Proponen que el registro de agresores sexuales de mujeres sea público y que al menos los sentencien desde 10 hasta 30 años de cárcel
Los diputados de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia en conjunto con la de Atención Especial a Víctimas dictaminaron dos iniciativas de la Ley de Registro Público de Agresores Sexuales.
De la cual solo obtuvo un voto en contra de Tonatiuh Gonzáles Case y la abstinencia de Jorge Gaviño Ambriz.
Entró en discusión el dictamen aprobado a partir de la propuesta de Ley de Registro de Agresores Sexuales promovida por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez.
Y otra enviada en el mismo sentido por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
La (primera) propuesta establece que establece la inscripción en el registro de agresores fuera con un mínimo de 10 años dejando la potestad amplia al juez.
“La segunda es que se estableciera la medida de seguridad al ser obligatoria para el juez”, puntualizó Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Asimismo, el legislador planteó que el registro sea público con los datos de los agresores para la consulta de los usuarios, principalmente de las mujeres.
Y ‘no imponer la solicitud previa a la autoridad para la visualización de la información, tal como algunos diputados lo sugirieron’.
Quien se negó, Gaviño Ambriz, criticó la contradicción inicial que existía sobre si el registro debía ser abierto o no, debido a que en otros países los datos de los acusados no son completamente públicos.
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