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    OpiniónBiden y Trudeau afilan cuchillos: Darío Celis

    Biden y Trudeau afilan cuchillos: Darío Celis

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    Tan pronto como Joe Biden se declare presidente electo, las diferencias con el Gobierno de México se van a hacer evidentes en 3 áreas del TMEC: agenda verde, seguridad en las inversiones extranjeras y discriminación en política laboral.

    La Cámara Americana de Comercio, la Cámara Canadiense de Comercio, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador respeto a las reglas del juego en materia de acuerdos comerciales que den certidumbre a la inversión y empleo.

    El 20 de enero Biden y Kamala Harris llegarán a la Casa Blanca y entre sus primero compromisos anunciarán el Plan de Energía Limpia y Justicia Ambiental que va a entrar en un serio conflicto con la inexistente política ambiente del gobierno de la 4T.

    1.- Estados Unidos regresa como actor fundamental al Acuerdo de París de Naciones Unidas.
    2.- El gobierno demócrata se compromete a tener una economía basada en energías limpias y cero emisiones de Gas de Efecto Invernadero (2050).
    3.-Destinará entre 2021 y 2025 algo así como 500 mil millones de dólares para la generación de energías limpias; dará créditos fiscales para hacer el cambio a energías sustentables y creará una nueva normatividad severa para quienes sigan utilizando combustibles fósiles en sus procesos de exportación.
    4.- Desde Canadá a Sudamérica se va presionar a los países para que desarrollen una red eléctrica regional basada en energías limpias.
    5.- Los autos de exportación a Estados Unidos tendrán que ser eléctricos.

    Hay que revisar la letra chiquita del T-MEC firmado con los gobiernos de Donald Trump y Justin Trudeau porque las posibles sanciones comerciales contra México y sus empresas por el uso de energías y procesos centrado en energéticos contaminantes.

    El primer ministro Trudeau, pero sobre todo Chrystia Freeland, su negociadora, junto con las empresas canadienses en México, aceptaron sentarse a negociar con la CFE de Manuel Bartlett y la Secretaría de Energía de Rocío Nahle, los nuevos términos de los contratos de inversión en el sector porque dieron un voto de confianza al nuevo gobierno de México.

    Pero el bono democrático para López Obrador acabó y con la llegada de los demócratas a la Casa Blanca la mancuerna Biden-Trudeau va a ser despiadada: no va a haber justicia y gracia para la 4T: le van aplicar la ley del T-MEC a secas.

    Juzgue un ‘paper’ de empresas de Canadá en México titulado “Compromisos energéticos de México en el T-MEC y otros acuerdos comerciales (CPTPP)”, donde recuerdan al gobierno mexicano los compromisos firmados.

    “México no puede cambiar sus leyes de manera contraria a lo pactado previamente en otros acuerdos; no puede discriminar a los inversionistas extranjeros sobre los nacionales; no puede tomar medidas que se traducen en una expropiación disfrazada de los activos de los inversionistas; no puede favorecer discriminatoriamente a las empresas estatales como Pemex y CFE respecto de sus competidores o clientes privados”.

    “No puede dictar resoluciones gubernamentales caprichosas o permitir que sus órganos autónomos sean omisos en su actuación pública al no resolver ningún expediente de los particulares, por ejemplo la CRE”.

    La Cámara de Comercio de Canadá cita el artículo 32.11 del T-MEC y recuerda a Bartlett y a Nahle, pero sobre a su jefe, que México otorgó a Estados Unidos y Canadá un trato equivalente de nación más favorecida en inversión, comercio transfronterizo de servicios y empresas del Estado.

    México sólo podrá aspirar a atraer inversiones “si se comporta como un socio comercial serio y confiable, con una visión moderna y de largo plazo”.

    Y por último, la inversión y generación de empleo tiene en México su punto de aterrizaje en la aplicación de esquemas laborales que sean democráticos, transparentes y respeten derechos.

    Los demócratas estadounidenses y el Partido Liberal de Canadá van a exigir, antes de llevar a México a paneles en el T-MEC, que las elecciones sindicales sean reales, que los líderes sindicales transparenten sus finanzas.

    Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces, Víctor Flores, Isaías González, Francisco Hernandez Juárez, Carlos Aceves del Olmo, entre otros dirigentes, deberán entrar al redil.

    Los esquemas de contratación de personal en México no pueden ser discriminatorios en el paragüas del T-MEC, ni más allá ni menos de los que existen en mercados de Norteamérica, Asia o Europa.

    Campo parejo para todos en materia de contratación y subcontratación laboral. La nueva iniciativa contra el outsourcing que se elaboró desde la Consejería Jurídica de la Presidencia que comanda Julio Scherer, va ser otro punto de inflexión en esa discusión.

    La potencial ley en la que también dieron sus comentarios abogados laboralistas como César Maillard y el incómodo Arturo Alcalde, padre de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, presentadora de la misma, va contra los intereses en materia laboral de nuestros socios comerciales.

    Ojalá los legisladores morenos entiendan y apliquen lo negociado en el T-MEC, en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con otras naciones.

    En torno a las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir la delincuencia organizada y el lavado de dinero, se suma una en la que podría estar implicado el empresario David Avayou Alemán, señalado de ser beneficiario del gobierno de Rafael Moreno Valle mediante contratos leoninos. En este supuesto se habría tejido una red de corrupción que involucra a ex funcionarios y empresarios donde no sólo se encuentran el accionista de Interlift, ganador del contrato de construcción del teleférico en Puebla. Entre los implicados podría estar Ángel Trauwitz, ex Secretario de Turismo de Puebla, Lorenzo Rojas, dueño de Mextur Transporte Turístico; Roberto Mastachi Molina, ex Director Jurídico Consultivo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Puebla y Jorge Santillán, abogado. David Avayou, junto con las sociedades en las que es accionista, es investigado por las huestes de Santiago Nieto, dada su participación en un esquema de “factureras” utilizada para evasión fiscal. Ahí se encuentran  EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), como IKGA Comercializadora Nacional, Kapribak Comercializadora, Skadeo y Corporativo Gurdip, entre otras. Recordar que el empresario implicado ha sido anteriormente señalado por un similar esquema de beneficios mediante contratos públicos además del de Puebla con los gobiernos del Estado de México, Querétaro y Veracruz.

    Ayer se publicaron las bases de la licitación de los estímulos de fin de año para los trabajadores del gobierno de la CDMX que lleva Claudia Sheinbaum, mismos que serán mediante vales de diversas denominaciones. Un contrato de un monto máximo de hasta 3 mil 669 millones de pesos y en donde los papeles deberán ser entregados el 14 y 15 de diciembre en las pagadurías de las dependencias, alcaldías y órganos desconcentrados y autónomos de la metrópoli. Las bases claramente están dirigidas a Broxel. Sorprende el conocimiento técnico de la Dirección General de Administración de Personal, a cargo de Sergio López Montecino, en materia de medidas de seguridad de los vales, al empujar que un requisito es que se utilice una tinta color turquesa que utiliza Broxel y que los documentos sean recibidos en una red de micro comercios denominados Mercomuna, a fin de promover la actividad económica en las alcaldías y en donde coincide que la totalidad de dichos micro comercios sólo están afiliados con la misma compañía de Gustavo Gutiérrez. Nuevamente la madre de las licitaciones este año parece estar dirigida.

    En la medida que pasan los días las diferencias entre el canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se ahondan por el control de las vacunas anti Covid-19 que ingresarán a México. La próxima semana el IMSS, que dirige Zoé Robledo, iniciaría pruebas entre derechohabientes de la vacuna de Jhonson & Jhonson, negociación que hizo Ebrard, pero que se desconoce bajo qué protocolo. El titular de Relaciones Exteriores también gestionó la vacuna china de CanSino Biologics y la del estadounidense Pfizer. En el primer caso también sin protocolo avalado por López-Gatell y en el segundo éste ya cuestionó la ausencia de una red en frío para conservarlas. El jaloneo de los funcionarios se debe a que Andrés Manuel López Obrador les dio poderes casi plenipotenciarios que ya se están contrapunteando. Uno de salir a comprarlas y el otro de autorizarlas aquí.

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