Desde su llegada al gobierno, la 4T decidió dar por concluido el programa de conexión eMéxico, creado en la administración de Vicente Fox y continuado en las de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El primer paso de los pupilos de Andrés Manuel López Obrador fue extinguir el fideicomiso 2058 de donde salían los recursos para pagar a los cuatro operadores que daban el servicio de conexión a las comunidades.
Estamos hablando de StarGo de José Aguirre con 10 mil puntos de acceso, Elara de Jorge Villarreal y el fondo Northgate Capital que lleva Gabriel Mizrahi con mil 500 puntos, AI Telecom de Orlando Castillo con 300 puntos y Ubix de Sebastián Monterrubio con 200 puntos.
Ayer le comenté que los encargados de la Coordinación de Estrategia Digital de Presidencia, Emiliano Calderón y David Pantoja, se reunieron el martes con los representantes de dichas empresas.
El objetivo fue ponerse de acuerdo en la ruta de salida para cancelar los contratos. Los funcionarios federales reconocieron que tienen un adeudo que buscan pagar, según dijeron, en un mes aproximadamente.
El punto es que por cada peso que deben pretenderían liquidar 30 centavos, lo que resulta inaceptable, de entrada, para los proveedores, que no descartan demandar. Son alrededor de 800 millones de pesos.
Las demandas contra el gobierno incluso podrían irse a tribunales internacionales porque los operadores tienen contratos con vigencia aún de 12 meses con proveedores extranjeros de capacidad satelital.
Las huestes de López Obrador tienen sus argumentos para justificar el cese y el cierre del programa eMéxico, que llegó a conectar a unas 12 mil poblaciones menores a los 5 mil habitantes.
Dicen que a lo largo de estos 18 años un porcentaje importante de los centros comunitarios ya no daban servicio eficiente por problemas de mantenimiento, además de que lo consideraban un alto costo financiero.
Por supuesto rechazan que su desmantelamiento implique dejar desconectados a 12 millones de mexicanos, principalmente en el sector rural. Recuerdan que AMLO trae su propio plan de cobertura.
Y eso es justamente lo que estaría atrás de la determinación de cancelar eMéxico. La 4T está siendo consistente con su accionar: sepultar los proyectos de gobierno neoliberales e implantar los propios.
Entrarían al quite CFE Telecom, que dirige Raymundo Artís Espriú, y Altan Redes, de Salvador Álvarez. También le abrirían más la baraja a América Móvil, que de hecho ya está entrando a zonas rurales.
Carlos Slim prometió a AMLO cubrir regiones aisladas, lo que podría despertar el interés de otros operadores cercanos al Presidente, como Ricardo Salinas con Total Play y Emilio Azcárraga con Izzi.
PUES NADA, AYER la Corte de Distrito Sur de Nueva York se declaró incompetente para conocer el reclamo que Oceanografía y Amado Yáñez hicieron contra Citi y Banamex. La resolución es totalmente contraria a la que le referí aquí días atrás y que promovió Candies Mexican Investment y un grupo de fondos. Ellos sí lograron que su demanda se arraigara en Estados Unidos, concretamente en un tribunal de Miami, también contra el grupo presidido por Michael Corbat. En el expediente de Yáñez, el caso en el que demandó a la institución estadounidense y a su subsidiaria que comanda Manuel Romo, tendrá que seguirse en México.
EL CASO QUE también se tendrá que seguir aquí es la reestructura financiera de Grupo Famsa. Se cumplió el adelantó que le dimos la semana pasada, en el sentido de que las huestes de Humberto Garza Valdez se terminarían desistiendo del Chapter 11 en Nueva York. La revocación de su banco hizo inviable el plan. A los regiomontanos no les quedaría otro recurso que solicitar el concurso mercantil en México. Bancomext, que dirige Carlos Noriega Romero, es su principal acreedor. También Multiva de Olegario Vázquez Aldir, Monex de Héctor Lagos, Whirpool que dirige Juan Carlos Puente y Mabe de Luis Berrondo, entre otros.
LA ASOCIACIÓN SINDICAL de Pilotos Aviadores acreditó también su personalidad ante el Tribunal de Bancarrotas de Nueva York en el proceso de Chapter 11 de Aeroméxico. El gremio que encabeza Rafael Díaz Covarrubias forma parte de un grupo de siete acreedores de la aerolínea que dirige Andrés Conesa que no tienen garantías. Formó un bloque junto con The Bank of New York Mellon, Nordic Aviation Capital, Falko Regional Aircraft Limited, General Electric Company, World Fuel Services y Sabre GLBL. Los representa Andrea B. Schwartz, una litigante del Departamento de Justicia, especialista en reestructuras financieras.
LE ADELANTO QUE el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, está negociando con gobernadores acuerdos para ser el conducto que permita la regularización de contribuyentes en las entidades federativas del país. El esquema que se busca impulsar, ahora con el respaldo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que apenas ayer asumió el potosino Juan Manuel Carreras, consistiría en que las autoridades tributarias estatales documentaran los casos y la Procuraduría promoviera las demandas. Actualmente los gobernadores están impedidos por ley. Lo interesante es que los recursos recuperados se quedarían en los estados.
EL GOBIERNO DE la 4T arrancó ya el proceso de revisión de las concesiones carreteras que entregaron las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De entrada van sobre 11 contratos que involucran a OHL, Pinfra, Aldesa, GMB, Invex, GIA, Rubau, IDINSA, Globalvia, ICA y Gami. La SCT, que comanda Javier Jiménez Espriú, analiza las ofertas de 5 consorcios de despachos que harán las auditorías legales y financieras. Apunte a Noriega y Escobedo que va con KPMG, AFH Consultores con Ríos Ferrer, Gulesserian Consultores, G.I. Moen y Gerinpro Consultores. El fallo puede ser esta misma semana.
PARECE QUE ANDRÉS Manuel López Obrador ya le quitó el veto a Carlos Salazar y que en los próximos días se reuniría con él. El Presidente no lo ve desde abril, cuando el líder del Consejo Coordinador Empresarial entregó un decálogo de lo que el sector privado consideraba debía hacerse para enfrentar la crisis que dejará la pandemia del Covid-19. Desde entonces han corrido diversos rumores, desde su falta de representatividad hasta su salida anticipada de la cúpula de cúpulas. Ni lo uno ni lo otro.
FIBRA UNO, QUE dirige Gonzalo Robina, colocó ayer exitosamente bonos quirografarios en el mercado internacional por 650 millones de dólares. Con esta operación, en plena emergencia sanitaria mundial por el Covid-19, el fideicomiso especializado en bienes raíces reafirma su confianza en la marcha económica del país.