No hay ni remotamente visos de un arreglo por la vía de la mediación entre Grupo Prisa y Grupo Coral en torno al control de Radiópolis. Las posiciones están encontradísimas. Los primeros muy agraviados.
Así lo externa el requerimiento de cese y desistimiento inmediato de acciones del representante de la Sociedad Española de Radiodifusión (SER), controladora de Prisa, Pedro Julio García Guillén, a sus nuevos socios mexicanos, fechado el 7 de septiembre pasado.
El emplazamiento va dirigido visiblemente a Miguel Alemán Magnani y a Carlos Cabal Peniche, a quienes exige cesen y se desistan de seguir pretendiendo dar efectos a lo que considera actos ‘espurios’.
Así califica las asambleas de accionistas de Radiópolis y subsidiarias que dieron paso al bloqueo de cuentas bancarias, la usurpación de la Firma Electrónica Avanzada e intimidación, hostigamiento, sugestión e incomodación a directivos y fincionarios.
‘No cabe duda que su agenda personal, sus posiciones veleidosas y su sorpresivo desconocimiento de obligaciones válida y legalmente asumidas, se contraponen con el interés superior de Radiópolis.
“Es lamentable que a menos de dos meses de que se pusiera fin a la controversia que Coral y el señor Miguel Alemán Magnani sostenían con el anterior accionista de Radiópolis, Coral y los consejeros designados por dicho accionista, como el señor don Miguel Alemán Magnani, hayan decidido enfrascarse en un nuevo conflicto legal al sucumbir a la tentación de anteponer sus intereses personales a los de Radiópolis y sus subsidiarias”.
El representante del grupo hispano advierte: “De seguir insistiendo en los actos descritos en la presente misiva o de llevar a cabo otros que de cualquier modo perjudiquen la operación, el negocio o las relaciones de Radiópolis o de cualquiera de sus subsidiarias, SER ejercerá las acciones legales que en derecho correspondan y les exigirá la responsabilidad en que hubieren incurrido o en que sigan incurriendo”.
El mismo día que en Coral recibieron el emplazamiento de García Guillén, el abogado externo de Alemán Magnani contestó la misiva.
Dice el litigante Luis Cervantes: “Marcó usted copia al que esto escribe de su documento del 7 de septiembre del 2020, mismo que acusa ignorancia supina del Derecho Mexicano; si fue asesorado por algún colega de este país, en verdad lo lamento. El contenido de su carta es verdaderamente deplorable, como es inadmisible su arrogancia. Cuando se dirija a Ciudadanos Mexicanos exijo lo haga con respeto y educación”.
“No existe resolución judicial alguna que señale cualquier viso de ilegalidad por lo que respecta a los actos corporativos a los que usted torpemente califica de ‘espurios’. Tampoco existe en este asunto resolución judicial alguna que en cualquier manera revoque, anule o modifique la medida cautelar otorgada por su Señoría Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
‘Gústele a usted, o no, dicha resolución judicial, desde su otorgamiento y hasta el momento en que esto le escribo, es plenamente válida, vigente y eficaz.
‘De este lado del continente, en este hermoso país, las resoluciones judiciales no están en forma alguna sujetas a que sus destinatarios, así como cualquier tercero, las rechacen expresa o implícitamente, ni están sujetas a ser consentidas, o no, por tales destinatarios.
‘El Derecho lo dice el Juez, simple y sencillo, cobra vigencia y efectividad plena a partir de que se pronuncia. De igual manera, los actos jurídicos como son las Asambleas de Accionistas, tienen plena vigencia y surten todos sus efectos hasta que exista, en su caso, orden judicial que disponga de otra forma.
“Ninguno de los destinatarios a quienes hizo usted patente su patética frustración por no lograr sus obscuras y turbias intenciones contestarán su provocación al intelecto en forma alguna; no incluyo a mi amigo Jesús Ángel Guerra Méndez quien, estoy absolutamente cierto, fue totalmente ajeno a la confección de los papeles que usted tuvo el atrevimiento de suscribir”.
Solo vale aclarar que este intercambio epistolar se dio antes de que el susodicho Juez 63 de lo Civil de la CDMX, Miguel Ángel Robles Villegas, sorprendementemente diera marcha atrás, apenas el jueves de la semana pasada, a las medidas cautelares que ya había extendido a favor de Coral y en contra de Prisa.
El panorama se le sigue complicando a David Martínez y a Carlos Slim en Argentina, los dos principales inversionistas mexicanos en el sector de telecomunicaciones de aquel país. Le decía que el mes pasado el presidente Alberto Fernández publicó un decreto en el que considera a las comunicaciones y las tecnologías de información servicios esenciales y estratégicos en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19, por lo que aplicaría control de precios a la telefonía móvil, internet y televisión de paga. Pues bien, ahora su gobierno de corte populista habla de crear un operador estatal de telefonía móvil. Slim tiene a América Móvil y Martínez a Cablevisión y Telecom.
AT&T fichó a Abel Hibert como vicepresidente de Asuntos Externos. Llega al coloso que encabeza John Stankey en un entono complejo para el mismo sector de las telecomunicaciones, justo cuando la Secretaría de Hacienda alista mayores cobros por el uso del espectro, según la Ley de Derechos 2021. La firma que preside aquí Mónica Aspe tiene 33.73% del espectro total, contra 29.74% de Telcel que lleva Daniel Hajj, 17.36% de Telefónica-Movistar de Camilo Aya y 15.04% de Altan de Salvador Álvarez. Hibert fue comisionado de la extinta Cofetel y hasta el mes pasado titular de la Coordinación de Innovación y Análisis Económico de la Oficina de la Presidencia. Su jefe era Alfonso Romo.
Por cierto, que Alfonso Romo regresó a la escena pública tras varias semanas de estar “en modo avión” en su residencia de Monterrey, con el pretexto del Covid-19. El jefe de la Oficina de la Presidencia volvió con nuevos bríos y su función se ha concentrado en llevarle al presidente Andrés Manuel López Obrador a los empresarios y CEOs de multinacionales. Ayer tocó el turno a James Quincey, el de Coca-Cola Company, con quien también abordó el espinoso tema del nuevo etiquetado frontal de productos, en aras de mitigar la obesidad. Mismo asunto que tocó la semana pasada con Daniel Servitje, de Bimbo. Romo también operó las reuniones con Carlos Slim y Miguel Rincón.
Pisa lleva dos años batallando con el gobierno de la 4T para que le quiten el asedio y estigma de haber sido el grupo farmacéutico que más beneficiaron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña con las compras consolidadas del IMSS. Pero se ve cuesta arriba que las huestes de Carlos Álvarez Bermejillo lo logren. Su producción está semiparalizada por la intervención de la Cofepris, que dirige José Alonso Novelo, y el SAT de Raquel Buenrostro le investiga al menos 900 millones de pesos de ISR no enterado. Como si no fuera suficiente la Secretaría de la Función Pública, que capitanea Irma Eréndira Sandoval, le tiene abiertas 6 carpetas por presunta corrupción.
Cinemex está por presentar un plan de reorganización de sus operaciones en Estados Unidos, como parte del proceso de reestructuración financiera que negocia bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. El esquema que elabora la cadena de cines de Germán Larrea se sustenta en una reingeniería a fondo de sus posiciones inmobiliarias en la Unión Americana, asistido por el bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, vía los abogados Juan Morillo, Patricia Tomasco y Jeffrey Bast. La meta es bajar considerablemente el costo de los arrendamientos, lo que implicaría suprimir la presencia en varias plazas de la Unión Americana. Cinemex arrastra un pasivo de unos 114 millones de dólares.