Ayer el banderazo a la campaña nacional de vacunación contra el Covid-19. El gobierno de la 4T aplicará 870 mil dosis, principalmente a adultos mayores de los 330 municipios más apartados del país.
El objetivo de Andrés Manuel López Obrador es tener vacunada con la primer inoculación a toda la población mayor a los 60 años hacia finales de abril. Estamos hablando de unas 15 millones de personas.
Pero más allá de la eficacia, la velocidad y las vacunas que se logren obtener en ese plan de vacunación, el sector privado también gestiona en paralelo la compra de vacunas para aplicarlas a sus empleados.
No ha sido fácil porque los laboratorios farmaceúticos que han logrado desarrollar una vacuna están saturados de pedidos de los distintos gobiernos del mundo y manejan fechas de liberación de hasta 16 meses.
Es el caso de Pfizer de Albert Bourla y La Moderna de Stéphane Bancel. Ambos están volcados en vacunar a la población de Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden no les permite mirar a otro lado.
Otras opciones más flexibles son las vacunas de la inglesa AstraZeneca, la china CanSino y la rusa Sputnik V, para las que está dirigiendo sus baterías el gobierno Obradorista.
El laboratorio Landstainer Scientific firmó un contrato con el Instituto Gamayel de Rusia, instancia que es dueña de la patente de la vacuna Spuntnik V, para venta en México y América Latina.
Contra lo que pretendía la firma mexicana propiedad de Miguel Granados, el contrato no es de exclusividad, lo que abre la puerta al desarrollador del antígeno a firmar más contratos con terceros.
Esa ha sido la tónica de Gamayel y del gobierno de Vladimir Putin: vender sus vacunas al mejor postor, de ahí la incógnita de los alcances de los acuerdos del gobierno de la 4T con el régimen soviético.
Se supone que el canciller Marcelo Ebrard negoció la compra de 24 millones de dosis, de las cuales 12 millones llegarán a nuestro país este mes, con lo que la campaña recibiría un fuerte empujón.
El quid con los rusos es que se les haya pagado en tiempo y forma, como asegura el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, porque el Fondo de Inversión Directa de Rusia las entrega contra cartas de crédito o pago.
Lanstainer va tras 32 millones de vacunas para venderlas principalmenrte a los gobiernos de los estados. El laboratorio está gestionado financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
Asimismo con la banca comercial como Santander, que dirige Héctor Grisi, y con Banorte, que preside Carlos Hank González. Su meta es sumarse a esta campaña en una segunda fase, hacia el mes de agosto.
Ya ha habido contactos muy preliminares con los gobiernos de Oaxaca, Durango, Veracuz, Estado de México, Colima, Sinaloa, Puebla, Yucatán, Guanajuato e incluso la CDMX.
Asimismo están esbozando una robusta red de aplicación de más de ocho mil puntos en toda la geografía del país, que incluiría instalaciones de tiendas como Walmart, que preside aquí Guilherme Loureiro.
También Soriana de Ricardo Martín Bringas y cadenas de farmacias como Farmacias del Ahorro de Maximiliano Leonardo, Benavides que dirige Macedonio Garza y Salud Digna que lleva Juan Carlos Ordoñez.
Vamos a ver si lo logran y la 4T, con su zar anticoronavirus, Hugo López-Gatell, no se convierte en un obstáculo.
Esta semana podría cancelarse la orden de aprehensión de Alonso Ancira. Va entrar en función un Comité Técnico que será el máximo órgano de decisión en Altos Hornos de México en los próximos seis meses, una vez que se cumplan las condiciones de compra-venta para que el Consorcio Minerometalúrgico Internacional asuma el control. Este comité lo van a liderar Xavier Autrey, que a la salida de Ancira se convierte en el principal accionista individual de la acerera, y Antonio Franck, socio del bufete Jones Day. También lo integrarán Jorge Silberstein, Andrés González Arabia, Vicente Corta y Teresa Fernández.
Germán Larrea no descarta vender Cinemex. Este negocio que no forma parte del Grupo México y que lo aparta de su giro tradicional siempre fue visto con rareza en la comunidad financiera. Rogelio Vélez, quien viene de dirigir Ferromex y Pemsa, dos actividades de la industria pesada que sí encajan en el target de Larrea, tiene ahora la responsabilidad de reestructurar financiera la compañía de la que es director. Algunos bancos acreedores como el HSBC, que comanda Jorge Arce, están buscando ya nuevos socios y poniéndola a la venta. La cadena Cinemex arrastra pasivos bancarios de cuando menos 200 millones de dólares.
Otro banco activo en el contexto de la crisis por el Covid-19 es Banorte. Fíjese que ante el conflicto interaccionista de Desarrolladora Inmobiliaria Hotelera Playa Mujeres, que mantiene enfrentados a Félix Romano, Moisés El-Mann y Rafael Zaga, el banco que preside Carlos Hank González ya tomó la decisión de vender su participación del resort de 498 habitaciones que se supone operará con la bandera de Paradisus, la categoría gran turismo de la cadena Meliá. El banco que dirige Marcos Ramírez aparece como fondeador del inmueble en conflicto.
Otros bancos que están vendiendo son Santander de Ana Botín, el Crédit Agricole de Philippe Brassac y el Société Générale de Paulin Talabot. Son las posiciones que poseen en la central termoeléctrica de Altamira que en 2014 la CFE, entonces dirigida por Jaime González Aguadé, adjudicó a Isolux. A ésta la presidía Luis Delso, hoy procesado en España por corrupción. Obtuvo financiamiento de esos tres bancos que ahora negocian con un tercero. Isolux reclama a los pupilos de Manuel Bartlett 250 millones de dólares que se ve imposible que les paguen.
Se debe poner especial énfasis en que la figura fiduciaria debe dar equilibrio y certeza jurídica para un sinnúmero de transacciones, donde la seguridad de que los eventos pactados en los fideicomisos es fundamental y se respetarán cabalmente, proporcionando seguridad jurídica a todas las partes involucradas. Es por ello en que se insiste en que la CNBV a cargo del susodicho Juan Pablo Graf deje de ser figura decorativa y meta en cintura al fiduciario de Banca MifeI de Daniel Becker, que como denunciamos la semana pasada, falta a su desempeño.
El instituto federal de Especialistas en Concursos Mercantiles designó la semana pasada visitador en Marinsa, este contratista de Pemex a la que le Perforadora Central, de Patricio Álvarez Morphy, le demandó el concurso mercantil. El organismo que preside Edgar Bonilla nombró a Víctor Hugo de la Cruz, un especialista que es socio de la firma Ramos Zepeda Consultores. Marinsa, de José Luis Zavala, posee una treintena de barcos y fue vetado por Pemex. Su pecado fue haberse subido a un consorcio en el que iba la prima del Presidente, Felipa Obrador.
El viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores adjudicó a Bufete Empresarial GTI la licitación del call center. Es el mismo proveedor que viene dando el servicio los últimos cuatro años. Llama la atención que la dependencia al mando de Marcelo Ebrard tomara esa oferta, cuando otro de los participantes, SPEM, ofertó 150 millones de pesos menos, ahorro que pasó por alto la Unidad de Administración y Finanzas que lleva Alberto Lorenzo Camargo y la Dirección de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales a cargo de Juan Carlos Mercado.