Va ser en la tercera semana de noviembre, entre el 15 y el 19, cuando se defina el futuro de la contrarreforma en materia eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se vienen seis largas semanas de ruido en las conferencias mañaneras, batallas en las redes sociales, guerra mediática y posicionamientos en el Congreso y en el gobierno de la 4T.
Va ser particularmente morboso ver las piruetas que dará el presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, así como su más cercano entorno, además de la postura que irán adoptando sus gobernadores.
Pero en medio de esta gran polémica y discusión de trascendencia nacional, pues México se está jugando el futuro de las siguientes generaciones, hay un silencio ensordecedor.
Es el del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, cuyo papel que ha escenificado en los últimos ocho días es el del gigantesco elefante que está en medio de la sala.
Hoy se cumple exactamente la semana que el inquilino de Palacio Nacional dio a conocer la iniciativa, que equivale a una vuelta al pasado donde solo un monopolio estatal proveerá el servicio.
El Consejo Coordinador Empresarial, que preside Carlos Salazar Lomelín, afirma que con esta contrarreforma se juegan inversiones privadas por alrededor de 44 mil millones de dólares.
La orden de López Obrador de aprobarla a como dé lugar desmantelaría más de 300 proyectos de energías limpias, léase desarrollos eólicos y solares, por unos 19 mil millones de dólares.
Nadie entiende porqué Ramírez de la O no ha realizado el mínimo pronunciamiento sobre la contrarreforma, pese a su impacto en las finanzas públicas, en las inversiones y en la imagen internacional.
Con esta iniciativa el tabasqueño mata políticamente a su secretario de Hacienda, un funcionario que ni siquiera cumplió tres meses y que se recibió en todos los sectores como quien imprimiría sensatez al presidente.
Pero no: el economista con doctorado en Cambridge, el que toda su vida profesional se dedicó a ser consultor de empresas y empresarios, terminó igualmente cooptado como los escasos letrados del gabinete.
Y pensar que Ramírez de la O había aceptado el puesto que largamente le había ofrecido su amigo, bajo la condición de enderezar a Pemex. Sí, pero lo que no vio venir es que el país se le descuadraría.
Lo peor es que lo acepte sin chistar y sin decir nada.
Recién le informé que Morgan-Stanley, que lidera Jaime Martínez-Negrete, inició el proceso de venta de Mexico Tower Partners. Se trata del operador de torres de telecomunicaciones. La firma es dirigida por José Enrique Sola y posee dos mil 500 estructuras. Algunos de los que podrían interesarse son Phoenix Towers de Dagan Kasanava, American Tower que dirige aquí Guillermo Cordera, PSP Investments de Martin Glynn, iSquared Capital de Sadek Wahba, el fondo GIC que capitanea Lee Kok Sun, Global Infraestructure Partners de Adebayo Ogunlesi y Ardian de Philippe Poletti . El valor ronda los mil millones de dólares.
Le decía que Banobras tiene el mandato del gobierno federal para rematar los activos del Grupo R, este histórico contratista de Pemex que dirige ahora Octavio Romero. Uno que los pupilos de Jorge Mendoza ya están buscando colocar es el Garzprom2, un barco grúa de posicionamiento dinámico tipo 2. Es un buque especializado en la fabricación, instalación y mantenimiento de instalaciones petroleras marinas mayores. La embarcación del grupo que capitanea Ramiro Garza tiene un costo cercano a los 100 millones de dólares. Pero lo tienen de colateral Banobras y Banorte, de Carlos Hank González.
La auditoría superior de la Federación, que encabeza David Colmenares, está por entregar la evaluación a la licitación CFE-0001-CASAT0023-2019 para la contratación del servicio de arrendamiento vehícular. El análisis se centra en la no entrega de unas tres mil unidades pactadas por contrato con Arrendomóvil. La dependencia a cargo de Manuel Bartlett ya hizo un par de modificaciones al contrato original por el retraso en la entrega, misma que fue atribuído a la pandemia. Sin embargo el problema es financiero de origen, ya que los automotores se ofrecieron a precios tan castigados que no son financieramente sustentables.
La fiscalía general de Justicia del Estado de México, a cargo de Alejandro Gómez, citó al abogado Paulo Diez a una audiencia de formulación de imputación el próximo 12 de octubre. Es sobre la denuncia que pesa sobre el representante legal de Infraiber por la invasión y toma ilegal el 27 de septiembre del año pasado del Viaducto Bicentenario. Recordará que Infraiber sostiene desde 2013 una feroz lucha contra la ya desaparecida OHL, concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense. Diez es la cabeza visible de ese pleito que no acaba y que ahora se redirige a Aleática, que preside Rubén López, heredera de los activos.
Siete meses en prisión estuvieron dos ex funcionarios del Metro, Sotero Díaz y Pascual Pérez, y dos directivos de la empresa ILF de México, Mario Lezama y Cristóbal Gerardo Bonilla, éste último su director general. Ayer le informé que tras seis años de litigio finalmente quedaron absueltos de la acusación de que fueron objetos por parte de la Contraloría General del gobierno de Miguel Ángel Mancera. El fondo de todo fue criminalizar a los funcionarios del entonces gobierno de Marcelo Ebrard y desacreditar al consorcio certificador que evaluó la seguridad de la Línea 12 del Metro, que al final tampoco recibiría el mantenimiento adecuado.