A pesar que la autoridad estatal tiene intenciones de absorber algunas facultades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Reyna Gil Hernández, presidenta del Consejo Técnico Asesor de Manglares de Nichupté, fue clara al decir que primero debería de asumir las que le corresponde, ya que tampoco tiene personal ni dinero para cubrir lo que le compete por ley.
La bióloga ahondó que, antes que nada, los nulos resultados que tiene la Profepa en los últimos años es por la reducción de personal y de recursos. Dijo que con seis u ocho inspectores para todo el estado es imposible que cubran todas las necesidades que se tienen en Quintana Roo a nivel ambiental, dado la cantidad de ecosistemas, la fragilidad de ellos y el uso que se le da, sobre todo a los de dunas costeras y arrecifes.
Reconoció que los ilícitos ambientales son de manera alarmante y van en aumento, sobre todo en Puerto Morelos donde se han presentado presuntos casos como el de corales aplastados con cubos de concreto por parte de la empresa Dakatso, el daño del barco de la Semar a más de 120 metros lineales de arrecife o el verter aguas negras por parte del desarrollo The Fives, por lo que seis u ocho personas es imposible atenderlas.
Atrasos por falta de personal
Con relación a cederle facultades al estado, Gil Hernández dijo que se tendría que ver legalmente y analizar la Ley de Equilibrio Ecológico, porque hay una serie de facultades que la federación ha cedido el manejo o la atribución a los estados por medio de convenios.
Dejó en claro que, pese la nula actuación de la Profepa en muchos casos, no hay impunidad ambiental en el estado, sino que son atrasos por falta de personal.
En torno a que si es factible que el estado asumiera algunas funciones de Profepa, la expresidente del colegio de Biólogos de Cancún aseguró que primero el estado debería de asumir las que le corresponde, ya que tampoco tiene personal ni dinero para cubrir lo que le compete por ley.