La iniciativa de reformas a la Ley de Delitos de Imprenta por la que se propone cuadruplicar el monto de la multa por injuriar al presidente de México ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre la protección de la figura presidencial y el respeto a la libertad de expresión. Por un lado, esta última es un derecho fundamental que debe ser protegido y promovido en todas las sociedades que se dicen democráticas. Por el otro, la figura presidencial es un símbolo importante del gobierno y merece respeto, lo que no significa que esté exenta de la crítica y la opinión de los ciudadanos y los medios, quienes tienen el derecho a expresar sus ideas, así como a exigir transparencia y rendición de cuentas.
Esta reforma fue percibida como un intento de limitar la libertad de expresión para silenciar a los críticos del gobierno y podría haber sido atribuida al presidente López Obrador, pero inmediatamente él la rechazó y prometió que la vetaría en caso de que fuera aprobada.
Paradójicamente, este suceso puso al descubierto hechos que no escaparon de la crítica pública. Se cuestionó por qué una Ley anacrónica de 1917, la de Delitos de Imprenta, sigue vigente desde hace ya 106 años; y por qué las y los diputados de morena y sus aliados quisieron subir las multas cuando existe otra iniciativa que la contradice, promovida por ellos mismos de fecha 26 de noviembre de 2020, argumentando la defensa de la libertad de expresión, contra lo que llamaban la “ley mordaza”. Este dictamen -al que hago referencia- fue aprobado con 470 votos a favor, cero abstenciones y uno en contra y en la actualidad se encuentra pendiente de votación en el Senado. Lamentablemente esto representa además de una confusión enorme, también un gasto en sueldos, horas y trabajo legislativo desperdiciado.
Es deseable que los legisladores velen por representar a sus electores y proteger los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía, evitando subordinar sus intereses personales o de partido a los del presidente o cualquier otra figura de poder; pues la democracia y el Estado de Derecho, dependen de que sepan preservar la independencia e imparcialidad del Poder Legislativo y legislen a favor del interés público.
Me despido y les invito a seguirme en Twitter @Cristinalcayaga.