Luis Echeverría se enfrentó con los industriales de Monterrey, José López Portillo con los banqueros y Carlos Salinas y Ernesto Zedillo persiguieron a una docena de empresarios y líderes sindicales.
Pero Andrés Manuel López Obrador veta, sanciona y persigue con el aparato del Estado a compañías multinacionales y a empresarios mexicanos, como nunca antes se había visto.
En la peor crisis económica de la historia y cumpliendo dos años como presidente de la República, está perdiendo la confianza de la inversión nacional y extranjera por su ‘política de terror’.
Lo mismo contra el Consejo Coordinador Empresarial de Carlos Salazar y el Consejo Mexicano de Negocios de Antonio del Valle, que el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que preside Claudia Jañez.
Pero también todo el poder de la 4T está cayendo en abogados, litigantes y fiscalistas que se han atrevido a defender a los que en el propio interior de este régimen se consideran adversarios y hasta enemigos.
En el arrancadero del proceso electoral de mitad de sexenio, el gobierno ha girado instrucciones para desempolvar expedientes de los últimos tres sexenios para indagar negocios y empresas.
Hablamos de concesiones en materia de carreteras, puertos, aeropuertos, bancos, telecomunicaciones, radiodifusión, créditos de la banca de desarrollo y contratos con Pemex y la CFE.
Son pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, la Procuraduría Fiscal de Carlos Romero, el SAT de Raquel Buenrostro y la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz.
En dos años AMLO se ha negado a construir una política pública en colaboración con el sector privado que detone desarrollo económico y empleo, con inversiones, confianza y seguridad jurídica.
En Pemex que lleva Octavio Romero y en la CFE a cargo de Manuel Bartlett, están mucho más preocupados y ocupados en defender la soberanía energética y cerrar el paso al sector privado.
En la SCT en revisar los contratos del sexenio pasado y en la de Hacienda en preparar carpetas de investigación contra empresarios que patrocinan a los partidos opositores al gobierno de Morena.
A la banca la quieren obligar a que viole el secreto bancario para tener una relación de créditos de las compañías vinculadas con proyectos de Odebrecht en generación de energía (petróleo y electricidad).
Una verdadera cacería contra los amigos empresarios de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox que se retrotrae, incluso, más allá de estos tres últimos presidentes.
El instituto mexicano de Propiedad Industrial no solo entregó en un tiempo récord de 35 días (del 13 de julio al 21 de agosto pasados) el registro de la denominación y marca ‘Andrés Manuel López Obrador’. Los pupilos de Juan Lozano también protegieron las denominaciones ‘AMLO’, ‘Peje’, ‘Beatriz Gutiérrez Müller’ y ‘BGM’. Independientemente de lo desaseado que fueron sus procesos de inscripción por los tiempos extremadamente veloces y los procedimientos, en el medio se especula para qué fueron reservadas. Hay quienes dicen que para utilizarlas para las próximas campañas electorales de 2021 y 2024, consultas públicas o, en el extremo, para evitar que sus nombres sean usados en noticias o investigaciones públicas que les sean adversas. Ojo con esto último, en el contexto del endurecimiento de la 4T con sus adversarios políticos.
A Birmex llega esta semana Pedro Zenteno. Es el relevo que ya designó Andrés Manuel López Obrador. Nada qué ver con David León, que quedó marcado por la corrupción tras hacerse público el video donde sale dando dinero a Pío López Obrador. Zenteno tiene fama de duro y correcto. Denunció las movidas que Germancito Martínez estaba haciendo en el IMSS, cosa que le costó que lo mandaran como director de Administración al ISSSTE, misma posición que tenía en el Seguro Social, y que Raquel Buenrostro, desde la Oficialía Mayor de Hacienda, le pusiera marcaje personal al político trapecista y que a la postre renunciaría. Zenteno también ha denunciado ante la Función Pública tropelías en el organismo que dirige Luis Antonio Ramírez. Parece que su perfil es bueno para ser el nuevo Zar de las compras de medicinas.
Tamaulipas licita un contrato de crédito de 4 mil 600 millones de pesos, recursos que se irán a desarrollar infraestructura carretera y portuaria, principalmente por la zona de Altamira. Las ofertas se entregan hoy y esta misma semana habrá ganador. Pujan por este convenio Banorte de Carlos Hank, Azteca de Ricardo Salinas, Santander de Héctor Grisi y Afirme de Julio Villarreal. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está en un dilema porque le convendría que Banobras entrara al quite por las tasas bajas que ofrece, pero se ve cuesta arriba por el duro enfrentamiento que trae con Andrés Manuel López Obrador. Basta ver el respetuoso, pero enérgico discurso que le dedicó el viernes en Reynosa.
Pues con la novedad de que otro grupo importante que forma parte del consorcio que lidera Black Rock para ampliar y modernizar la carretera Cancún-Tulúm, es Pinfra. La empresa que comanda David Peñaloza Alanís tendrá también parte de la obra, junto con Prodemex de Olegario Vázquez Aldir. Además, desarrollarán la vía férrea que correrá en medio de la autopista y que conforma el Tramo 5 del Tren Maya que empuja el Fonatur, que dirige Rogelio Jiménez Pons. Black Rock, que preside Larry Fink, lanzó la Oferta no Solicitada por alrededor de 16 mil 750 millones de pesos. El viernes se entregó oficialmente y esta semana debe salir el fallo.
Desde mediados de la semana pasada en la Sección 15 de la CTM, que lidera Joaquín Aceves del Olmo, había amagues de estallar una huelga en Interjet esta semana. Según se puso en la mesa, el próximo sábado 5 de septiembre pararían actividades en reclamo al impago de sueldos correspondientes a la primera quincena de agosto. Aceves enfrió los ánimos de sus huestes el mismo miércoles argumentando que Carlos Rello y Alejandro del Valle, director y presidente respectivamente de la aerolínea, se habían comprometido a pagar este viernes, cosa que no sucedió. Hay mucha molestia y esta semana podría haber un desenlace.
Sonora es el tercer estado en recuperación de empleos por los daños provocados por la pandemia. La administración de Claudia Pavlovich se ha esforzado por no dejar caer las inversiones, sino atraer nuevas. Tal es el caso de la firma estadounidense Creation Inc. que fabrica componentes electrónicos y que contratará a mil personas. También apunte a la japonesa Yasaki, que recontrató a 3 mil 200 que habían sido dados de baja temporalmente por el coronavirus. Asimismo, están los casos de Imax en su planta de Nogales que trae mil 500 más, y Ford y Constellations Brand que en la construcción de sus plantas tiene a 6 mil trabajadores más.
El Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles designó a Víctor Manuel Aguilera Gómez como visitador del Grupo Famsa. El abogado de Monterrey tendrá 60 días para acreditar el estado de insolvencia en que se encuentra la empresa que preside Humberto Garza. Una vez concluido el proceso de inspección el organismo que dirige Edgar Bonilla nombrará al conciliador, posición que seguramente asumirá el mismo Aguilera. Famsa arrastra pasivos por 19 mil 750 millones de pesos. Son acreedores Bancomext, Multiva, BanBajío, Intercam, Monex, Whirpool, Mabe, Telcel, Koblenz, Motoroad y Cardif, entre otros.