La XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó una reforma al párrafo primero del artículo 171 BIS del Código Penal para el Estado, con la que los niños, niñas y adolescentes de la entidad contarán con la protección del Estado en caso de sustracción, al otorgarse a este artículo mayor legalidad y certeza jurídica.
En la sesión ordinaria número 29, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen con minuta de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 171 BIS del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, luego de haber analizado tres iniciativas presentadas en 2019, 2020 y 2021 en dicha materia.
El objeto de la reforma es no dejar al arbitrio de la autoridad jurisdiccional, la interpretación de la sanción correspondiente en caso de sustracción de menores establecida en el artículo 171-bis del Código Penal.
Esta disposición establece que se impondrá pena privativa de libertad de 2 a 6 años al padre o la madre, que no dé aviso por los medios legales a que haya lugar o que sin el consentimiento o autorización del otro progenitor, retuviere o trasladare a su hijo o hijos menores de 18 años, fuera o dentro del país con la finalidad de cambiar su residencia habitual o impida de algún modo la convivencia del niño, niña o adolescente con su otro progenitor, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil para el Estado.
Por otra parte, el Pleno Legislativo emitió un exhorto dirigido al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, expida el reglamento de la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte, en los términos del Decreto número 272, publicado el día 11 de marzo de 2008, en el Periódico Oficial del Estado.
Además, en la sesión se dio lectura a una iniciativa de decreto por la que se adiciona la fracción VII al artículo 99, así como el numeral 104 TER a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; presentada por el magistrado José Antonio León Ruíz, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, para crear una Unidad de Derechos Humanos.
De igual forma, se dio lectura a la iniciativa que reforma la fracción V del artículo 89 BIS y adiciona dos párrafos al artículo 89 BIS del Código Penal para el Estado.