28 C
Cancún
martes, octubre 19, 2021
Más
    OpiniónZape de Aléatica al abogado tuitero: Darío Celis

    Zape de Aléatica al abogado tuitero: Darío Celis

    Opinión

    La Cuarta Transformación

    ¿se acuerda de Paulo Díez Gargari el abogado y apoderado de Infraiber, más famoso por sus rabietas que por sus actuaciones en tribunales?

    Acaba de recibir un duro guantazo a cargo del Poder Judicial del Estado de México, la Fiscalía General de dicha entidad así como de los abogados de Aleática, que capitanea Rubén López.

    Y es que el 24 de septiembre la Juez Janelly Gutiérrez Ruíz le negó el acceso y copias de la carpeta de la investigación TOL/FAE/FAE/107/279921/20/11.

    Esto después de que tanto la Fiscalía General del Estado, así como los asesores jurídicos de la concesionaria, interpusieran recursos de revocación en contra de la decisión inicial de otorgarle acceso a la investigación.

    Decisión que se basó únicamente en los dichos de Paulo Díez, quien, dicen los que saben, ha intentado por todos los medios, legales y extralegales, conseguir el expediente donde sabe tiene la calidad de indiciado.

    Como usted recordará, y si no, puede consultarlo en la cuenta @PDiezG en Twitter, el 27 de septiembre de 2020 Paulo publicó sus intenciones de invadir y tomar el Viaducto Bicentenario.

    Incluso, el día designado para su función, apareció momentos antes en su noticiero amigo para anunciar su intención de tomar la vía de comunicación, lo que llevó a cabo momentos después.

    Los recursos aludidos demuestran que, contrario a las letánicas publicaciones del tuitero/abogado, éste no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados por el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le confieren al imputado la posibilidad de obtener acceso a la investigación.

    De esa forma sus entelequias no equivalen a argumentos jurídicos y mucho menos a violaciones a sus derechos humanos.

    Quienes lo conocen señalan que su intención al obstaculizar la vía de comunicación era provocar al Gobierno del Estado de México y ocasionar un tumulto para darle respiración artificial a su desgastada narrativa de represión y persecución en su contra.

    Lejos de eso, la Fiscalía y la concesionaria iniciaron los procedimientos legales y pertinentes, dentro de los que se encuentra, naturalmente, una investigación criminal, pues después de todo en la entidad que gobierna Alfredo del Mazo Maza es delito invadir y obstaculizar las vías de comunicación.

    Es un secreto a voces dentro de las oficinas del Ministerio Público que Paulo “está clavado”, que significa en el lenguaje de los fiscales que el delito es relativamente sencillo de demostrar y que el cúmulo probatorio es más que suficiente para condenarlo.

    Fiel a su estilo, Paulo Diez y sus abogados intentarán conseguir cualquier información reservada para explotarla en los medios y enlodar la labor de la Fiscalía.

    Como ya sabemos, el abogado de redes sociales argumentará activismo y dirá que se trató de una “toma ciudadana” de la vía de comunicación, lo que, en términos legales, equivale a que un asaltante diga ante el juez que sí robo, pero que se trató de un “atraco ciudadano”.

    Y tuiteará que lo que busca es justicia para los mexicanos y que sus acciones nada tienen que ver con el contrato millonario que el Estado de México revocó a sus patrones para operar en la misma vía de comunicación que invadió.

    Contrario a lo que se ha señalado en las recientes semanas, no existe vínculo entre Grupo Escorfin, cuya presidencia tiene Roberto Guzmán, con la empresa de servicios financieros Corafi, que encabeza René Dávila, a la que se relaciona con la emisión de 700 millones de pesos en certificados bursátiles adquiridos por Segalmex, que dirige Ignacio Ovalle. Escorfin cuenta con una trayectoria de 20 años en el ámbito de los servicios financieros en México, Latinoamérica, Estados Unidos y ahora Europa. En estas dos décadas ha centrado sus esfuerzos en el financiamiento de distintos proyectos públicos y privados. Llama la atención que durante este periodo en ningún caso ha cometido incumplimientos y es reconocido en el mercado por ser uno de los grupos empresariales que mayores activos y proyectos tiene para cumplir con sus obligaciones. Ha sido la propia autoridad hacendaria la que, en distintas ocasiones, ha reconocido a Escorfin como una organización responsable.

    Con todo y la oposición de la Secretaría de Hacienda, que capitanea Rogelio Ramírez de la O, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó ayer temprano la licencia al Banco Accendo. Desde la semana pasada había pláticas con su CEO, Javier Reyes de la Campa, para evitar una intervención del regulador. Lo último que se puso en la mesa fue una inyección de capital de 30 millones de dólares de un fondo estadounidense, pero sobre todo la renuncia del mismo Reyes. Sin embargo ya no hubo forma de dar marcha atrás a la decisión del organismo que encabeza Juan Pablo Graf, la cual se tomó el lunes a primera hora. Accendo es el segundo banco en el gobierno de la 4T que es liquidado. Hace un año corrió la misma suerte Banco Famsa, de Humberto Garza. KPMG, que conduce Víctor Esquivel, será el liquidador de Accendo.

    Como se esperaba La Peninsular, la constructora de Carlos Hank Rhon, ganó el proyecto del Trolebús Chalco-Santa Martha. La empresa que dirige Alberto Pérez-Jácome se lo llevó con la mejor oferta de las siete que recibió el gobierno del Estado de México, que comanda Alfredo del Mazo Maza. Estamos hablando de siete mil millones 372 mil 848 pesos. En segundo lugar quedó HYCSA de Alejandro Calzada con siete mil millones 436 mil 698 pesos y en tercer sitio Grupo ICA que dirige Guadalupe Phillips con siete mil millones 570 mil 836 pesos. Le decía que al final la Secretaría de Movilidad que encabeza Luis Limón se disparó en el precio y que los recursos saldrán del gobierno federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador.

    Mañana es el fallo del puente atirantado del Tramo 3 del Tren México-Toluca. Fueron siete ofertas las que recibió la SCT de Jorge Arganis. Pero la pelea está en dos grupos. El primero es el de ICA, que tiene como accionista principal a David Martínez, que va asociado con IDINSA de Víctor Ortiz. Y el segundo es un consorcio conformado por Contratista General de América Latina de Hilario Orozco, Ideurban de José Serur Cababié, Jaguar de Moisés Zecua y Alfa Proveedores de José Abed. El primero ofertó 989 millones 910 mil pesos y el segundo 845 millones 861 mil pesos, una diferencia de 144 millones números redondos. El subsecretario de Infraestructura, Jorge Nuño, está tan empeñado en que se lo lleve ICA que anda haciendo todo tipo de piruetas.

    Sobre la línea 1 del Cablebús, nos dicen que desde un principio se estableció en el contrato con el gobierno de la CDMX que encabeza Claudia Sheinbaum, que el mantenimiento preventivo del cable sería en los primeros meses. El ajuste del cable es un procedimiento necesario y normal en todos los teleféricos del mundo para reforzar la seguridad de este medio de transporte. A esto se debe el anunciado mantenimiento que hizo el secretario de Movilidad, Andrés Lajus, y no a fallas en el diseño de la obra que fue adjudicada a Gami de Manuel Muñozcano y la austriaca Doppelmayr, que dirige aquí Konstantinos Panagiotou.

    Recientes