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EL VERDADERO TEMA en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es quién llegue a la presidencia el 2 de enero próximo. No. El real tema de fondo es qué va a pasarle a la Corte a partir del día 3.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya les cantó a los ministros lo que viene: una profunda reforma al poder judicial, como la que está tratando afanosamente de realizar con el INE.
López Obrador trae atravesada a la Corte y a los ministros y hace exactamente una semana volvió a estallar contra ellos: “Dos mujeres, todos los demás como empleados de los machuchones, lamentable, de pena ajena”, en referencia a la eliminación de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en los delitos fiscales.
La reforma que el inquilino de Palacio Nacional prepara contra el sistema judicial, la cual saldrá el año próximo con el voto mayoritario de Morena y partidos satélites, seguirá la misma ruta y el objetivo que la del INE: matar de inanición a todo un aparato, en este caso a uno de los tres poderes.
El torpedo que saldrá de las inmediaciones del Zócalo tendrá como blanco los dos fideicomisos de la SCJN: el de jubilaciones y el de gastos médicos, que salvaron la extinción hace un año gracias a la cercanía con AMLO y buenos oficios del presidente saliente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Pero el blindaje que logró Zaldívar tiene fecha de caducidad: el próximo 3 de enero, cuando llegue la revancha del tabasqueño a todas las que considera afrentas y reveses que le han propinado en estos cuatro años de su gobierno los ministros.
Estamos hablando de que ambos fideicomisos representan una bolsa de aproximadamente 20 mil millones de pesos. Con el de jubilaciones ministros, magistrados y jueces conservan de por vida su último sueldo y con el de gastos médicos seguros de gastos mayores.
Ese trato que prácticamente ningún otro funcionario tiene en el gobierno por la política obradorista de austeridad republicana y que él ve como un dispendio, está en la mira del Presidente.
La reforma también va contemplar una revisión de la temporalidad de los nombramientos de magistrados y jueces. Hoy pueden estar prácticamente por tiempo indefinido. Viene una drástica acotación, que al igual que la extinción de los dos fideicomisos, pegará en el corazón del poder judicial.
Así que el próximo presidente de la Corte, posición que disputan Jasmín Esquivel, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán, va empezar su gestión perdiendo, porque López Obrador ya les mandó el mensaje de que va por ellos.
EN 2011-2012 GERARDO ESQUIVEL era sin duda el economista más cercano al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Pero algo sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto: el maestro por el Colegio de México y doctor por Harvard perdió punch, a tal grado que de ser considerado por no pocos como candidato a ser secretario de Hacienda si el tabasqueño hubiera ganado las elecciones hace 10 años, para la segunda vuelta quedó al margen del círculo cercano. En 2018, antes de las elecciones de junio que lo llevó a Palacio Nacional, López Obrador anunció un gabinete en el que Carlos Urzúa apareció como ¡la cuarta opción para dirigir Hacienda! Y es que el actual maestro del Tec de Monterrey fue el único que aceptó la posición. Si no hubiera declinado por el avance de un cáncer que terminó por llevárselo, Adrián Rodríguez Macedo, brazo derecho de Alfonso Romo, debió ser el secretario. La segunda carta de López Obrador fue un Rogelio Ramírez de la O, que le dijo que su reputación ante sus clientes ya había quedado maltrecha por jugársela con él en las eleccionesde 2006 y 2012. La tercera fue Santiago Levy, que por esa época estaba por dejar el Banco Interamericano de Desarrollo y tampoco quiso poner en riesgo la negociación de su pensión. Llegó entonces Urzúa, pero Esquivel no. El Presidente no sabe si lo nominará para un periodo más como subgobernador o, como ha pasado con muchos otros colaboradores, lo desechará. En unos 10 días conoceremos su derrotero.
UNA DE LAS razones por la que la Tatiana Clouthier dejó la Secretaría de Economía, fue que no le gustó nada que tuviera que ponerse casi casi a las órdenes de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y del director de la CFE, Manuel Bartlett, para seguir la línea que éstos dictaran en los diálogos con Estados Unidos y Canadá. Cuando empezó la controversia en el capítulo de Energía del TMEC, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a Clouthier seguir la directriz que marcara Bartlett en cuanto a inversión extranjera, generación y venta de energía eléctrica se refería. Y de darle trato nacional a la inversión norteamericana, mejor ni hablemos. Prácticamente el papel de la ya ex secretaria era ser una especie de mensajera de lo que piensan aquella tercia, sobre todo de Bartlett. Esa fue la gota que derramó el vaso: no subordinarse a Bartlett. Ayer de visita en Washington Buenrostro defendió ante Katherine Tai de Estados Unidos y Mary Ng de Canadá la postura de López Obrador, Nahle y Bartlett de no dar el trato nacional a las inversiones de esos países. Si Buenrostro regresa más maltratada que la selección mexicana de fútbol, que no le extrañe.
POR CIERTO QUE hacia el 15 de diciembre el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajara precisamente a Washington para evitar una vez más que la relación comercial con Estados Unidos entre en una nueva fase crítica, en esta ocasión por la decisión del gobierno mexicano de prohibir las importaciones de maíz modificado genéticamente, otro asunto que llevó bajo el brazo la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, a la cita con Katherine Tai de ayer. El Canciller se ha convertido en el principal “apagafuegos” de Andrés Manuel López Obrador. Más allá de Tatiana Clouthier y no se diga Buenrostro, Ebrard es el único canal confiable que tiene el gobierno de Joe Biden y los sectores empresariales de Estados Unidos. De ahí que una de las tres “corcholatas” que se disputan la candidatura de Morena para la Presidencia en el 2024 haya subido sus bonos en los últimos meses entre los inversionistas y que su figura sea cada vez más cuidada para evitar innecesarios desgastes.
BIEN LE FUE ayer a Alejandra del Moral en la presentación de la “Estructura Operativa” con la que el PRI tendrá el músculo político y territorial para tratar de retener el Estado de México en las elecciones del año próximo. Conforman dicha estructura once Coordinadores Territoriales y una Coordinación de Planeación Estratégica. El encargado de ésta última es Alejandro Ozuna, mientras que Jorge Manzur es el Coordinador de Operación Política.