las ofertas por el paquete de 9 barcos de Naviera Naranja que está sacando a subasta Rabobank. Le decía que se interesaron Diavaz de Luis Vázquez, Blue Marine de Juan Reynoso y Demar de Denis Chao. La lista es más larga. Considere también a Protexa de Rodrigo Lobo, Micoperi de Fabio Bartiloti y Naviera del Golfo de Fabián Narváez y Omar Olvera. Por supuesto Galem de Miguel Alemán Magnani aliado a Amado Yáñez, cuya Oceanografía los operaba.

    DE LOS TRES distribuidores que a estas alturas el presidente Andrés López Obrador sigue culpando de los males del desabasto de medicamentos, que no por la ineptitud de sus colaboradores de Salud y Hacienda, el que está pasándola más dura es Fármacos Especializados. A diferencia de Dimesa de Carlos Álvarez y Maypo de Carlos Arenas, la de José Antonio Pérez Fayad quedó inhabilitada y algunos laboratorios ya no le están renovando contratos. Apunte a Pfizer que lleva Rodrigo Puga y Novartis al mando de Ana Longoria.

    EL INEGI RECIBIÓ el miércoles ofertas para adquirir 14 mil sistemas de cómputo que apoyarán el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020. Ahora mismo se están corriendo las pruebas en Aguascalientes, la sede del organismo que comanda Julio Santaella. Se dividió en 3 partidas: la primera 11 mil 800 notebooks, la segunda 2 mil 824 notebooks y la tercera 170 computadoras de escritorio. Mainbit, de José Antonio Sánchez, aliado a Lenovo de Marco Jiménez es la que va punteando. El fallo es la próxima semana.

    AYER EN PALACIO Nacional José Antonio Fernández Carvajal, el número 1 de Femsa. Se reunió con el presidente López Obrador y solo hubo dos testigos de todo lo que hablaron: Carlos Salazar, ex director precisamente de Femsa y ahora presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Alfonso Romo Garza-Madero, Jefe de la Oficina de Presidencia, con el que El Diablo mantiene un distanciamiento histórico por desaveniencias familiares.

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