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Con el inicio del año arrancó también un nuevo capítulo en la guerra que sostienen la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa Institucional de Valores (Biva). La segunda amenazó a la primera con demandar.
La arena es la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), sí, está devaluada instancia que quedó muy mal con su investigación de la compra venta de valores gubernamentales.
El 20 de enero le adelanté que Biva pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorización para bajar comisiones. Fue una respuesta a la BMV, que solicitó desde diciembre reducir las suyas.
La petición vino acompañada de un amago de demanda. Y es que Biva vio claramente que más que un permiso, la BMV se estaba blindando con un esquema comercial que en en realidad busca amarrar a su clientela.
Cómo 2020 fue un año perdido en el mercado bursátil y 2021 no pinta para ser mejor, los pupilos de José Oriol Bosch quieren evitar una desbandada de sus clientes a la bolsa que dirige María Ariza.
Pero Biva la pescó en el aire: Jorge Leonardo González, su director jurídico, y Teresa Fernández, la abogada externa que desde el despacho White & Case funge como asesora, amenazaron con ir a la Cofece.
Las huestes de Juan Pablo Graf ya autorizaron a la BMV a reducir sus comisiones, ‘cambios a los aranceles aplicables a emisoras’, llamaron pomposamente al ajuste la semana pasada en un evento relevante.
Biva y sus abogados creen que la BMV condicionarán a sus clientes disminuciones en sus tarifas y comisiones, a cambio de que les mantengan los servicios de nuevas emisiones y colocaciones de deuda.
El mercado objetivo son las emisoras, fondos de inversión, títulos opcionales, deuda de largo plazo corporativa y gubernamental, certificados de capital de riesgo y fideicomisos inmobiliarios.
La solicitud y expedita autorización de la CNBV a la BMV viene de la presión que Marcos Martínez, como presidente de la segunda, ejerció sobre Graf, quien es visto como un empleado de aquél.
Otra vez los reguladores cooptados por los regulados, léase bancos o casas de bolsa. Basta ver al funcionario que autorizó la baja de aranceles y que ahora está obligado a conceder también a Biva.
¿De dónde vienen González y Fernández, los abogados de Biva que Santiago Urquiza, el presidente de esa bolsa, está utilizando como arietes ante el organismo que preside Alejandra Palacios?
El primero viene, precisamente, de la CNBV: fue vicepresidente Jurídico del regulador hasta los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando su titular era Jaime González Aguadé.
La segunda fue vicepresidenta de Normatividad de la misma CNBV en el gobierno de Felipe Calderón, cuando su titular era Guillermo Babatz, y después pasaría a ser secretaria ejecutiva del IPAB.
Una institución que se salvó de ser investigada en la manipulación de las tasas de interés que ejercieron BBVA de Eduardo Osuna, Citibanamex de Manuel Romo, Santander de Héctor Grisi, Bank of America-Merrill Lynch de Emilio Romano, JP Morgan de Felipe García-Moreno, Deutsche Bank de Juan Oberhauser y Barclays de Raúl Martínez-Ostos, fue el Banco de México (Banxico). Las autoridades de la Secretaría de Hacienda dejaron a buen resguardo a los funcionarios que sabían de las prácticas anómalas de esos bancos y sus operadores de mesas de dinero. Agustín Carstens era el gobernador. Este referente hoy está muy presente en el imaginario de la 4T por la forma en que históricamente el instituto central se ha conducido, protegiendo a la banca en lugar de regular. Quienes creen que la modificación a la Ley de Banxico que impulsa Ricardo Monreal y que esta semana se retomó en el Senado ya es letra muerta, podrían equivocarse. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere que “el banco de bancos” asuma obligaciones que por años ha rehuido, como ejercer un mayor control de las comisiones que cobra la banca a sus clientes y hacerse cargo del efectivo en dólares que no se pueden repatriar en pesos.
En Schlumberger ya se preocuparon por la morosidad de Pemex. La empresa que dirige Octavio Romero les debe alrededor de 9 mil millones de pesos. Son el segundo acreedor más importante de Pemex Exploración y Producción, después de Cotemar, que dirige Alejandro Villarreal. Le mencioné días atrás a Halliburton. A este otro gigante estadounidense que preside Jeff Miller le adeudan 7 mil millones de pesos, para ser más precisos. Es el quinto acreedor más relevante. Justo Schlumberger, que capitanea Olivier Le Peuch, publicó la semana sus estados financieros al cierre de 2020. Hace ver a sus inversionistas un interesante apunte: ‘México representó aproximadamente el 14% de la cifra neta de cuentas por cobrar del balance al 31 de diciembre del año pasado. Ningún otro país tiene más del 10%’. Schlumberger, que dirige aquí José de Jesús Gutiérrez, se está viendo obligado a crear más provisiones para seguir haciendo frente a la incapacidad de pago de Pemex.
Rechaza tajantemente Rogelio Jiménez Pons, el director del Fonatur, que por dedazo de Andrés Manuel López Obrador se haya asignado el viernes a Grupo México, de Germán Larrea, el tramo del Tren Maya que correrá de Playa del Carmen a Tulum. ‘Me sorprende leer semejante afirmación. La licitación se llevó en estricto apego a la ley y ya deberías saber que el proceso de evaluación tiene dos partes: la económica y la técnica. Los que mejor puntaje total obtuvieron fueron los del consorcio de Grupo México y Acciona (nos guste o no). Me llama la atención que aún no ha quedado claro que nosotros hacemos las cosas bien, no a dedazos. No hubo dedazo del Presidente’, nos aclaró por la vía del WhatsApp y se lo pasamos tal cual.
El fiduciario de Banca Mifel está cometiendo atropellos contra fideicomitentes y fideicomisarios. Hay un caso de que la CNBV ya está tomando conocimiento. Durante años han escondido y negado información a un tenedor de certificados fiduciarios patrimoniales de cuantioso valor. El caso viene a cuento por la próxima toma de posesión de Daniel Becker de la presidencia de la Asociación de Bancos de México. El afectado es Enrique Garza, quien denuncia el tema, abogado que ha sido afectado por esa anómala conducta. Habrá que investigar y no premiar gremialmente a instituciones y directivos que cometen estas irregularidades.
El domingo la juez Gabriela Carrillo decretó la no vinculación de Juan Sergio Loredo Foyo. No se cumplieron los elementos penales para continuar con el proceso judicial contra él y su empresa Tecnocen, acusados de piratearse Visit Mexico en agravio de Braintivity, de Marcos Achar. La acusación del delito de extorsión sigue vivo en Quintana Roo, pero lo más seguro es que escale a nivel judicial federal. Loredo tiene otro expediente abierto en la CDMX por otros delitos y uno más grande a nivel federal, seguido de oficio, por daño patrimonial, al haber querido expropiar para su beneficio un bien de la nación.