La presencia de megagranjas porcinas en el estado de Yucatán, han puesto en riesgo el acuífero en la entidad las cuales han provocado afectaciones ambientales en distintos pueblos y comunidades, informó este martes la organización no gubernamental Indignación.
La ONG señaló que el aumento de la demanda de carne de cerdo a nivel nacional e internacional ha derivado en el incremento de la producción porcícola en la Península de Yucatán en las granjas de la entidad, las cuales contaminan el agua y el suelo debido a los desechos de los animales.
«Yucatán es la reserva de agua dulce más importante de México», señaló la abogada de la citada organización, Lourdes Medina, en conferencia de prensa en Ciudad de México.
«Esta reserva, por las características del suelo, facilita la filtración del agua de lluvia, pero así como se filtra y se recarga el acuífero de agua dulce también se filtra el agua residual y sin ningún tipo de barrera el agua de los proyectos porcícolas», añadió.
La abogada explicó que uno de estos proyectos se ubica en la comunidad de Homún, donde a finales de 2016 se comenzó a instalar la granja Producción Alimentaria Porcícola, conocida como PAPO.
Según los especialistas, en el enclave de Homún se ubica precisamente en la reserva geohidrológica ‘Anillo de los Cenotes’, la reserva de agua dulce más importante en México.
Pero a pesar de esta importancia medioambiental la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de la entidad aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la megagranja PAPO, con capacidad de 50 mil cerdos, incluso sin tener el Plan de Manejo Integral.
Además, en dicho municipio también se encuentra la reserva ecológica de Yalahau, la cual se decretó el área natural protegida con atribución de parque estatal desde 2007, es decir, que debe de estar protegida según los criterios de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.
«Estas virtudes medioambientales el pueblo ha desarrollado su economía con base en el turismo sustentable mediante el manejo de los cenotes», añadió la letrada, quien explicó que la granja PAPO forma parte de la empresa Grupo Porcícola Mexicano conocido como Kekén.
La abogada explicó que 2018 un grupo de niñas y niños de Homún, junto con sus representantes legales, demandó a la granja PAPO alegando el derecho de la infancia a la salud, a una vida digna, al agua, a la autonomía y a un ambiente sano.
«Con ello logró una suspensión por parte de Poder Judicial para detener el funcionamiento de la granja», explicó Medina.
La abogada recordó que en agosto de 2019, el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia donde en estos días se discutirá «la posibilidad de atracción de las violaciones a la suspensión realizadas por el Gobierno».
Dijo que el Supremo tiene la posibilidad de «generar nuevos criterios sobre el principio precautorio en materia ambiental y establecer lineamientos para que se tome en consideración la precaución como base del derecho ambiental y la protección a la salud de la población ante los posibles daños de nuevas tecnologías».
A partir del caso de Homún, se han sumado distintos pueblos con afectaciones ambientales debido a la presencia de las granjas porcícolas en la región. Entre estos, las localidades Kinchil, Tabi, San Fernando o Maxcanú, entre otros.