El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a descalificar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar el veto de 10 años a ex funcionarios para que puedan desempeñarse en el sector privado.
“Resulta aberrante que los ministros no establezcan normas o cancelen estas limitantes. Imagínense: una gente que trabaja en Pemex y tiene información de dónde están los yacimientos y se va a trabajar a la iniciativa privada. Eso es corrupción”.
El mandatario aseguró que, aún con la resolución, él insistirá para que los ex servidores no puedan introducirse en la iniciativa privada (IP) una vez concluidas sus funciones en el sector público.
“Voy a seguir. Voy a analizar cómo insistir en que eso no puede permitirse, es un contubernio. Una cosa es el sector público y otra es el sector privado”, sentenció en su conferencia matutina.
El pronunciamiento del Jefe del Ejecutivo da seguimiento al mencionado en la mañanera del 5 de abril, en la que expresó por primera ocasión su inconformidad contra la “aberración” que la SCJN emitió hacia su Ley de Austeridad.
AMLO asegura que insistirá porque es una aberración
“Nos corrige la plana porque se determinó que un alto funcionario público no podía dejar su empleo e irse a trabajar a una empresa particular vinculada a su labor anterior”, reprochó al mismo tiempo que tachaba de una “inmoral promiscuidad política” aquella práctica.
“Entonces no estoy de acuerdo con eso. Voy a buscar la forma, no voy a quedarme callado ante estas aberraciones, si es que ya nos ofendieron, por decirlo menos con estas prácticas. Entonces vamos a continuar”
La esencia de dicho candado era dejar pasar el periodo referido. De tal manera que se evitaran posibles casos de conflicto de intereses entre las funciones que desempeñaba un servidor respecto a un posible empleo en la iniciativa privada.
“Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior (…), que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada”.
No obstante, senadores opositores presentaron una acción de inconstitucionalidad 139/2019 contra lo establecido en dicho párrafo justificado en la llamada “puerta giratoria”.
Los legisladores que se mostraron inconformes con dicho planteamiento fueron Miguel Ángel Osorio Chong, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Miguel Ángel Mancera, de la Revolución Democrática (PRD), y Emilio Álvarez Icaza, adscrito al Grupo Parlamentario Plural (GPP).
