Al entonces gobierno de la CDMX de Miguel Ángel Mancera le tocó licitar el Tramo 3 del Tren México-Toluca. En noviembre de 2014 un consorcio liderado por Caabsa fue el ganador del contrato.
El grupo de los hermanos Luis y Mauricio Amodío firmó el acuerdo el 16 de diciembre de ese mismo año. La obra consideraba un plazo de ejecución de dos años, que concluían en diciembre de 2016.
Pero problemas en la liberación del derecho de vía, particularmente por la población cercana a la avenida Vasco de Quiroga, ocasionaron que la SCT cambiara el proyecto ejecutivo original.
Lo anterior derivó en una suspensión de obra por nueve meses, hasta septiembre de 2015. Este cambio modificó los costos inicialmente acordados en el proceso de licitación.
El consorcio liderado por Caabsa inició los trabajos en la zona de las casetas de la carretera México-Toluca, y continuó en los tramos donde fueron liberados los derechos de vía.
De los 16.6 kilómetros únicamente 4.6 tenían derechos de vía, sin que éstos fueran continuos. La SCT los liberó paulatinamente hasta llegar a la CDMX, donde se presentaron diversos problemas e inconformidades sociales en diferentes zonas del tramo.
En noviembre de 2016 las huestes de Gerardo Ruiz Esparza enviaron a la CDMX el catálogo de conceptos del nuevo proyecto ejecutivo, lo que generó un diferendo de precios entre Caabsa y la autoridad.
Este conflicto se solucionó a través de un procedimiento administrativo previsto en la Ley de Obra Pública que concluyó con la firma de un convenio de modificación de contrato en octubre de 2018.
No obstante lo anterior, y las diferimientos con los pagos de anticipos, los privados continuaron los trabajos de la estructura del viaducto del tren, tanto en cimentaciones construidas en obra, como elementos prefrabricados de concreto como columnas, capiteles y trabes.
También avanzó en la construcción de estructuras metálicas para los puentes y estaciones del tren en Santa Fe y Observatorio.
A pesar del desfase en la ejecución de la obra, el consorcio siempre ha estado apegado al programa de obra acordado con la CDMX. Prueba de ello es que no existen ni se han aplicado penalidades.
A la fecha el Tramo 3 reporta un 58% de avance y adicionalmente se tiene un adelanto en estructuras de concreto prefabricado y estructuras metálicas en los talleres de Caabsa ubicados en Texcoco y Guadalajara.
En agosto de 2019 la SCT y la CDMX llegaron a un acuerdo mediante el cual la primera se encargaría de la obra, lo que que podría resolver los problemas de retraso en la liberación de recursos a la CDMX, que en promedio tardaban seis meses.
Esta decisión generó cinco actas de suspensión temporal de los trabajos por parte de la CDMX, iniciando el 1 de septiembre del 2019 y la última con fecha de vencimiento el 31 de agosto de este año.
De acuerdo con las actas de la suspensión, la razón es atribuible a la falta de recursos fiscales.
A finales de agosto, y tras la presentación de un video en la conferencia mañanera de AMLO, se decidió que el contrato permaneciera a cargo del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Se informó que al Tramo 3 se le añadirá una nueva estación entre Santa Fe y Observatorio, amén de un puente atirantado. Ninguno de estos dos elementos estaba previsto en el contrato original.
Caabsa declaró desde el 3 de agosto estar lista para reiniciar la obra. El avance actual en sitio y el adelanto en talleres en la fabricación de trabes y estructuras permitirán sostener un ritmo de obra acelerado.
Debido a que la suspensión de obra finalizó el 31 de agosto, y tras la decisión del Presidente de reiniciar con los trabajos, se dio aviso a Caabsa de reiniciar la obra a partir del 1 de septiembre.
Actualmente la CDMX y el consorcio liderado por los Amodío se encuentran ajustando el programa de obra, de acuerdo con el nuevo plan para terminar en diciembre del 2022.
Además de una reducción por hasta dos mil 350 millones de pesos en su utilidad neta el año pasado, impulsada por la cancelación de servicios para el sector público, la aseguradora MetLife ha tenido que desembolsar recursos extra para solventar complicaciones administrativas y legales en las que se ha visto involucrado su corporativo. De acuerdo con sus últimos estados financieros anuales, la empresa que lidera Sofía Belmar aumentó sus gastos en reservas de litigios en un 73%, mientras que su gasto por quebrantos administrativos mostró un inesperado incremento de hasta 362 puntos porcentuales. Los problemas para la firma norteamericana vienen principalmente de la operación de su promotora Grupo KC, de Daniel Guzmán, que se ha colocado como líder en amonestaciones ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En específico por permitir que sus agentes de seguros operen sin la cédula emitida por el propio regulador que encabeza Ricardo Ernesto Ochoa, y por modificar pólizas sin previo aviso a los asegurados. Grupo KC se ha convertido en el principal promotor de los servicios de MetLife, al grado que entre 2010 y 2011 adquirió dos inmuebles para albergar sus oficinas con créditos hipotecarios en los que la propia firma de seguros aparece como acreedor.
En este espacio advertimos hace meses que se veía muy cuesta arriba que Jesús Seade llegara a la dirección de la Organización Mundial del Comercio. El embajador y la 4T apostaron al apoyo de su amigo, Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos. Pero fueron tres razones por las que no llegó a la final: falta de apoyo del gobierno mexicano, porque un latinoamericano había dejado la dirección hace unas semanas y porque el bloque asiático-africano en esta organización le corresponde, en teoría, presidirlo. Seade pidió desde inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador que una vez que concluyera la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, si el Senado de la República lo autorizaba, iría de embajador a China. Lleva casi una década de vivir en ese nación y su familia radica en el país asiático. Podría ser un gran promotor del comercio y la inversión entre ambos países. Un embajador de lujo, pues, para este régimen.
Entre las contratistas de limpieza a nivel federal y de la CDMX habrían llegado denuncias a dependencias como la FGR de Alejandro Gertz Manero, el SAT de Raquel Buenrostro y la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, para que se investigue a Grupo Relissa y Gerlim, ligadas a la familia Reyes Domínguez, quienes habrían participado en presuntos actos ilegales por conducto de uno de sus principales miembros, José Juan Reyes Mote. Se habla de un contrato por más de 300 millones de pesos que se quedó Relissa en el ISSSTE, que dirige Luis Antonio Ramírez.