El atropellado proceso de sucesión de mando en Adolfo Domínguez, la precaria situación financiera del Covid-19 y los conflictos con la cadena de distribución en el mundo, tienen en terapia intensiva a la compañía española de modas.
Los conflictos en esta firma se agravaron hace un par de años, cuando Adriana Domínguez se hizo a la mala del control de la compañía y sus decisiones no lograron revertir la situación financiera de la empresa; el cierre de tiendas en el mundo provocado por la pandemia tiene a esta empresa entre la vida y la muerte.
El estilo de dirigir de la nueva directora provocó la fractura del equipo que su padre había creado durante décadas en el Consejo de Administración y en la cadena de comercialización, lo que derivó en la salida del vicepresidente, Luis Caramés, y el arribo de Maite Aranzábal, una incondicional de Adriana y antigua colaboradora del fundador.
Hace unas semanas, la firma gallega dio a conocer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España una pérdida de 8.1 millones de euros de marzo a mayo de este año a causa de la crisis del coronavirus.
También que sus ventas bajaron un 67.3 % al cerrar por meses un 92% de sus puntos de venta en España debido al efecto del confinamiento obligado.
Reportó que sus ventas retrocedieron en todos los mercados en los que opera, especialmente en Europa, donde cayeron más de un 80%, en Japón un 60% y en México un 15.5%.
Pero no sólo la pandemia ha sido la causa de la baja de ventas para Adolfo Domínguez. Desde 2018 la empresa viene arrastrando pérdidas económicas. En 2018 el daño fue de 3.1 millones de euros y para 2019 de 2.1 millones.
Entre 2012 y 2019 Adolfo Domínguez cerró 330 tiendas, al pasar de 721 a 391 puntos de venta.
Para revertir su precaria situación financiera, la nueva presidenta de Adolfo Domínguez cambió las reglas del juego que su padre había creado junto con sus socios, dentro y fuera de España, sobre la comercialización y pago de licenciatarios.
Adriana Domínguez pretendió cobrar a sus licenciatarios mercancía que no se vendió durante la pandemia, por ello es que dos empresas mexicanas interpusieron demandas ante la arbitrariedad de la nueva cabeza.
Las demandas están radicadas en el Juzgado 8 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, con los números de expediente 325/2020 y 326/2020, por diversas irregularidades ocurridas durante los meses de contingencia por el Covid-19.
Estos procedimientos legales en contra de la firma de moda fueron interpuestas por las empresas AD Duraznos, S.A. de C.V. y Líderes en Proyección Empresarial, S.A. de C.V.
Las compañías acusaron a Adolfo Domínguez de un intento de fraude en México porque, aunque no había ventas por el cierre de las boutiques, sus directivos intentaron cobrar la mercancía que había en cada una de las tiendas con la emisión de facturas.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podría llevarse pronto un nuevo revés en materia de credibilidad donde más le duele: la corrupción. No repuesto aún de la denuncia de Jaime Cárdenas de las pillerías que se cometen en el Instituto para Devolver al Pueblo lo robado, en el ISSSTE está por destaparse otra cloaca del que no saldría bien librado su anterior director de Administración y Finanzas, Pedro Zenteno, propuesto, ni más ni menos, como nuevo Zar en la compra de medicamentos e insumos para la salud. Y es que los sabuesos de la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero, y de la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, andan investigando compras de emergencia bajo el contexto del Covid-19. Hay una empresa denominada Muticorporación Brexot que se despachó con la cuchara grande en la venta de ventiladores pulmonares. Dicen que la denuncia anónima no fue tan anónima y que trae las huellas de Luis Antonio Ramírez, el mismísimo director del ISSSTE.
Otro panista que apareció en la denuncia de Emilio Lozoya Austin y que también busca quien lo asesore legalmente es Ernesto Cordero. Un primer acercamiento con un penalista reconocido fue con Agustín Acosta, famoso por defender hace 16 años a René Bejarano y todavía más recientemente a Florence Cassez. De hecho se le relaciona con el ministro que elaboró el proyecto rechazado hace ocho años para liberar a la francesa, Arturo Zaldívar, hoy ni más ni menos que presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cordero no contrató a Acosta, en buena medida porque ya está ocupado con Alfonso Ramírez Cuéllar y la demanda que el actual presidente de Morena le recetó a su compañera, Yeidckol Polevnsky. Vamos a ver en manos de quién encomienda su defensa el ex secretario de Hacienda de Felipe Calderón.
El Hotel Grand Cancún que ya encendió los ánimos entre el Fonatur y la presidenta Mara Lezama, es de Elías Sacal. Le decía ayer que el organismo dirigido por Rogelio Jiménez Pons ya no quiere más megahoteles en ese destino, pero la alcaldesa de extracción morenista y obsesionada con los negocios se pasó por el arco del triunfo la disposición del gobierno federal. Sacal inició la construcción en noviembre de 2019 y la Secretaría del Medio Ambiente paró el proyecto hace nueve meses. Pero al igual que en el caso del Hotel Riu Punta Nizuc, Lezama volvió a autorizarlo en julio pasado. El desarrollador es Bay View Grand, que lo levanta en la segunda etapa de la zona hotelera. Tendrá tres mil habitaciones y costará cerca de 500 millones de dólares. El sexenio pasado el Bancomext, dirigido entonces por Enrique de la Madrid, le autorizó un crédito.