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domingo, septiembre 26, 2021
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    OpiniónLa guerra del mezcal: Darío Celis

    La guerra del mezcal: Darío Celis

    Opinión

    La Cuarta Transformación

    Conforme a la legislación vigente, una Denominación de Origen debe contar con tres elementos: declaratoria de protección, Norma Oficial Mexicana y organismo de certificación.

    El 28 de noviembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la resolución mediante la cual se otorga la protección prevista a la denominación de origen Mezcal, para ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre.

    Mezcal es una denominación de origen que presenta particularidades con respecto a otras, debido en primer lugar a la dimensión del territorio protegido, las constantes ampliaciones de la zona de protección y la interacción de grandes productores.

    Estos últimos emplean técnicas modernas, con familias productoras cuya capacidad es mínima tanto en cuestión de prácticas de elaboración como en cantidades.

    Esa brecha entre productores conlleva un tema social que en ocasiones genera fricciones entre productores.

    El organismo de verificación tiene como finalidad comprobar la calidad del producto, abarcando toda la cadena productiva; es decir, desde la plantación de agaves hasta el envasado y comercialización.

    En el caso del mezcal, el organismo de certificación era el Consejo Regulador del Mezcal, el cual estuvo funcionando varios años y si bien no tenía suficiencia de recursos mantuvo la operación hasta el año 2021.

    Derivado del cambio de dirigencia, se generó un problema que de no controlarse puede tener implicaciones sociales.

    La dirigencia saliente, que lideró por años Hipócrates Nolasco, llevó a cabo un cambio de estatutos privilegiando a la representación, a través de delegados y una modificación estructural, la cual incluía la creación de un cuerpo de vigilancia.

    Un sector de los socios del Consejo se inconformó y convocó a una asamblea, en la cual se desconocieron los cambios referidos en el párrafo anterior y se eligió una nueva dirigencia, encabezada ahora por Abelino Cuetero, misma que fue desconocida por el sector afin a la administración saliente que votó por otro cuerpo directivo.

    Actualmente la labor de certificación está siendo realizada por las dos facciones en pugna, lo cual genera incertidumbre en los productores, pero también en los compradores.

    A estos dos grupos se suma un tercero, representado por Juanito Martínez, constituido por los pequeños productores que consideran necesario una certificación con precios preferenciales, dada su limitada capacidad económica.

    De no solucionarse este problema, se pone en riesgo la credibilidad de la Denominación de Origen y la viabilidad de los pequeños productores tradicionales.

    La frialdad de los números en el abasto de medicamentos para el sector público, expone la indolencia oficial que, en otro tiempo, podría haber terminado en un juicio político contra las autoridades de salud. Vea usted: el gobierno de la 4T decidió no adquirir las medicinas que usa el sector público, que tradicionalmente se abastecía con mecanismos de consolidación dentro del país, y decidió en su lugar pagar a la Oficina de las Naciones para Servicios de Proyectos (Unops) unos 109 millones de dólares para realizar una compra consolidada internacional, que a la postre resultó que será abastecida en un 98% por empresas establecidas en México. Aún peor: la Unops, que dirige aquí Fernando Cotrim, y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que lleva Juan Antonio Ferrer, seleccionaron mil 183 claves de medicamentos para ser adquiridos, pero el 55% de las claves convocadas, es decir, 653, quedaron desiertas. De las 530 que sí fueron adjudicadas, el 40% no está garantizado, es decir, no tiene contrato, lo cual es muy grave porque las empresas no tienen la certeza de la compra y no pueden planear la producción que, como en todo el mundo, requiere al menos de tres meses de plazo para entregarse.

    Si usted está en el negocio del comercio exterior de petrolíferos esto le puede interesar porque en la 4T, según disposiciones del SAT que maneja Raquel Buenrostro la empresa privada cada vez tendrá menos espacios para el negocio de la transportación de petrolíferos y “sólo” las empresas productivas del Estado podrán solicitar la entrada o salida de hidrocarburos por Lugares Distintos a los Autorizados (LDA). Actualmente en las terminales de petrolíferos y petroquímicos a granel hay compañías que gozan de la autorización de LDA. Le mencioné los casos de Hidrosur, de William Karam, en Progreso, y de Ienova, de Carlos Ruiz Sacristán, en Veracruz, que operan como recinto fiscalizado. Lo que la 4T ha estado haciendo es no otorgar nuevos permisos ni en terminales marítimas y mucho menos en tierra (frontera), pues pretende retomar el monopolio de la distribución de petrolíferos. Todo esto está siendo operado por la Comisión Reguladora de Energía, que preside Leopoldo Melchi, y la Agencia de Seguridad Ambiental, a cargo del cinco veces rechazado para ocupar cargos en organismos energéticos, Ángel Carrizales.

    En el mundo han nacido alrededor de ocho millones de seres humanos con ayuda de alguna de la reproducción asistida, por lo que desde hace 50 años se han desarrollado técnicas de fertilidad que ayudan a las parejas a concebir. En México 15% de la población en edad reproductiva tiene problemas para engendrar hijos, unas 26.6 millones de parejas, lo que representa un negocio potencial de 121 millones de pesos. El doctor Héctor Godoy Morales, director de la Clínica de Fertilidad y Cirugía Reproductiva ART y jefe de la Unidad de Medicina Reproductiva en el Hospital Ángeles del Pedregal, es pionero en la aplicación de estas técnicas en México y dice que hay una tasa de 45% de éxito cuando se lleva a cabo un tratamiento adecuado. Algunos de los procedimientos pueden ir desde la inseminación artificial o la capacitación de los espermas, hasta procedimientos altamente especializados, como la fertilización “in vitro” o la vitrificación de óvulos.

    Ante falta de quórum en la Comisión de Economía ayer no se pudo abordar el relevo de la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandra Palacios. Gustavo Madero, quien preside dicha comisión, se quedó esperando que legisladores informales como Napoleón Gómez Urrutia, Alejandro Armenta, Jorge Carlos Ramírez, Gerardo Novelo, Ernesto Pérez, Gilberto Herrera, Ifigenia Martínez y María Marena se conectaran. El proceso urge porque el plazo para renovar la presidencia vence en septiembre.

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