Van tras Iusa y La Gaviota: Darío Celis

Hasta ayer por la noche la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no apoyaba la postura de Andrés Manuel López Obrador de enjuiciar a los ex presidentes de México.

Hoy se reúnen para discutir el tema, justo en la víspera de que el presidente lanzara durante su conferencia mañanera de que en caso de que rechacen su propuesta, promovería una reforma constitucional.

“Mi compromiso fue que se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos como el plebiscito, el refrendo, revocación de mandato, todo lo que tiene que ver con democracia participativa”.

El tabasqueño parece que se adelantaba a lo que hoy pudiera ser un estrepitoso revés jurídico de parte de la principal instancia de justicia del país y uno de los tres poderes autónomos del Estado.

Ya el ministro ponente, Luis María Aguilar, adelantó el sentido de su decisión: la consulta es inconstitucional, y hoy es muy factible que los demás ministros, quizás por unanimidad, rechacen también la pregunta.

El pleno discutirá el proyecto y la mayoría no va estar de acuerdo con las consideraciones del ministro Aguilar, pero por distintas razones coincidirán en que es inconstitucional, según el ánimo recogido anoche.

Tal vez Margarita Ríos-Farjat y Jasmín Esquivel Mossa pudieran dar la sorpresa, pero el resto de los ministros se pronunciaría en contra de los planes de López Obrador de llevar a juicio a sus antecesores.

Pero AMLO ya advirtió que va para adelante, con la Corte o sin ella, y prueba de ello es la activación de todo el poder del Estado en contra principalmente de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El golpe para el primero lo veremos el viernes, cuando seguramente el INE, la instancia que preside Lorenzo Córdova, confirme el rechazo del registro de México Libre como nuevo partido político.

La 4T documentó aportaciones ilegales de personas morales, como Seidcho Servicios de Ingeniería y Administración Integral y Pocket Group Technologies, y personas físicas que rebasaron los límites establecidos.

Fue el caso del director general del Grupo Alfa, Álvaro Fernández Garza, quien habría donado a título personal cerca de 2.1 millones de pesos, cuando el máximo son 900 mil pesos.

A Calderón ya le buscan hasta por debajo de las piedras responsabilidad de corrupción en el caso de la brasileña Odebrecht, como lo ilustra la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Pero más allá del panista, contra quien sí el gobierno de López Obrador sigue acumulando investigaciones y va más rápido documentando irregularidades, es contra el priísta Peña Nieto.

Los dardos de la 4T se están concentrando en su ex esposa, Angélica Rivera, cuyo entorno tiene encima pesquisas tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Fiscalía General de la República.

Hace unos días le referí una indagatoria alrededor del Grupo Iusa, que preside Carlos Peralta, que en el sexenio pasado ganó varios contratos de los que se vio beneficiada la ex mujer de Peña Nieto.

Conforme a los sabuesos de la 4T, con base en testigos colaboradores, por ejemplo, ‘La Gaviota’ obtuvo ganancias de la licitación que Iusa ganó para surtir televisores como parte del ‘apagón digital’.

El principal proveedor de la CFE, que dirige Manuel Bartlett, de acuerdo con datos de la autoridad hacendaria, obtuvo contratos por más de mil 736 millones de pesos, solo entre 2013 y 2017.

Tanto el SAT que preside Raquel Buenrostro como la Procuraduría Fiscal que capitanea Carlos Romero, ya le echaron el ojo a este importante fabricante de medidores de luz.

Y mientras los aspirantes a presidente y Secretario General de Morena siguen dilapidando recursos en su promoción personalizada, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizan dos recursos que echarían abajo el proceso interno. Aunque son muchas las quejas y los actos impugnados, estos dos recursos son los que podrían tener consecuencias y siguen siendo analizados por los magistrados electorales. A decir de uno de ellos, no se trata de recursos presentados por cualquier militante: están hechos con la intención de que no prospere el proceso interno, lo que lograría darle a Alfonso Ramírez Cuellar más que un interinato, porque le permitirá continuar hasta julio del 2021. Sería bajo su presidencia que se elegirían los 15 candidatos a gobernadores, los 500 candidatos a diputados federales y cientos de candidatos a cargos locales. Todos se preguntan ¿quién es el abogado de Ramírez Cuellar?

La eliminación del Fondo Nacional de Desastres llevó a varios gobernadores, especialmente los que integran la Alianza Federalista, a crear un frente común contra el gobierno de la 4T. Tres de los más preocupados: Carlos Joaquín González de Quintana Roo, Enrique Alfaro de Jalisco y Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, entidades que casi todos los años enfrentan tormentas y ciclones. El llamado Fonden fue creado en 1996 con el fin de darle al gobierno federal una estrategia de prevención y gestión de riesgos, ya que México es uno de los países con mayores afectaciones climáticas. El fondo logró apalancar y transferir parte del riesgo en opciones financieras para que la Federación no tuviera que desembolsar cantidades imposibles de predecir en un presupuesto.

El metro, que dirige Florencia Serranía, cerró este lunes las juntas de aclaraciones de la licitación para la modernización de la Línea 1, proyecto que implicará una inversión de 39 mil millones de pesos. Tan solo en la parte de equipamiento se esperan adquirir 30 nuevos trenes. En el proceso participan activamente Alstom de Henri Poupart-Lafarge, el China Railway Construction que preside Zongyan Zhang, CAF que comanda Andrés Arizkorreta, Siemens que lleva Roland Busch, Bombardier que encabeza Stephane Villeneuve, Huawei de Ren Zhengfei, Thales de Patrice Caine, IDEAL de Carlos Slim y TSO de Emanuelle Perron, principalmente. El próximo 27 de octubre se presentan y abren las ofertas.

Banobras alista la licitación de un nuevo contrato para rehabilitar y mantener autopistas. Se trata del Paquete Sureste, que involucra cinco carreteras que cruzan los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Es una APP (Asociación Público Privada) por la que ya alzaron la mano seis consorcios. Lo interesante es que en uno solo van aliados puros pesos pesados. Apunte a ICA que dirige Guadalupe Phillips, Mota-Engil que encabeza José Miguel Bejos, GAMI de Manuel Muñozcano, La Peninsular de Carlos Hank Rohn, Grupo Hycsa de Alejandro Calzada y Prodemex de Olegario Vázquez Aldir. El fallo es la próxima semana.

Hoy entra en vigor el nuevo etiquetado frontal y las tiendas de autoservicio vaya que les han metido presión a sus proveedores. Nos mencionan los casos concretos de Walmart, que preside Guilherme Loureiro, y Soriana, de Ricardo Martín Bringas. Aunque la primera está fuera de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que preside Vicente Yáñez, no se descarta que la relación de este gremio tienda a tensarse más con las cámaras y asociaciones aglutinadas en la Concamin, que encabeza Francisco Cervantes.