El Gobierno de Donald Trump se prepara para invocar una antigua legislación de tiempos de guerra con el objetivo de acelerar las deportaciones masivas, según informaron cuatro fuentes cercanas a las conversaciones.
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma poco conocida del siglo XVIII, otorga al presidente amplios poderes para identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados. No obstante, expertos legales consideran que su aplicación en la actualidad enfrentaría una dura batalla en los tribunales.
El uso de esta autoridad ha sido ampliamente debatido dentro de diversas agencias gubernamentales, mientras funcionarios preparan su implementación. El principal objetivo de la medida es el Tren de Aragua (TDA), un grupo criminal venezolano que opera en Estados Unidos y otros países, recientemente designado como organización terrorista extranjera.
Trump habría ordenado la designación del TDA como organización terrorista para justificar la aplicación de la ley y proceder con la expulsión de personas vinculadas a este grupo. Se espera que el anuncio oficial se realice en los próximos días, posiblemente el viernes, mientras las autoridades ajustan los detalles finales. La implementación de esta medida facilitaría la deportación acelerada de ciertos inmigrantes.
La Ley de Enemigos Extranjeros fue diseñada para aplicarse en situaciones de guerra o cuando Estados Unidos es amenazado por una nación extranjera. Expertos legales cuestionan la viabilidad de su uso en un contexto en el que el país no enfrenta una agresión directa de un gobierno extranjero, incluso si se argumenta la presencia de amenazas por parte de pandillas o cárteles.
Históricamente, esta ley ha sido invocada en solo tres ocasiones, todas durante conflictos bélicos. Según el Centro Brennan, se utilizó en la Primera y Segunda Guerra Mundial para justificar la detención y expulsión de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses. Además, tuvo un papel clave en la política de internamiento de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, una de las decisiones más controvertidas en la historia estadounidense.
El debate sobre la posible aplicación de esta legislación continúa, mientras expertos y organismos de derechos humanos advierten sobre las implicaciones legales y éticas de su uso en el contexto actual.