La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en la que determina que el Estado mexicano violó los derechos humanos de dos detenidos que permanecieron en prisión preventiva durante 17 años sin ser enjuiciados. La sentencia del caso «García Rodríguez y otro vs. México» concluye que el Estado es responsable de violaciones a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial.
El gobierno mexicano, a través de un comunicado, anunció que estudiará la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de cumplir con sus disposiciones y garantizar el mayor respeto a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Señala que esta decisión ayudará a orientar las acciones del Estado para proteger los derechos de las personas privadas de libertad que enfrentan juicio ante las autoridades.
El caso «García Rodríguez y otro vs. México» involucró a dos detenidos que fueron encarcelados por 17 años sin juicio antes de ser condenados por un delito de homicidio en 2001. Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, los querellantes, fueron condenados a 35 años de prisión, aunque la sentencia fue apelada y solo García fue ratificado en su condena. Según El Universal, García consideró que la condena fue «injusta y sin pruebas». La sentencia de la Corte determinó que el Estado mexicano es responsable de la violación de varios derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó las prácticas del arraigo y la prisión preventiva oficiosa establecidas en la ley mexicana. Además, se determinó que los querellantes fueron torturados durante su detención prolongada.
Durante la lectura de la sentencia por el presidente de la CIDH, Ricardo Pérez, se ordenaron varias medidas de reparación, entre ellas que el Estado mexicano compense por daños materiales e inmateriales y ajuste los procedimientos judiciales del arraigo y la prisión preventiva a los estándares internacionales.
La sentencia fue anunciada durante una videoconferencia desde Costa Rica y fue presenciada por representantes del gobierno mexicano y los demandantes.