UN CUESTIONAMIENTO PERMANENTE a las empresas mineras es el grave deterioro ambiental que producen en las comunidades donde se asientan.
La destrucción del hábitat natural llevando consigo la desaparición de la flora y fauna relevante; las negociaciones abusivas con los ejidatarios, cuya propiedad de la tierra les pertenece de origen, aunado al manejo irresponsable de los residuos sólidos y la ausencia de tratamiento eficaz de las enormes cantidades de agua que consumen.
Aquéllos son sólo algunos de los perjuicios que provocan en su efímero paso por territorio nacional, y a cambio transfieren sus ganancias millonarias a sus países de origen o a paraísos fiscales que les permiten evadir sus responsabilidades tributarias con México.
GR Silver Mining, empresa minera canadiense ubicada en Rosario, Sinaloa, el estado que gobierna Rubén Rocha, es un ejemplo más de abusos y excesos, que no sólo han afectado la región en materia medioambiental, sino que además han desatado un conflicto social y económico en la zona.
La empresa que preside Eric Zaunscherb ha presentado declaraciones de impuestos reportando pérdidas fiscales en forma consistente; el acumulado de este concepto alcanza ya los 955.9 millones de pesos.
Además, la minera tiene un cuantioso adeudo con el fisco federal por concepto de derechos mineros; a la fecha, sólo en este rubro alcanza la inimaginable cifra de 15 mil millones de dólares, unos 255 mil millones de pesos.
Sólo por estas razones, el rumor de su posible venta a una empresa fantasma tiene sentido, puesto que con ello lograrían la evasión fiscal del sexenio, lo que impactaría las arcas del SAT, que preside Antonio Martínez Dagnino.
La estimación de los daños medioambientales irreversibles que ella misma ha provocado valen, según los expertos, más de 60 mil millones de pesos.
¿Quién va a resarcir o a indemnizar a las comunidades locales afectadas?, una pregunta que debería responder la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, que encabeza Blanca Alicia Mendoza.
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, la empresa ha creado un sinfín de conflictos sociales y económicos con la comunidad en donde se ubica, al incumplir la mayoría de los compromisos adquiridos con lo ejidatarios cuya propiedad de la tierra les pertenece.
En resumen, es menester que las autoridades federales y estatales hagan cumplir las leyes para evitar crear mini paraísos en favor de empresas que abusan en México.
FUE REVELADOR CONOCER que el “empresario” tabasqueño, Amilcar Olán, además de estar involucrado en lo energético y farmaceútico, también figura como el principal proveedor de uno de los materiales esenciales del Tren Maya: el balastro, la piedra triturada que se coloca por debajo de las vías. Esto confirma las versiones que señalaban la existencia de “nuevos jugadores” que por la vía del tráfico de influencias buscaron quedarse con este negocio que da jugosas ganancias. No fue casualidad que durante meses el gobierno de la 4T presionó a Vulcan Materials, que preside Thomas Hill, dueña de Calica, para que contribuyeran con material o cedieran el control de esa filial. Y es que aunque el balasto no es igual que la piedra caliza, ésta pudo haber sido comercializada en obras colaterales del Tren Maya. Sin embargo, los accionistas de Vulcan Materials no cedieron a la presión y mantuvieron el arbitraje en contra de México. Quienes sí accedieron y hasta pagaron con sobreprecios a las empresas de Amilcar fueron Mota Engil de José Miguel Bejos y Carso de Carlos Slim. ¿Y las reglas de compliance y rendición de cuentas para sus accionistas?
EL FONDO DE capital privado Axess Ventures, que capitanea Gerardo Agraz Bolio, invertirá en este año 50 millones de dólares en tecnología que le permita prestar a sus clientes servicios financieros, a través de inteligencia artificial y blockchain. Las herramientas propiedad de la estadounidense MSMR, fundada por Rolando Zubirán, permitirán al fondo lograr su misión de expandirse en España y los Emiratos Árabes, dando así a sus clientes de los sectores de luxury brands y real estate en Dubái y Madrid la oportunidad de conectarse con sus consumidores para expandir sus marcas, productos y mercados.
SIGUE EXTRAVIADA LA alcaldesa de Acapulco, Abelina López. Ahora son transportistas los que piden apoyo de la policía para frenar crímenes, incendios y cobro de cuotas, sin obtener respuesta del municipio. El martes un transportista fue asesinado a balazos en la avenida Constituyentes, y antes dos camionetas de servicio público fueron quemadas por hombres armados, una en avenida Adolfo López Mateos, a unos metros de un módulo de la Policía Municipal. La indiferencia de los policías al acecho de la delincuencia solo refleja que los intereses del gobierno de Abelina no están con los acapulqueños.
TRASCENDIÓ QUE EN la audiencia penal celebrada el miércoles por el delito de violencia familiar, en que se dice incurrió la señora Ivelitz Chebaux Fernández en contra de su ex pareja David Peñaloza Sandoval, el Juez de Control determinó vincularla a proceso por dicho delito y asimismo le ordenó como medida cautelar la prohibición de salir de la Ciudad de México, e incluso el resguardo obligatorio en su casa.