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Ante la polémica que se generó por el anuncio del presidente López Obrador (AMLO) por la contratación de 500 médicos cubanos, el semanario proceso publicó una investigación que revelaría la verdadera intención del acuerdo.
De acuerdo con el semanario, en junio de 2020 el médico cubano Joaquín Felipe Molina Leza fue contratado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como coordinador para “elaborar políticas” en la Coordinación de Análisis Estratégico y Evaluación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Según sus propias declaraciones patrimoniales presentadas ante la Secretaría de la Función Pública, una en julio de ese año y otra en mayo de 2021, ambas consultadas por este semanario.
Eso sucedió en plena pandemia y coincide con el convenio firmado por México y el gobierno de Cuba para beneficiarse de los servicios de casi 600 profesionales de las brigadas de médicos cubanos, quienes son contratados a través de una empresa controlada por la isla.
En ese momento, Molina Leza –con una trayectoria de tres décadas en la Organización Panamericana de la Salud (OPS)– enfrentaba una denuncia en Estados Unidos, promovida por cuatro galenos cubanos, por su participación en presuntos delitos cometidos durante la implementación del programa del gobierno brasileño Mais Médicos, que involucra la contratación de las misiones de facultativos cubanos al extranjero y a la OPS, según informó Prisoners Defenders.
Esa organización, cuya matriz se ubica en Madrid, ha denunciado violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan en esas misiones enviadas por el gobierno de Cuba al extranjero. En un comunicado cuestionó al gobierno de México por proponer a Nadine Gasman –presidenta de Inmujeres y esposa de Molina Leza– para presidir la OPS, en complicidad con el régimen de Cuba.
Contratación de médicos cubanos serían misiones de trata de personas, investigación
En entrevista, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, habla de la gravedad que supone que la doctora Gasman sea propuesta para la OPS al mismo tiempo que su pareja tiene calidad de “investigado” en Estados Unidos por presuntamente permitir retenciones ilegales a los sueldos de los médicos cubanos en Brasil, fondos que fueron a dar a las arcas del gobierno de La Habana sin pasar por la OPS, como debió haber sucedido.
“Habría un flagrante conflicto de intereses”, afirma el activista, quien critica los convenios del gobierno de López Obrador con Cuba para el envío de médicos a México, pues sufren el mismo tipo de violaciones que ha denunciado en otros países. Esas condiciones también fueron denunciadas por las relatorías de derechos humanos de la ONU y son equiparadas a la trata de personas.
La organización que encabeza Larrondo presentó en la Corte Penal Internacional una acusación, que ha sido admitida a trámite. Contiene más de mil testimonios de médicos y de otros profesionistas cubanos sometidos al mismo esquema en al menos 100 países.
Prisoners Defenders asegura que la propuesta de impulsar la candidatura de Gasman es producto de un pacto entre el gobierno de Cuba, en particular con Raúl Castro, y López Obrador, para “controlar la OPS” y “obstruir la acción de la justicia” (estadunidense) en el caso de las misiones cubanas y la OPS, según su comunicado de abril pasado.
Con información de semanario PROCESO