La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia deberá discutir hoy el amparo de Probiomed contra la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios.
Si no hay cambio de última hora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia deberá discutir hoy el amparo de Probiomed contra la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Se trata del recurso en revisión 47/2021, en el cual la farmacéutica mexicana de Jaime Uribe alega que las reglas previstas para la solicitud y el otorgamiento de prórrogas de registros sanitarios son inconstitucionales.
Nos referimos a las autorizaciones necesarias para comercializar medicamentos en el país, y que según se argumenta en el amparo, no prevén condiciones de certeza para los jugadores de la industria.
Más aún, se duelen de que la Ley General de Salud reenvíe todo lo relativo a la prórroga a un reglamento, sin establecer los puntos nodales del derecho de los laboratorios en la misma ley.
La industria farmacéutica está pendiente del precedente que la Corte pueda fijar, pues definirá la hoja de ruta para laboratorios nacionales e internacionales, en medio de una crisis de salud y desabasto.
Hablamos de los extranjeros de AMIIF que preside Rodrigo Ruiz de Stendhal Pharma, y los mexicanos AMELAF que lleva Arturo Morales de Landstainer y ANAFAM que lidera Dagoberto Cortés de Grupo Sanfer.
Para infortunio de Probiomed, el proyecto tocó elaborarlo a la ministra Margarita Ríos-Farjat, que ya ha construido una sólida reputación como una juzgadora que no ampara ni en defensa propia.
En los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se comenta con insistencia cómo las posturas de la exjefa del SAT invariablemente buscan limitar y negar derechos a los gobernados.
Sus posiciones nada tienen que ver con la tendencia siempre garantista y protectora que ha caracterizado al resto de los integrantes de esa Primera Sala, que preside la propia excercana a Alfonso Romo.
Y es que, efectivamente, el proyecto de la ministra Ríos-Farjat propone negar el amparo a Probiomed y confirmar así la cancelación del registro sanitario que amparó la comercialización del producto Vascol.
Es una variante de la torvastatina para tratar el colesterol elevado y la dislipidemia, trastornos que incrementan los riesgos de infartos, derrames cerebrales y otras complicaciones del sistema circulatorio.
Probiomed es una empresa de clase mundial en el sector de la innovación, de los actores aguerridos de la industria mexicana que ha osado competir con los grandes corporativos farmacéuticos globales.
Su caso emblemático fue la patente del Rituximab, crítico para tratar ciertos tipos de cáncer y padecimientos autoinmunes, que al final perdió con Roche, el poderoso laboratorio suizo que preside Andrés Bruzual.
Ahora su batalla no es contra las transnacionales ni contra la extensión de sus patentes, sino contra la Cofepris, este cuestionadísimo órgano regulador en materia sanitaria que ahora lleva Alejandro Svarch.
La última palabra la tendrán los otros cuatro integrantes de la Primera Sala: Norma Lucía Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, Jorge Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara.
Los trabajadores de Pemex andan muy alborotados. Ayer, miembros de la Sección 34 liderados por Héctor Sosa fueron a manifestarse a las afueras de la Torre de Marina Nacional contra la administración de Octavio Romero, a la que acusaron de “cuarta” y de engañar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Casi simultáneamente circuló una convocatoria apócrifa del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para elegir a un nuevo secretario general, cuyo registro se cerraba justo ayer. Dicen que fue para ver quiénes se iban de bruces. Lo cierto es que se asegura que el relevo de Carlos Romero Deschamps es un asunto que se va a resolver en las próximas semanas para llegar a la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo con una nueva dirigencia. Algunos de los suspirantes son Rubén Choreño, Eliel Flores, Sergio Carlos Morales y el actual interino Manuel Limón.
Ayer un grupo de bonistas de Aeroméxico lanzaron una oferta no vinculante de financiamiento. Le he venido comentando que por motivo de la degradación a Categoría 2 de la seguridad aérea mexicana, que impide a las líneas nacionales aumentar vuelos, flotas e itinerarios a Estados Unidos, la empresa de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo tuvo que replantear el plan de negocios y reestructura financiera. Ayer, por lo pronto, la Corte de Distrito de Nueva York le dio una tercera prórroga, ahora por 76 días, tiempo que los acreedores quieren aprovechar para sacar a Apollo Global como prestamista.
No va a ser fácil quitar a ese fondo que preside Marc Rowan, pues de los mil millones de dólares que prestó puede convertir a capital 800 millones. Entre los bondholders que traen otro deuda de 400 millones de dólares apunte a Dirichlet Capital, Blue Bay, Cerberus, Amundi, Moneda, Stone Harbor y Sandglass Advisory. Igualmente incluya a Bank of America Merrill Lynch, que como le informé, se acercó al sindicato de pilotos para comprarle su derecho de acreedor.
Interjet va a contestar en un par de semanas la demanda de concurso mrcantil y es altamente probable que se allane a ella. En una primera evaluación legal la aerolínea que dirige Carlos Rello determinó que la parte promovente, en este caso los trabajadores de la sección 15 de la CTM que lidera Joaquín del Olmo, no logró que la Jueza Sexta de Distrito en Materia Civil, María Luisa Cervantes, la admitiera en etapa de quiebra, con todo y que contaron con la opinión favorable de otro experto del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, Gerardo Sierra. Esto es una ventaja para los accionistas Alejandro Del Valle, Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, pues pueden tener más control del proceso y, principalmente, ganan margen de tiempo para poder negociar con sus acreedores. Hablamos del gobierno federal y sobre todo y de las arrendadoras de aviones y los empleados.
No obstante haberse solicitado la remoción de Gerardo Badín como conciliador de Progresemos al estar demandado por daños y perjuicios como síndico de Oro Negro, se mantuvo como auxiliar de la administración de justicia en el expediente de esta sofipo de Rafael Moreno Valle.
Su permanencia como conciliador trae mayores dilaciones al proceso, cuando se debería velar por la rapidez de los juicios, de por sí se atrasados por la pandemia. De obtenerse su remoción sería nulo todo lo actuado por Badín en perjuicio del concursado y los acreedores. La afectación sería mayor en la dilación, cuando a este tipo de procesos debe de dársele mayor fluidez.