En una reciente decisión judicial, el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Cancún, otorgó la suspensión definitiva al incidente presentado por Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV (DHC), conocida como Aguakan, contra el Congreso de Quintana Roo. La resolución permite a Aguakan continuar operando en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres mientras se espera la sentencia definitiva.
La suspensión se concede en el marco del expediente 1323/2023, presentado por Aguakan el 27 de diciembre pasado. Este recurso legal surgió después de que la XVII Legislatura, mayoritariamente compuesta por representantes de Morena, Verde y PT, derogara el Decreto 250 de 2014. Dicho decreto extendía anticipadamente la vigencia del título de concesión de Aguakan hasta el 31 de diciembre de 2053.
En respuesta a la acción legislativa, el Congreso local aprobó el Decreto 195 el 22 de diciembre, desencadenando así la presentación de un amparo indirecto por parte de Aguakan. La reciente resolución del Juzgado Octavo de Distrito concede la suspensión definitiva a la concesionaria, ordenando mantener las condiciones actuales hasta que se emita la sentencia final.
Aguakan, a lo largo del proceso, ha cuestionado la autoridad de la XVII Legislatura, acusándola de asumir competencias que corresponden al Gobierno del estado y los municipios involucrados en el contrato de concesión. La empresa ha subrayado que el Poder Legislativo no puede desconocer los compromisos establecidos por los municipios y el Poder Ejecutivo en 2014 al modificar el título de concesión.
El líder del Congreso de Quintana Roo, Humberto Aldana, ha sido una figura destacada en este conflicto. Sin embargo, su cruzada para expulsar a Aguakan del estado ha resultado en un revés legal significativo. La suspensión definitiva otorgada por el juzgado invalida los esfuerzos de Aldana y desacredita sus argumentos, que según la decisión judicial, carecían de fundamento sólido.
Aguakan, por su parte, ha salido victoriosa en el ámbito público, ganando apoyo con un fuerte pronunciamiento y una narrativa que pone en entredicho la validez de la actuación política de Aldana. Este episodio destaca la importancia de actuar con prudencia y sustento legal en situaciones de protagonismo político, subrayando las consecuencias negativas de una acción impulsiva sobre terreno inestable.